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RÍO NEGRO VIOLENCIA LABORAL EN EL ESTADO

A ÚLTIMO MOMENTO EL FpV RETIRÓ EL PROYECTO DEMORADO HACE DIEZ AÑOS
Imagen ilustrativa
El oficialismo retiró ayer del recinto legislativo el proyecto para "erradicar la violencia laboral" en la administración pública. Su tratamiento está demorado desde hace más de una década.
Esa iniciativa pretende un encuadramiento de las acciones consideradas "maltrato psíquico y social contra el trabajador" del Estado, como "hostilidad continua, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica tendiente a denigrar". Además, se precisarían qué acciones están incluidas y cuál es el procedimiento para su denuncia.
Actualmente, cualquier trabajador víctima de violencia laboral no tiene un ámbito específico para una presentación administrativa.

El primer proyecto de violencia laboral, planteado originalmente por UPCN, se formalizó hace una década y pasó a archivo, posteriormente recuperado y reiterado por la legisladora Magdalena Odarda. Su última elevación fue en enero del año pasado y, después, se incorporó un expediente similar del radicalismo.

Esta semana las diferentes comisiones otorgaron despachos favorables y, el jueves, Labor Parlamentaria incluyó su tratamiento para la sesión de ayer. Pero, el presidente del bloque oficialista, Pedro Pesatti explicó que regresaría a comisiones frente a "nuevas observaciones planteadas por entidades gremiales y funcionarios".

Esa postura fue rechazada por Odarda y, en representación radical, por Alejandro Beletú. Según trascendió, el oficialismo incorporó el proyecto por un compromiso original del tratamiento de proyectos "cajoneados", entre otros, el de violencia laboral. Esa promesa tendría origen en el apoyo opositor al proyecto gubernamental de ampliar el STJ.

Más allá de ese compromiso, un análisis político posterior concluyó que sería inoportuno ese gesto legislativo en el actual proceso electoral. Esta reflexión derivó en el retiro del tratamiento.


Odarda no ocultó su malestar y relacionó ese hecho con el pase a archivo del pedido de juicio político del fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone, que comprendía denuncias de violencia al personal de ese órgano de control. (RN)





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