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EL STJ DE RÍO NEGRO DESESTIMÓ PEDIDO DE REVOCATORIA A CONCEJALES DE EL BOLSÓN

DURO REVÉS: “HAY QUE TENER MEMORIA DE LA VIOLENCIA EJERCIDA. LA TENDRÁN QUE PAGAR”, DICE WISKI

El reciente fallo de Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que  rechazó la acción de inconstitucionalidad que plantearon vecinos autoconvocados de El Bolsón contra una norma sancionada por concejales, puso en análisis la causa de los concejales demandados: Raúl García, Paola Sanna y Leticia Tornero, quienes se reunieron con el asesor del concejo deliberante de El Bolsón, Dr. Miguel Wiski,  para preparar la demanda contra los citados vecinos, a las vez que pusieron en discusión de quién o quienes “pagarán los platos rotos” de los costos y costas de este juicio al considerar que ha sido “el actual intendente y su entorno promotores de este juicio”, afirmando que una vez más “le salió el tiro por la culata”.

La sentencia definitiva del STJ respecto de la acción de inconstitucionalidad presentada por Ángel Pace, feriante local integrante del movimiento En Defensa de la Tierra y el Agua y afiliado K, y el veterinario Eduardo Auer, ambos vecinos de la localidad, por una ordenanza municipal sancionada por el Concejo Deliberante de El Bolsón para reglamentar la revocatoria de mandato de los ediles electos por el pueblo, tuvo su primer fallo donde los letrados de la justicia rionegrina fundamentan su resolución declarando “ inadmisible la acción de inconstitucionalidad en los términos interpuestos a fs. 6/11, por los fundamentos dados en los considerandos. Con costas (art. 68 del CPCyC)”.

Limite42 en una entrevista con los concejales y el asesor legal del deliberante, logró obtener detalles de esta causa en la que el tribunal superior,  amparándose en lo actuado por el poder legislativo y demostrando que los fundamente esgrimidos por los demandantes, considera que la acción de los vecinos no tiene  asidero alguno: “Para decretar la invalidez de una norma deben mediar motivos reales que así lo impongan, una demostración concluyente de su discordancia sustancial con los preceptos de la Constitución que se dicen vulnerados. Ello no ocurre cuando son insuficientes las alegaciones y probanzas existentes en la causa para demostrar palmariamente, merced a un análisis pormenorizado, la colisión de las normas impugnadas con los preceptos constitucionales (cf. STJRNS4, Se. 20/97, "DEFLORIAN")”.

Respecto a este punto cabe recordar que los asambleístas sostenían que  “siguiendo el procedimiento dispuesto en la Carta Orgánica Municipal”, solicitaron la revocatoria de mandato a cinco Concejales “luego de un intento fallido de solicitud de juicio político”, apuntando a la Junta Electoral Municipal para que presentara ante el Concejo Deliberante un proyecto de resolución para reglamentar la revocatoria de mandatos.  El Concejo Deliberante dictó la Ordenanza 086/13, que fuera puesta en tela de juicio sin éxito, de acuerdo al fallo reciente.

En el fallo se desprende que también aportó en la causa el Poder Ejecutivo Municipal de El Bolsón  local, con la presentación de  Guillermo Harari, asesor del intendente Caleuche García, quien no acreditó la personería correspondiente (“A fs. 22/23, el Dr. Guillermo Harabi Nahem se presenta como apoderado del Sr. Intendente del Municipio de El Bolsón, sin acreditar la personería correspondiente. Ante ello, se otorga un plazo de 5 días para hacerlo, bajo apercibimiento de ley. Sin embargo, a fs. 31/40, habiendo vencido el plazo, acompaña copia de poder judicial, razón por la cual a fs. 41 se ordena tener por contestada la demanda en forma extemporánea, y se procede al desglose del escrito de fs.22/23”), expresa en otro párrafo el proveído de STJ.

Por ello el STJ declara inadmisible la acción de inconstitucionalidad en los términos interpuestos, por los fundamentos dados en los considerandos. Con costas (art. 68 del CPCyC). (AM/Limite42)


ESCUCHAR ENTREVISTA 



Proveído
ORGANISMO: Secretaría Judicial Stj Nro. 4: Asuntos Originarios y

Constitucional. (No Recursos) y Contenc .Adm


CIUDAD: Viedma

N° EXPEDIENTE: 26845/13 [1]

N° RECEPTORÍA: [2]

FECHA: 2014-07-29

CARÁTULA: PACHE ANGEL Y OTRO S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
(ORDENANZA Nº 086/13 DE LA MUNICIPALIDAD DE EL BOLSÓN)

DESCRIPCIÓN: Sentencia-Ced.


///VIEDMA, 29 de julio de 2014.-

-----Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Adriana C. ZARATIEGUI, Enrique J. MANSILLA, Dra. Liliana PICCININI, Ricardo A. APCARIÁN y Sergio M. BAROTTO con la presencia del señor Secretario
Doctor Ezequiel LOZADA, en autos caratulados: "PACHE ANGEL Y OTRO S/ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (ORDENANZA N°086/13 DE LA MUNICIPALIDAD DE EL BOLSON), Expte. Nº 26845/13, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcribe a continuación los votos emitidos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -- - V O T A C I O N - - - - - - - - - - - --

La señora Jueza doctora Adriana C. ZARATIEGUI dijo:- - - - - - --

-----ANTECEDENTES DEL CASO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

-----A fs. 6/11 Ángel PACHE y Eduardo AUER, en el carácter de vecinos de El Bolsón, con el patrocinio letrado de la Dra. María Teresa Hube, inician acción de inconstitucionalidad en los términos del art.795 y ss. del CPCC contra la Ordenanza Nº 086/13 de la Municipalidad de El
Bolsón.- - - - - - - - - - - - - - - --

-----Respecto a la legitimación invocan el artículo 19 de la Carta Orgánica Municipal que establece que "Todo vecino tiene legitimación para requerir por vía administrativa y/o judicial el cumplimiento de las disposiciones de esta Carta Orgánica Municipal".- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ---

--Sostienen que siguiendo el procedimiento dispuesto en la Carta Orgánica Municipal solicitaron la revocatoria de mandato a cinco Concejales luego de un intento fallido de solicitud de juicio político.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----Señalan que ello motivó la iniciación de una acción de inconstitucionalidad, en trámite ante este Tribunal, en autos "MUÑOZ, JULIETA Y OTROS S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (RESOL. Nº 19/13 CONCEJO DELIBERANTE DE EL BOLSÓN)" (Expte. Nº 26416/2013), sumado a una demanda contencioso administrativa, caratulada "M.; P. Y OTROS C/CONSEJO DELIBERANTE DE EL BOLSON S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Expte. 00498-058-13)", en trámite ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la IIIº Circunscripción Judicial.- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - --

-----Manifiestan distintas incidencias provocadas en el intento de revocar el mandato de los Concejales conforme al art. 50 de la COM.- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----En cuanto es materia de este juicio, señalan que la Junta Electoral Municipal presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de resolución para reglamentar la revocatoria de mandatos. Y que el Concejo Deliberante (compuesto por siete miembros, cinco de los cuales son los que tienen petición de revocatoria) dictó la Ordenanza 086/13.- - - - - - - -

 - - - - -- -----Fundan la petición de inconstitucionalidad de autos en los arts.37 y 38 de la Constitución Nacional, los arts. 2, 7 (cumplimiento de la Constitución), 14 (operatividad de derechos y garantías), 15 (no alteración por leyes reglamentarias, 22 (derecho de defensa), 24 de la Constitución provincial (participación de las minorías, y de la ciudadanía); 25 (bancas que pertenecen a los partidos políticos), art. 228 (dictado de la Carta Orgánica Municipal, con establecimiento del derecho de consulta, iniciativa, referéndum, plebiscito y revocatoria de mandato).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

-----Tomando como base dicha normativa sostienen que del articulado de la Ordenanza N° 086/13 se desprende que en realidad se ha procurado impedir cualquier posibilidad de petición de revocatoria, puesto que el artículo 4 establece como requisitos para la procedencia que hayan
transcurrido más de doce (12) meses desde la asunción del cargo de la funcionaria o funcionario y resten cumplirse más de doce (12) meses de la finalización del período para el que hubiere sido electo. - - - - -- - - - - -

-------Señalan que el inc. c) del artículo 4° de la mencionada Ordenanza establece que las causales de revocatoria, solo podrán ser las de mal desempeño enumeradas en la Carta Orgánica Municipal. Al respecto, consideran que dicha causal no se encuentra cabalmente definida en la Carta Orgánica; y que la exclusión de causales basadas en el incumplimiento de las plataformas políticas ("cuestiones propias de partidos políticos o de sus programas") como causal de mal desempeño en la Ordenanza, contraviene el art. 25 de la Constitución Provincial. Agregan que nada menciona de la causal de comisión de delitos dolosos, que está prevista en el art. 50 COM. - - - - - - - - - -

-----Exponen que de la lectura del art. 50 COM se desprende que el Concejo sólo tiene la función de recibir la petición, darle traslado al interesado, y luego convocar en cinco días a referéndum. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----Entienden que de ninguna forma la COM otorga facultad al Concejo de juzgar nada, puesto que es el pueblo en las urnas el llamado a juzgar.

Por ello, objetan al inciso d ap. 2) del art. 4 de la Ordenanza citada, cuando establece la previa intervención del Concejo Deliberante, que se reserva juzgar con los 2/3 de los votos de la totalidad del cuerpo, la veracidad de los hechos y la continuación o no del pedido de revocatoria. - - - - - - - -

- -------Respecto al art. 7 que se remite al art. 4 impugnado, determina que: "la Junta Electoral Local a pedido del Concejo Deliberante, entregará las planillas foliadas en las que se deben asentar las firmas de los electores y electoras. Dichas planillas deben incluir los datos previstos en el Anexo I de la presente Ordenanza". Señalan que el mencionado anexo no existe y que además no está publicado en el Boletín Oficial.- - - - - - - - --

-----En punto a lo dispuesto en el art. 9, referido al plazo de 40 días para la colecta de las firmas certificadas ante la JEM, Juzgado de Paz o Escribanos, señalan que es insuficiente y solo puede llevarse a cabo por sectores que tengan ingresos para pagar escribanos.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --

-----Ya en lo referido al art. 12º inc.b), al imponer la sanción de desestimar la revocatoria si se constata la existencia de irregularidades en el procedimiento de obtención de firmas, o sean apócrifas en un porcentaje superior al diez por ciento (10%) de las firmas verificadas, entienden que se trata de una sanción por el hecho de un tercero, que se impone como sanción a los vecinos aunque no son éstos quienes controlan la certificación de las firmas, importa un traslado de la responsabilidad, que viola el principio de defensa.- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----En lo atinente al art. 15º, vinculado al 16, que establece que el apoyo a la revocatoria debe ser de más del 50% de los electores inscriptos en el padrón electoral de El Bolsón con voto positivo, consideran una contradicción, puesto que la COM, en su art. 50º, dispone que "Para que la revocatoria prospere es necesario la mayoría simple de los votos válidos emitidos y que haya participado más del cincuenta por ciento (50%) del padrón electoral. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --

-----A fs. 22/23, el Dr. Guillermo Harabi Nahem se presenta como apoderado del Sr. Intendente del Municipio de El Bolsón, sin acreditar la personería correspondiente. Ante ello, se otorga un plazo de 5 días para hacerlo, bajo apercibimiento de ley. Sin embargo, a fs. 31/40, habiendo vencido el plazo, acompaña copia de poder judicial, razón por la cual a fs. 41 se ordena tener por contestada la demanda en forma extemporánea, y se procede al desglose del escrito de fs.22/23.- - - -- - - - - - - - - - - --

-----DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL.- - - - - - - - - - - - -

-----A fs.46/58 la Sra. Procuradora General, Dra. Silvia Baquero Lazcano, emite dictamen propiciando rechazar la acción de inconstitucionalidad interpuesta, por resultar formalmente improcedente, considerando que no corresponde expedirse sobre el fondo avanzando respecto de la constitucionalidad o no de la norma impugnada, en atención a tratarse de obstáculos formales que impiden abordar su tratamiento. - - - - - - - - - - - - - - -

-----Indica que en autos existen circunstancias de trascendencia que operan como obstáculo insalvable para la procedencia de la acción intentada, pues se evidencia la ausencia de perjuicio, siquiera potencial, por parte de los actores. En tal sentido, agrega que este Tribunal en reiteradas oportunidades postuló la necesidad de acreditación de un perjuicio por quien alega ser afectado en su derecho subjetivo para peticionar la inconstitucionalidad de un acto administrativo o de una ley, además de la lesión a cláusulas constitucionales.- - - - - - - --

-----Señala que el presente caso trata respecto a la petición de vecinos de la localidad de El Bolsón de declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal Nº 086/13, mediante la cual se reglamentó el procedimiento de revocatoria de mandato previsto en el art. 50 de la COM. En tal sentido, señalan que en forma previa a la sanción de la ordenanza hoy atacada, habían iniciado un proceso de revocatoria de mandato de cinco concejales; proceso que actualmente se encuentra judicializado ante el Tribunal Electoral Provincial, a la espera de la resolución de una apelación en autos caratulados: "Rojas Silvia y otros s/ apelación", Expte. Nº 155/2013/TEP. - - - - - - - -- --

-----Advierte la Procuradora General que son los propios peticionantes quienes expresamente manifiestan que la ordenanza en crisis no les ha sido aplicada ni corresponde que así lo fuera; expresando que la norma (atacada de nulidad) no debe ser aplicada a la resolución del conflicto en cuestión, a tenor del principio de irretroactividad.- - - - - - - -- - - - - - - - - -

-----Invoca precedentes de este Tribunal que señalan que no cabe la declaración de inconstitucionalidad cuando no existen elementos para considerar a los actores "parte interesada" a efectos de promover la acción, en cuanto a que las normas impugnadas causen agravio a un derecho, exención o garantía de una cláusula de la Constitución, agravio que debe responder a un interés concreto y no a un móvil genérico o abstracto, como tal ajeno a la función de la Corte, que
sólo se vincula con la reparación del derecho vulnerado de un particular (Cf. STJRNS4, Se. 48/99 "CALVO, A. C."; y fallos SCBA., Nº 11506 - I- 26-02-91, "Orruma, F. s/Inconstitucionalidad"). - - - - - -
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-----De allí que para ingresar al análisis respecto de la constitucionalidad de una ley a instancia de una parte, esta última debe acreditar que la aplicación de la norma en cuestión le ocasiona un perjuicio, cuestión que no ha sido demostrada por los peticionantes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

-----ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DEL CASO.- - - - - - - - - - - - - - - -

-----Tal como lo señala la Procuradora General en el caso de autos la parte actora ha instado un proceso judicial ante el Tribunal Electoral Provincial, donde ha impugnado la decisión de la Junta Electoral Municipal respecto del proceso de revocatoria iniciado, el cual se encuentra pendiente de resolución. - - - - -

-----Por otra parte, corresponde enfatizar una vez más que la declaración de inconstitucionalidad constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, ya que configura un acto de suma gravedad, o última ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella, sino cuando una estricta necesidad lo requiera y no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio a la que cabe acudir en primer lugar (Cf. Corte Suprema C. 2705. XLI; REX, Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica c/ Marini, C. A. s/ ejecución; 13-05-08). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

-----La acción autónoma de inconstitucionalidad escogida por las accionantes es un proceso constitucional que tiene por objeto la tutela -lato sensu- de la norma suprema y constituyéndose de tal modo, en baluarte para la defensa de los principios, derechos y garantías consagrados en ella y en los Tratados Internacionales, que se asimilan en jerarquía por obra del art. 75 inc. 22, contra actos ilegítimos que violen la misma. Pero de ninguna manera puede transformarse en una
herramienta para evaluar el acierto u oportunidad de un acto de gobierno dictado conforme a las facultades que le son propias.- - - - - - - - - -- - - - - - - -

-----Teniendo presente dichos principios, es adecuada a las circunstancias de autos la cita del precedente de este Tribunal en cuanto "El Poder Judicial está llamado por la Constitución a ejercer
sus atribuciones de los arts. 196, 200 y cc., ante casos concretos, no en abstracto. No funciona en consulta, ni anticipando sus interpretaciones si no se está ante tales circunstancias del "caso concreto"; nunca sustituir al legislador en cuanto a la determinación de los alcances de una norma ni al administrador respecto de la reglamentación o la interpretación de la que fuere merecedora" (Conf. STJRNS4 Au. 157/07 "ZUMOS").--

-----Corresponde advertir que de la normativa de los arts. 794 y ss. Del CPCyC. Surge que la acción de inconstitucionalidad corresponde a quien sea afectado en sus derechos; y el art. 207 inc 1º de la Constitución Provincial alude específicamente a que la acción debe ser iniciada por parte interesada.- - - - - - - --

-----El artículo 207 de la Constitución de la Provincia comienza expresando: "El Superior Tribunal de Justicia tiene, en lo jurisdiccional, las siguientes atribuciones: 1. Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas que estatuyan sobre materias regidas por esta Constitución y que se controviertan por parte interesada..."- - - - - - - - --

-----Siguiendo el análisis del articulado constitucional, debemos detenernos en la referencia concreta a "parte interesada" (art. 207 inc. 1) y conectada con el concepto de "afectado" en su derecho individual o colectivo, al que se refiere el art. 207 inc.2 d (inconstitucionalidad por omisión), para concluir que el concepto de "restringido" (art.43 C. Provincial) y el de "afectado" (art. 43 C. Nacional) poseen el mismo significado. - -

-----Como ya se advirtió, en el caso de autos operan objeciones de carácter formal que hacen a la improcedencia de la acción prevista en los arts. 793 a 799 del código ritual.- - - - - - - -

-----Como señala la Procuración General, el recaudo formal tiene en este tipo de acciones un enorme valor a la hora de habilitar su procedencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----Obviamente, el gravamen, el perjuicio, debe consistir en una significativa afectación a los derechos constitucionales, de tal gravedad que su declaración de inconstitucionalidad se presente como valla insalvable." (Cf. S.C. Salta en ED. 30-223; STJRNS4. Se. 34/08 "ENTRETENIMINTOS"). - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----Por otra parte, también ha expresado el Superior Tribunal de Justicia que no corresponde al Poder Judicial el examen o corrección de las estrategias implementadas por el Poder Legislativo, o Ejecutivo, para arribar a determinados objetivos mediante una tarea legislativa. No es función de los jueces participar en los actos de esa índole. (cf. STJRNS4, Se.62/94 "CORTES"). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --

-----Para decretar la invalidez de una norma deben mediar motivos reales que así lo impongan, una demostración concluyente de su discordancia sustancial con los preceptos de la Constitución que se dicen vulnerados. Ello no ocurre cuando son insuficientes las alegaciones y probanzas existentes en la causa para demostrar palmariamente, merced a un análisis pormenorizado, la colisión de las normas impugnadas con los preceptos constitucionales (cf. STJRNS4, Se. 20/97, "DEFLORIAN"). -
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-----Por todo ello, corresponderá declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad en los términos interpuestos a fs. 6/11. Con costas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
-----MI VOTO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Los señores Jueces doctores Enrique J. MANSILLA, Liliana L. PICCININI y Ricardo APCARIÁN, dijeron:- - - - - - - - - - - - - -

-----Adherimos al voto y solución propuesta por la señora Jueza preopinante.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-----ASI VOTAMOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

El señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO, dijo:- - - - - - - - - --

-----Atento la coincidencia de los señores jueces preopinantes, me abstengo de emitir opinión (art.39 L.O.).- - - - - - - - - - -

-----MI VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

-----Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E:

Primero: Declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad en los términos interpuestos a fs. 6/11, por los fundamentos dados en los considerandos. Con costas (art. 68 del CPCyC).- - --

Segundo: Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.- - -

(FDO)ADRIANA C.ZARATIEGUI-JUEZA-ENRIQUE J.MANSILLA- JUEZ-LILIANA L.PICCININI-JUEZA-RICARDOA.APCARIAN-JUEZ-SERGIO M.BAROTTO - JUEZ EN ABSTENCION.ANTE MI: EZEQUIEL LOZADA SECRETARIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA PROTOCOLIZACION: TOMO II SENT. N° 76 FOLIO 570/579 SEC. N°4


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“EL AGUJERO NEGRO DEL TALENTO”

Por Eduardo R. Saguier (*)
ARGENTINA VACIADA POR UN PERONISMO CORRUPTO ANACRÓNICAMENTE  “REVISIONISTA” ESCOLTADO POR UN RADICALISMO DE TROCHA ANGOSTA 
“El agujero negro del talento” en una Argentina vaciada por un Peronismo corrupto y anacrónicamente “revisionista” (Carta Abierta-Agencia) y escoltado por un Radicalismo de trocha angosta y muy baja intensidad, dice el autor de este análisis (Fotografía Web)

El objeto de esta versión revisada de un escrito anterior titulado “UCR: acusan a Sanz de ignorar a los afiliados”, que integra una batería de ensayos ligados entre sí, es tratar de explicar descarnadamente la naturaleza histórica y política de lo que el filántropo Martín Varsavsky denomina con crudeza, refiriéndose a la Argentina, el “agujero negro del talento”, o lo que es lo mismo, el atraso, la corrupción y el revisionismo académico y científico, producido entre otros por una intelectualidad populista (Lonardismo-Cátedras Nacionales-Carta Abierta-Agencia), y escoltada por un Radicalismo de trocha angosta y baja intensidad, que fue dejando en el camino sus principios, y su tradición de crítica y debate.

Desde hace más de una década, más precisamente desde que el populismo bonapartista de Kirchner (compuesto por un revisionismo anacrónico y fundamentalista, una estrategia fascista de amigo-enemigo, una política stalinista previa al Frente Popular, y un estado policial con las Leyes de Abastecimiento y Antiterrorista), tomara el poder en 2003, el Radicalismo se caracterizó por una oposición tibia y culposa, una tenue sombra de su sacrificado y honroso pasado. Sin querer incursionar en las complicidades de algunos dirigentes Radicales con el Kirchnerismo, se ha de hacer hincapié aquí en un contrapunto vital de la política nacional totalmente ignorado por la dirigencia partidaria (propia y ajena), y que hace eje en las políticas públicas en materia de ciencia y educación superior, insustituibles para lograr la emancipación de la sociedad civil y para una eventual profundización del desarrollo industrial y tecnológico del país.

En ese preciso sentido, y para salvaguardia del sistema científico, el que suscribe acudió al bloque Radical del Senado, en el transcurso del 2010, para requerir solidaridad parlamentaria (Pedido de Informes) a su denuncia judicial penal federal contra la Agencia Nacional para la Producción Científico-Tecnológica (ANPCyT), por la malversación y estafa de U$S 1240 millones de dólares procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo (equivalentes a la deuda sentenciada con los mal llamados Fondos Buitres), y administrados fraudulentamente por el entonces Secretario de Estado Lino Barañao, y por medio centenar de Coordinadores cuyas identidades siguen a continuación (Anón, Antón, Arzt, Astini, Batlle, Beaugé, Beccaria, Cabada, Cánepa, Carelli, Cazzulo, Ceccatto, Coira, Corach, Escande, Frías, Gigolo, Gugliotta, Helbling, Lanusse, Mroginski, Poderoso, Politis, Quattrochio, Ravetta, Salvarezza, Schalamuk, etc.). En la requisitoria al Senado se acompañó la fotocopia del grueso expediente judicial, la cual fue registrada, y en respuesta se aseguró que el denunciante sería convocado para su aclaración, citación que nunca se concretó y que el denunciante no insistió pues advirtió la existencia de un profundo desinterés.


La precariedad de esta irresponsabilidad y el resultante atraso científico y tecnológico producido demandan un análisis histórico del comportamiento de las elites políticas de procedencia y formación universitaria. Este análisis debe partir de los deficits del proyecto Reformista (1904-1918) en materia de endogamia profesoral (incapacidad de generar una comunidad y un mercado docente de alcance nacional) y debe centrarse también en el análisis del grado de deserción cultural, cuya cadena de acontecimientos es fundamental marcar con detalle para poder comprender el drama histórico actual y para tomar conciencia del itinerario y trayectoria de los actores y protagonistas que nos llevaron a la calamidad presente.

La memoria histórica y el capital simbólico deberían ser interpelados por un discurso crítico, pero aquellos han caído lamentablemente en el olvido del imaginario argentino, y están compuestos por una batería de hechos históricos trascendentales, retro-alimentados entre sí, tales como la Ley Avellaneda (1885), la malograda Reforma Universitaria de 1904 en Buenos Aires [que siguió al suicidio de Leandro Alem y entre cuyas secuelas se expulsó de los claustros universitarios a Juan B. Justo y Nicolás Repetto], y la triunfante y luego cruelmente asediada Reforma de 1918 gestada en Córdoba. También se constituyó en un acontecimiento cuya memoria histórica debe ser interpelada por la prédica Radical , la multitudinaria defensa del laicismo y de la enseñanza pública (1958-59), ocurrida como combate contra la reglamentación de un decreto de la denominada Revolución Libertadora (1955-57), en su artículo 28, que consagraba la libre expedición de títulos habilitantes por parte de las universidades privadas, y que fuera impulsada por la pre-conciliar burocracia eclesiástica, y que los Reformistas tenían por violatoria tanto de la Ley 1420 (1884) como de la Ley Avellaneda (1885). Y también debe ser tenida en cuenta la posterior radicalización del movimiento estudiantil que aconteció durante el Cordobazo (1969), que fue una reacción popular contra la Noche de los Bastones Largos (1966) y contra la secuela académica que eran entonces las denominadas Cátedras Nacionales (1967-1969), cuyo heredero forzoso y tardío vino a ser cuatro décadas más tarde el redivivo espacio kirchnerista conocido como Carta Abierta (2008-2014). Dichas Cátedras Nacionales (CN) estaban integradas por una serie de jóvenes intelectuales elegidos para combatir a la izquierda académica, que habían traspuesto el cedazo de los servicios de inteligencia de la dictadura de Ongania (Argumedo, Cárdenas, Carri, Feinman, H. González, Gutiérrez, O´Farrell, etc.), y que para justificar su claudicante oportunismo pretextaron que los científicos modernizadores discípulos de Gino Germani, renunciantes a las cátedras cuando aconteció lo de los Bastones Largos, se habían entregado venalmente al sospechado Proyecto de Marginalidad financiado por la Fundación Ford en Chile (Murmis, Nun, Marín, etc.).


Finalmente, en 1996, la resistencia activa contra el alineamiento automático a las políticas educativas del Consenso de Washington, estuvieron focalizadas en una campaña contra el mercantilismo privatizador, la descentralización federativa, y la fragmentación docente, así como contra el fraccionamiento productivista y la concepción de la educación y la ciencia como meras mercancías a subastar y regatear en la invisibilidad del mercado. Estas políticas educativas cuyo alineamiento automático fue públicamente resistido por el estudiantado universitario de todo el país estuvieron representadas por diferentes Programas, tales como el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC), el programa de subsidios del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) perteneciente a la Agencia o ANPCyT, y el Programa de Incentivos para docentes-investigadores categorizados, y enrolados en las Universidades Nacionales, facciosamente administrado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. La alegórica caricaturización de los alineados de adentro, que convalidaron el Consenso de Washington y todos los Programas arriba detallados, quedó registrada en 1996 en un célebre mural exhibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, acompañado por una parodia explicativa anónima –pero cuyo autor fue un historiador que falleció trágicamente en un accidente fluvial ocurrido en el Delta del Paraná-- ambos testimonios salvados de la desaparición merced a las entonces nacientes redes de Internet. Estas reivindicaciones -aunadas al Programa de Avellaneda (1945)- debieran ser los antecedentes centrales para ser interpelados por la prédica intransigente de la UCR y son las únicas herramientas que se han heredado en forma fragmentada, que se deben seguir honrando, y que deben ser susceptibles de reactivar y actualizar para poder rescatar al Radicalismo de su prolongada crisis programática y moral.

Dicha interpelación histórica se debe profundizar aún más con consideraciones acerca de la creciente erosión de la conciencia sobre la inexcusable originalidad en la producción científica, cuyos procesos de investigación, planificación, administración y evaluación deben ser necesariamente independientes tanto del poder del aparato estatal (CONEAU-Agencia), como de los organismos multilaterales de crédito (FMI-BM-BID), y de toda facción ideológica, política o religiosa (independencia que nada tiene que ver con la defensa de estructuras corporativas o de prácticas de cogobierno y de composición tripartita). La interpelación debe culminar con las denuncias contra la subordinación Peronista (Menemista) en materia de investigación y enseñanza a los planes divisionistas y mercantilistas (arancelatorios) del Banco Mundial (BM), que fue una adaptación tardía al Consenso de Washington (ver artículo de Pablo Gentili ). Y también debe culminar en lucha contra el relato revisionista y fundamentalista del espacio Carta Abierta (2008-2014), que es una secuela sobreviviente de las lonardistas Cátedras Nacionales (CN), infiltradas por la claraboya del poder a petición del Ministro del Interior General Francisco Imaz. Cabe destacar que el Lonardismo (1955), como antaño lo fue el Uriburismo (1930), se caracterizaba por socavar la estrategia política conocida como “salida electoral” (que consistía en superar el golpismo o insurreccionismo militar con comicios restrictivos por más proscriptivos que entonces resultaran).

Esas políticas divisionistas en ciencia y educación fragmentaron engañosamente la comunidad universitaria, primero con una falsa dualidad política entre intelectuales nacionales e intelectuales anti-nacionales; y más luego, con una reglamentada y competitiva dicotomía entre docentes-repetidores y docentes-investigadores (estos últimos fraccionados en una escala compuesta de cinco niveles). Por otro lado, bajo el pretexto de fomentar el mejoramiento de la calidad educativa, las autoridades Menemistas y luego las Kirchneristas incurrieron en un agudo proceso de desinversión en la infraestructura científica y tecnológica del país, que es parte del atraso y corrupción y el agujero negro del talento anteriormente alegados (bibliotecas, laboratorios, archivos, centros de información, etc.).


A estos pormenorizados y trágicos acontecimientos se debe agregar como un claro testimonio de alineamiento automático con el Consenso de Washington, la responsabilidad que le cupo en esa política a la dirigencia de la UCR, que intentó a posteriori de Menem, durante el gobierno de la Alianza, en la gestión del ex-canciller Dante Caputo (2000-2001), liquidar el CONICET, sustituyéndolo por la Agencia o ANPCyT (cuando en las universidades nacionales los cargos a los que debían recaer los investigadores a desahuciar estaban y están usurpados por camarillas endogámicas). Dicha eliminación fue resistida por la activa movilización de los mismos investigadores, que incluso llegaron a interrumpir un desfile militar provocando la renuncia del funcionario de marras.

Amén del claudicante caso Caputo, las autoridades partidarias de ese entonces no hicieron lugar al debate y a la democracia interna entre los afiliados Radicales, incluyendo la dirigencia que había surgido con el restablecimiento de la democracia (1983) y con el Tribunal del Nunca Más (1984), que se perpetuó diez años después con el Pacto de Olivos (1994) y que finalizó tumultuosa y lastimosamente casi una década más tarde con la denominada Alianza (2001). Las autoridades de la Unión Cívica Radical no cumplieron con el articulado de la Carta Orgánica (art.26) que estipula la necesaria consulta periódica al afiliado, ni intentaron reparar el daño inferido a la democracia interna partidaria. Ninguna sobre-actuación personal por más esforzada que fuere ni ningún acuerdo de cúpulas partidarias puede suplantar con éxito la consulta y la opinión individual del afiliado. Tampoco el voto en una interna electoral puede sustituir la opinión individual del afiliado en una consulta voluntaria. Por el contrario, lo único que se conoce hasta ahora es una nueva convocatoria a la Convención Nacional en el próximo mes de septiembre del corriente año, emplazada exclusivamente para ratificar una política de alianzas. Sin embargo, la opinión individual de los afiliados aunque no hayan sido consultados siempre es más conveniente que la voz de los convencionales y que la propia opinión de los delegados al Comité Nacional. Y siempre es más fuerte que eventuales alianzas o coaliciones, por más cruciales que estas fueren para la suerte del país. No es posible, en la era informática, que so-pretexto de acuerdos o coaliciones, la opinión del afiliado Radical deje de ser escuchada, y que su dignidad sea avasallada por intereses y superestructuras de escasa representatividad.


Las deformaciones políticas del Radicalismo arrancaron entonces con la modificación de la Carta Orgánica en diciembre de 1983 (incompatibilidad de los cargos electivos con la dirección política del partido), siguió con el recurso fundamentalista y demagógico del Tercer Movimiento Histórico (discurso de Parque Norte , 1985), continuaron con el ninguneo político a los cuatro (4) diputados nacionales del Radicalismo que se opusieron a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se perpetuaron con los estertores de la conocida como Coordinadora residual y su dolosa operatoria 830 del Banco Hipotecario Nacional, y concluyeron con el Pacto de Olivos (1994). Entre dichas deformaciones prevaleció el contubernio de los dirigentes de la Coordinadora con el gremialismo empresario, sucesor del sindicalismo Vandorista que había prevalecido con la gestión del Secretario Rubén San Sebastián durante la dictadura de Ongania, quien entregó las Obras Sociales a los sindicatos. También sucedieron deformaciones escandalosas como el vaciamiento del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), cuya quiebra fraudulenta no pudo ser ejecutada y sus deudores no pudieron ser embargados, entre ellos la conocida entonces como “Patria Contratista”, so pretexto que la misma había contribuido a la campaña electoral del Radicalismo, por cierto una vergonzosa explicación que no trascendió públicamente, y que nunca fue judicialmente investigada.

Estas capitulaciones y estos contubernios partidarios pusieron a la intelectualidad universitaria de todo el país de rodillas frente al creciente dominio del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y de los gerentes banco-mundialistas de los organismos internacionales (Banco Mundial-BID); y a sus docentes, alumnos e investigadores los puso a merced de un proyecto académico esencialmente contra-reformista y reacio a las libertades académicas y a la igualdad de oportunidades de acceso a los claustros. Todos estos contratiempos combinados se fueron precipitando y engendraron una tabicada dirigencia partidaria originada en un proceso electoral indirecto (confirmada por la nueva legislación de las PASO), violatorio del tradicional voto directo; y enfrascada en una exclusiva y efímera competición por candidaturas, totalmente inconducente para el ineludible debate político aun dolorosamente pendiente, y para la ingente necesidad actual --debido a lo crítico de la coyuntura que se está atravesando-- de elegir un piloto de tormenta que cuente con su correspondiente estado mayor.

Se decía en un escrito anterior con respecto a la enseñanza y la investigación, bajo la firma de Radicales Libres , y se reitera hoy, que en los organismos de ciencia y educación superior “…han prevalecido las prácticas de camarilla, la indiferencia suicida hacia la infraestructura material y digital del conocimiento [simularon fomentar sólo el mejoramiento de la calidad educativa y científica], el canibalismo del botín de guerra, las violaciones al régimen de incompatibilidades y de conflicto de intereses, el culto demagógico a los pares evaluadores [crecientemente endogámicos] en desmedro de los sabios consagrados (como es el caso en Alemania), la creciente fuga de cerebros, y el menosprecio por capitalizar las patentes y regalías en el país (se registraron 14 patentes del CONICET y 23 del INTA en las oficinas de USA). Y como consecuencia de estas prácticas, la educación y la investigación pública y también la privada, la terciaria y la universitaria, se ha visto conminada a operar “…como rehén de un mecenazgo estatal sesgado que ha colonizado sus filas, y que ha segregado el entramado universitario [en casamatas o jaulas de silencio], mientras que la endogamia de su cuerpo docente [y de sus jurados académicos], con su gangrena acumulada [que ha esclerosado la movilidad del mercado ocupacional de las profesiones universitarias], viene incrementando a escala descomunal la decadencia intelectual y moral de una verdadera nomenklatura académica”         


A estas patologías se debe añadir ese insistente afán de los dirigentes por disputar cargos y candidaturas sin cumplir el consabido cursus honorum en el estudio, la investigación, y la formulación de programas modernos y democráticos. La derivación más previsible de esa praxis para un partido es la de terminar alquilando intelectuales extra-partidarios, como se padeció en los dos últimos gobiernos Radicales (Alfonsin-De la Rúa). Este desinterés del Radicalismo por llevar a los afiliados la posibilidad de ser escuchados, y de estimular a que se formen intelectualmente, ha engendrado políticos diplomados que luego de su graduación universitaria desertan de aquellas prácticas y vuelcan toda su libido en una militancia contaminada con clichés, verbos inflamados, frases hechas, y caras “arrugadas de tanto sonreír”, pero esencialmente ausentes de todo contenido, memoria, autocrítica y auténtico compromiso. De una forma aún más perturbadora, esos políticos vuelcan su libido en la construcción de clientelas, reciprocidades, listas sábanas y alianzas espurias; aprovechan los partidos como agencia de colocaciones; cultivan un seguidismo a la autoridad mediática en la conformación de la agenda política, y también una concepción patrimonialista y una práctica vedettista y personalista del poder acompañada por una memoria histórica fragmentada y casi nunca interpelada. Pero lo que es agraviante en casos cada vez más reiterados, es un obsceno e ilegal modus operandi para la acumulación material y el privilegio económico.

En suma, la tácita negativa de las autoridades partidarias a respetar la democracia interna consultando al afiliado, privó de representatividad a sus dirigentes y los indujo a censurar y abusar de la dignidad de sus integrantes, a auto-promoverse en el escalafón del poder, y a perpetuarse en él, para sólo administrar la decadencia y someterse al alineamiento automático con las políticas y programas de los organismos internacionales; sin poder o querer interpelar su memoria histórica ni movilizar intelectualmente al Radicalismo; y algunos dirigentes sin siquiera poder acreditar --para legitimar su representación-- un historial de lucha contra la corrupción, la mentira y la opresión, clara muestra del proceso de disgregación en que desgraciadamente se encuentra inmersa la Unión Cívica Radical (UCR).        













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CONTROVERSIAS POR EL DESPIDO DE UN EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL BOLSÓN

MASTROIANNI ERA CANDIDATO A DELEGADO, 
UPCN DENUNCIA AL INTENDENTE CALEUCHE 
AUTOR DEL DESPIDO
La Mesa Directiva de UPCN manifiesto su “profundo repudio a la expulsión del compañero Mario Mastroiani de su puesto de trabajo en la Municipalidad de El Bolsón”.

El gremio calificó la medida como “arbitraria por donde se la mire, promueve el despido de Mastroiani, quien viene desempeñando su labor en calidad de ‘contratado’ desde hace 9 años y que actualmente figura en la lista de empleados que podría ingresar en la planta permanente de esa estructura municipal, cuestión que ya cuenta con la aprobación del Consejo Deliberante de dicho municipio”.

Explicaron que Mario Mastroianni es Técnico en Gestión Municipal y, “además de un idóneo y excelente trabajador, candidato a Delegado de UPCN para el próximo mandato”.

Aseguraron que “el despido fue instruido por el intendente de El Bolsón, Alfredo ‘Caleuche’ García al Director de Recursos Humanos Municipal, Ricardo Vásquez, quienes expulsaron de su puesto de trabajo a un empleado idóneo pero ‘molesto’, respondiendo más a impulsos de venganza que a una gestión racional de los recursos humanos del organismo”.

Por otro lado, informaron que el hoy intendente “Caleuche” García era Secretario de UPCN “en esta Comisión Directiva y con este mismo Secretario General, Scalesi”, aseguraron que en ese entonces García “estaba muy preocupado por la soberbia de sus entonces empleadores de la Municipalidad de El Bolsón y ahora, que le toca ser el intendente de esa localidad, haciendo una pirueta moral importante y desde una soberbia e injusticia apabullantes, hace uso de su poder para echar a un compañero trabajador que es un excelente empleado y que lleva más de 9 años contratado”.

Además, desde la Comisión Directiva informaron que ya se están llevando adelante acciones legales en defensa del trabajador e integrante de lista como Delegado en el próximo mandato.

“Mientras tanto la Justicia actúe, informamos a la comunidad de El Bolsón en particular y a los Empleados Públicos de la provincia en general, sobre conductas como la de este intendente que, en vez de guiarse por las regulaciones que administran a los recursos humanos del Estado, actúa desde la incontinencia anímica, con intencionalidad manifiesta, reaccionando violentamente contra quien ofrece diferencia de pensamientos” sentenciaron.

Finalmente, desde UPCN solicitaron: “la inmediata reincorporación del compañero Mario Mastroianni a su puesto de trabajo en las mismas condiciones en las que lo venía desempeñando”.

PRENSA UPCN




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OPERATIVO MUTILACIÓN DEL ARBOLADO PÚBLICO DE EL BOLSÓN

Actualidad/Opinión
EDERSA Y MUNICIPALIDAD: POR LA “PODA” DEJAN SIN LUZ LA VIDA ECONÓMICA DEL PUEBLO

Un insólito operativo “poda” dejó  su huella en la mutilación de árboles en sectores céntricos de El Bolsón. La empresa Edersa programó el corte de energía eléctrica en ese radio, neurálgico a la hora central de la actividad comercial, dejando sin luz a empresas y organismos que operan con sistema. Todo para cortar las ramas que afectan al tendido eléctrico ciudadano. Lejos de ello, la mutilación y el desorden de ramas pone en el tapete un conjunto de interrogantes sobre la protección de la arboleda pública, que le da la especial vestimenta natural del pueblo. El otro tema, es por qué no se utilizan día y horas donde se afecte menos al usuario.

Dejaron sin luz desde las 9 hasta las 12 horas el corazón del pueblo, ya que con el corte se afectaba a un importante sector del centro de El Bolsón, organizado desde la Costanera hasta calle Malvinas y desde Dorrego hasta calle Paso, decía el comunicado de la empresa de electricidad local. 


El sábado de fin de mes, para el comerciante era una oportunidad de sostener un poco más la alicaída economía de invierno y tratar de cerrar el balance de agosto. Como día de fin de semana, la feria artesanal acentúa su marcha ante la eventualidad de visitas a esta localidad. 
Cuando la actividad se disponía a abrir sus puertas, todo quedó inutilizado: afectando a domicilios, al correo argentino, a los cajeros automáticos de los bancos y , lo peor, deja el sabor amargo de un paisaje desolado que muestra la mutilación de árboles públicos que son el colorido y la sombra generosa en el verano.

“A mí me c… la mañana con esto. Las heladeras, la mercadería que requieren frío; no entra nadie al negocio y encima, dejaron el ramerío en toda la vereda donde ni siquiera nadie puede estacionar. Los proveedores para bajar la mercadería tuvieron que caminar más de media cuadra”, se quejaba un comerciante que está ubicado justo a la entrada de la guardia del hospital. 

No ha sido menor el daño que Edersa ha causado a la población y a la región durante décadas con cortes intempestivos e inusuales de energía eléctrica, afectando electrodomésticos y electro técnicos y herramientas, las que quedaron, la mayoría, inutilizados y sin reconocimiento por parte de la empresa. El deterioro sin castigo es el abuso provocado por cierta inoperancia empresarial, que va de la mano de la inopia política de los gobernantes. 


Un árbol de la calle Feliciano frente a una importante complejo de cabañas, sufrió la mutilación: “Ahora que lo corten”, dijo su dueño cuando llegó a su domicilio y vio el desmido corte a motosierra. “Ni vinieron a avisar que hoy cortarían el árbol, mucho menos un aviso anticipado del corte. Encima rompieron hasta los maceteros de entrada a las cabañas”, se quejó ofendido en vecino.


El sábado 30 de agosto, como parte de un programa de cortar ramas que entorpecen las líneas de cables, el actual gobierno municipal en materia de cuidado ambiental mostró su peor cara ante la falta de políticas en esa materia. Desde hace dos años a esta parte, la tala y la mutilación de la arboleda pública es moneda corriente. 

Una ordenanza promulgada hace años en esa materia indica la existencia del plazo para la poda de árboles, que alcanza al mes de agosto. Cosa que en ese marco de la normativa, todo estaría bien.

Lo que no parece funcionar es la actualización de las normas vigentes. Repasar todas y cada una de las ordenanzas existentes es una tarea legislativa y una permanente revisión del poder ejecutivo en materia de políticas de estado para que no llegar a este sombrío panorama de dejar árboles talados fuera del tiempo que requiere la poda, y con ramas obstruyendo el paso.

Revisión que sería propicia en consideración al cambio climático que afecta y plantea a las regiones un cambiante, en la cual el invierno parece ser más corto. Para ello que se requiere consultar a los técnicos. 

El sentido común dice que, para esta fecha, podar árboles es romper los brotes de estación, ante la inminente floración de plantas y árboles.

Otro tema que se plantea cómo es que la empresa Edersa utiliza un horario y  un día central donde la economía del pueblo funciona a pleno. Desde qué decisión arbitrar cortar la energía eléctrica, como así, a su gusto y antojo ¿por qué no elige una hora donde la actividad es menor? Por ejemplo: De 14 a 17 horas. O bien, un domingo. Si es por las horas extras, habría que plantear dentro del presupuesto el gasto para esta actividad que requiere el alumbrado y el arbolado público.
En fin. El sábado, en el día de Santa Rosa, la única tormenta depredadora fue la de quienes habrían elegido el día para considerar su inoperancia y la insensibilidad manifiesta por los árboles. Ellos son responsables de la mutilación de árboles en El Bolsón.

Esta habría sido esta otra oportunidad política para el gobierno municipal evitar lo que luego la incomoda: la crítica en general.

En lo particular, no hacerse cargo de la responsabilidad está en directa relación al detrimento que genera un corte de luz como el del sábado 30. Al menos, si fue Edersa la empresa responsable de la tala, que se le cobre la multa correspondiente al deterioro del medio ambiente. (AM/Limite42)








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LARRABURU – ZGAIB: CIRUGIAS Y CONSULTAS MÉDICAS DE RIONEGRINOS EN BUENOS AIRES

LA SENADORA NACIONAL Y EL MINISTRO DE SALUD SOBRE LA NECESIDAD SANITARIA DE PACIENTES  

Silvina García Larraburu y el Ministro de Salud  Fabián Zgaib analizaron las diferentes gestiones que se han realizado ante los pedidos que se le presentan a la Senadora como consultas médicas especializadas, prótesis, internaciones e intervenciones quirúrgicas de rionegrinos que pasan una necesidad sanitaria en Buenos Aires.

Zgaib remarcó: "Estamos gestionando permanentemente, las necesidades en salud requieren de respuestas inmediatas y es en eso en lo que estamos enfocados, el ministerio está presente en toda la provincia y estamos dando la cara, escuchando los problemas que existen y buscando prontas resoluciones".

Por su parte, García Larraburu, manifestó: “Quiero felicitar la labor que lleva adelante el Ministro de Salud.  Un claro ejemplo fue la necesidad planteada por un paciente que estaba en Buenos Aires lejos de sus afectos y con la necesidad de una intervención quirúrgica urgente en el Instituto René Favaloro, a las doce de la noche me llamó el ministro para informarme que estaba todo encaminado y que al otro día se realizaría la operación. Es muy bueno para todos que los funcionarios tengan el nivel de compromiso de Fabián, ya que la política nos puso en diferentes lugares pero con una misma vocación, la de ayudar a la gente". 

La parlamentaria y el funcionario aprovecharon además para recorrer la nuevas instalaciones del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), inauguradas esta mañna. Las oficinas comenzarán a funcionar desde el día lunes, en el horario de 8:30 a 15:30 horas, y se podrá dar atención a un total de 27.000 afiliados que tiene IPROSS en Bariloche y la zona andina. (Gacetilla)




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EL GOBERNADOR DE RÍO NEGRO EN BARILOCHE

WERETILNECK ENTREGÓ APORTES Y CRÉDITOS A VECINOS DE ZONA ANDINA Y LÍNEA SUR
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, entregó hoy en el Centro Administrativo Provincial (CAP) en Bariloche aportes y créditos a vecinos de la Zona Andina y la Línea Sur. 
Además, otorgó personerías jurídicas y matrículas a cooperativas; tickets correspondientes al plan Habitar y aportes a la localidad de Dina Huapi.
Se encontraban presentes el ministro de Economía, Alejandro Palmieri; el secretario de Legal y Técnica, Julián Fernández Eguía; el secretario de Relaciones Institucionales, Nelson Cides; el secretario de Ciencia y Técnica de la Provincia, Daniel Quatrini; la coordinadora del CAP, Valeria Fernández Soler; las legisladoras Arabela Carreras, Beatriz Contreras y Silvia Paz, funcionarios provinciales y concejales.

En primer lugar, el Mandatario hizo entrega de personerías jurídicas a la Asociación Civil Cosecharas Tú Siembra, Fundación Mandala, Asociación Civil Boxing Club, Asociación Civil Wu Shu Tao, Asociación Civil Productores de El Bolsón y Asociación Civil Patagónica Rotaria.

Luego, Weretilneck otorgó créditos por un monto total de $285.020, pertenecientes al programa de Asistencia Financiera “Microemprendedor” diseñado desde la agencia provincial CREAR para  emprendedores productivos de la zona de Ingeniero Jacobacci, Corralito, El Manso y San Carlos de Bariloche. El monto total $285.020.

A continuación, entregó registros provinciales y libros sociales y contables a distintas cooperativas de trabajo relacionadas al estacionamiento medido y pago, las cuales además recibirán una capacitación al respecto. Las cooperativas son Ebenezer, Nuevos Caminos, Kata, Wain Nehuen, Liwen y Encuentro. A su vez, el Gobernador entregó tickets del plan Habitar a ocho familias barilochenses.


Por último, hizo entrega al intendente de Dina Huapi, Danilo Rojas, de $32.810 para asistir a familias afectadas por el temporal del mes de abril; y $50.000 enmarcados en el programa de Protección de Bosques.












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RENUNCIÓ EL TITULAR DEL FONDO EDITORIAL RIONEGRINO

DELMAS ASEGURA QUE SE VA POR “FALTA DE APOYO DE LA SECRETARÍA, POR NO TENER ESPACIO  FÍSICO” Y DENUNCIA “DESIGNACIONES” SIN AVAL DE TODOS LOS ESCRITORES

En un comunicado a la prensa, el Ingeniero Héctor Delmas que había asumido el pasado mes de abril, puso de relieve los términos de su renuncia al cargo de “carácter indeclinable e irrevocable”, señalando  “el fracaso que presupone para la puesta en marcha definitiva del FER, el cual había despertado el entusiasmo y adhesión de la mayoría de los más de 300 escritores provinciales”, refiere.

Con cargo tales a la Ministro de Turismo, Cultura y Deporte Cipolletti,  Mariana Giachino, en la dimisión que lleva la fecha 28 de agosto del 2014, el escritor cipolleño indicó que “no he tenido ningún apoyo desde la Secretaria de Cultura, ni del Ministerio de Turismo, Deporte, y Cultura, sin proporcionarme un lugar físico, ni ningún personal u apoyo, debiendo movilizarme para reunirme o comunicarme con los escritores y autoridades, gastando de mi propio peculio, sin ser nunca liquidados los gastos presentados”.

Héctor Delmas asumió como nuevo director del Fondo Editorial Rionegrino  el pasado mes de abril ocupando el cargo de Subdirector del Fondo Editorial Rionegrino (FER), y en su último libro “La Historia que me Parió”, una revisión que fue presentada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el año 2008, siendo el primero vendido en el evento, y luego en las Ferias del Libro de las ciudades de Cipolletti y Plottier, y luego de algunas desavenencias en una de las áreas más complejas de la provincia rionegrina como la del Fondo Editorial Rionegrino, hace hincapié en la designación del  “Delegado de la Zona Atlántica, sin el aval de las otras Localidades de esa zona, sin tener en cuenta que existía la propuesta del Sr Jorge Íncola, de las Grutas, y Patricia García, de San Antonio, y como forma de generar confrontación y retrasos, recayó en una escritora que vive en la Ciudad de Patagones, Provincia de Buenos Aires, hecho no admitido por las leyes y decretos pertinentes”, manifiesta.

De esta manera, un nuevo conflicto que deja un espacio en un área de complejidad ante la falta de objetivos, proyectos y consensos del actual gobierno asumido en 2011, que rompió con los lineamientos de integración y participación regionales, como la descentralización de los fondos de la FER logrados en la gestión anterior del Dr. Armando Gentilli.

LA RENUNCIA
Sra. Mariana Giachino
De mi consideración:

Por medio de la presente, le hago llegar con carácter indeclinable e irrevocable, mi renuncia al Cargo de Director del Fondo Editorial Rionegrino.

Hago llegar la presente con dolor, ante el fracaso que presupone para la puesta en marcha definitiva del FER, el cual había despertado el entusiasmo y adhesión de la mayoría de los más de 300 escritores provinciales.

Lamentablemente esta decisión está basada en diversas circunstancias, por un lado, generada por 20 escritores de la Localidad de Viedma, que designaron Delegado de la Zona Atlántica, sin el aval de las otras Localidades de esa zona, sin tener en cuenta que existía la propuesta del Sr Jorge Íncola, de las Grutas, y Patricia García, de San Antonio, y como forma de generar confrontación y retrasos, recayó en una escritora que vive en la Ciudad de Patagones, Provincia de Buenos Aires, hecho no admitido por las leyes y decretos pertinentes.

A esto se suma que desde que asumí en el mes de abril, no he tenido ningún apoyo desde la Secretaria de Cultura, ni del Ministerio de Turismo, Deporte, y Cultura, sin proporcionarme un lugar físico, ni ningún personal u apoyo, debiendo movilizarme para reunirme o comunicarme con los escritores y autoridades, gastando de mi propio peculio, sin ser nunca liquidados los gastos presentados.

El punto más grave y decisivo, es que desde el primer día de gestión, estoy solicitando en forma escrita y verbal, el listado de ingresos y egresos de la cuenta del FER, recibiendo como única respuesta silencios o evasivas, la última de ellas el lunes 25 de agosto, donde fui citado a las 10,00 hs. en el Ministerio, para entregarme el material respectivo, pero lamentablemente Usted se había olvidado, y estaba en Buenos Aires, quedando encontrarnos el jueves 28, cosa que no sucedió.

Como se comprenderá, no se puede llevar adelante este proyecto, si no existe por un lado, la unión de todos los escritores, y por otro la decisión política real del Gobierno Provincial.

Le saluda atentamente

Ing. Héctor Delmas

L.E. 7741832








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COSAS QUE ESTÁN...

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LAS COSAS SON COMO SON…POLÍTICA Y CONFIANZA El reciente viaje de Bruno Pogliano a Europa y la visita al Papa Francisco en el Vaticano, despertó opiniones diversas cuando oyeron la voz del “candidato” en el programa AMPM que se emite por FM Paraiso42 99,3MHz. El bolsonés expresó “que era una visita prevista” y que había pedido al sumo Pontífice “una bendición especial por la paz de mi pueblo y por la unidad de todos”, expresó. Muchos agradecieron este gesto que destacaron la grandeza de Bruno, quien no ha ocultado su interés de ser candidato por la intendencia de El Bolsón. Otros, por el contrario volcaron su más cruda crítica al poner en sospecha a Pogliano el gasto de un viaje en este tiempo. Evidentemente manifestarse como dirigente y decir públicamente que se interesa por ser la máxima autoridad del pueblo, en la epidermis social saltan las posiciones de unos y otros. En este caso, dos claras connotaciones hablan de la persona de Pogliano. La primera, es lo que no siempre los políticos manifiestan su confianza y fe en Dios. La segunda, esto no lo eximen para medir si un candidato será bueno en el estadio político. Para llegar, será a través de la voluntad popular quien, a la hora del voto, definirá el sentir de la ciudadanía respecto a Pogliano. En contraste, siempre en el mundo de la política, otro candidato superlativo que no oculta sus intenciones de ser gobernador por Río Negro, es el senador K Miguel Ángel Pichetto. Un hombre que hace más de 25 años vive de la política y sus cambiantes conceptos dentro del peronismo lo han ubicado en la línea de la prevalencia y la exhibición pública permanente. En este aspecto, luego de Pogliano, también por AMPM el programa independiente por FM Paraíso 42, se conocieron algunos términos desafortunados del senador al referirse a la “alianza rota con Weretilneck y el Frente para la Victoria”, dijo: “En los cementerios existe una paz que es triste, pero no es una paz buena”, refiriéndose al gobierno de Weretilneck. Una frase profana y de muy mal gusto para indicar muerto al actual gobierno...Contrasta con Pogliano ¿O no?

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