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RICARDO GONZAGA CONDENADO POR EL DELITO DE EXTORSIÓN

   5 AÑOS DE INHABILITACIÓN Y 3 AÑOS DE PRISIÓN 
                       EN SUSPENSO 

El abogado de El Bolsón en el juicio
Al informar sobre los alegatos mencionamos que el Tribunal debería decidir si las conductas achacadas al abogado Ricardo Gonzaga calzaban en el tipo penal escogido por la fiscalía o si por el contrario se trataba de actividades propias de su tarea como abogado. Este viernes se conoció la sentencia, la Dra. Anabel Rodríguez sostuvo que encuadran cómodamente en el delito de extorsión en grado de tentativa. Gonzaga fue condenado a tres años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para ejercer como abogado.

Diversos planteos debió responder la sentencia. Uno de los elementos de prueba más controvertido fue el de las escuchas telefónicas. Sobre esta prueba la defensa había realizado varios cuestionamientos los, que uno a uno, fueron desechados. No hubo entonces violación del derecho a la intimidad ni a la prohibición de autoinculpación. Tampoco se incurrió en la prohibición de escuchar y utilizar como medio de prueba conversaciones entre un imputado y su defensor, en este caso la conversaciones entre Gonzaga y el su cliente alojado en la Comisaría de Trevelín. Aquí "dos circunstancias son las que levantan la prohibición, en primer lugar, al tiempo de la intervención los nombrados resultaban co-imputados; y en segundo lugar, Ríos en el proceso era representado por la Defensa Pública", destacó la juez.
La magistrada citó palabras Raúl Heredia, autor del Código Procesal Penal de Chubut, explicando a qué apuntó la protección especial dada a los abogados. "Es en el ámbito de la defensa como deben interpretarse estas disposiciones; y así lo dice la Constitución: con motivo de su ministerio. No sufre la sociedad por esta protección, con tal alcance; los letrados son perseguibles penalmente, en cuanto sospechados de haber cometido algún hecho punible, sin ninguna condición ni prerrogativa, igual que el resto de los habitantes de la Nación y del mismo modo allanables sus locales y domicilios con la finalidad de obtener prueba inculpatoria en relación con esa presunta actividad delictiva”.

La defensa de Gonzaga también cuestionó las grabaciones efectuadas por la denunciante desde su teléfono celular y planteó que esta habría actuado como "agente provocador". La sentencia se ocupa de resaltar que en este caso la denunciante es víctima y que no puede hablarse de agente provocador cuando la conducta delictiva que se achaca a Gonzaga comenzó a desarrollarse cuando este le habló de la existencia de un video que podría en riesgo su trabajo y le pidió dinero (25 mil pesos) para guardar silencio y entregárselo. Las conversaciones posteriores y su grabación por parte de la víctima, encuadraron en el derecho de esta como ciudadana de hacer lo que legalmente esté a su alcance para probar las conductas delictivas que la afecten.

Del mismo modo se rechazó que los policías que participaron de la detención hubieran actuado como agentes encubiertos, así como que "la policía" hubiera "armado" el caso.

Rodríguez evaluó que las conductas reflejadas en el video en cuestión, eran pasibles de la realización de actuaciones administrativas como las hubo, y que Gonzaga en su calidad de abogado estaba habilitado a usar esa filmación para denunciarlas. Sin embargo " en el abanico de opciones que tenía el Dr. Gonzaga no se encontraba la de utilizar la intimidación para obligar a" la agente, "mediante la amenaza de hacer público el video, a que le depositara por intermedio del sistema home-banking, una suma de dinero; ello así, precisamente, porque esa conducta resulta ilícita para nuestro derecho, y se ajusta al molde típico del art. 168 del C. Penal".

Gonzaga habló en varias oportunidades de la existencia de conductas de hostigamiento hacia su cliente realizadas por el joven policía que aparece en el video, sin embargo no solo " no se produjeron pruebas que permitan establecerlo, y en su caso, la entidad del mismo", sino que además los dichos de Gonzaga y los de su cliente fueron contradictorios en este aspecto. Rodríguez indicó que si bien puede entenderse que es difícil probar lo que ocurre dentro de los lugares de detención cuando los únicos testigos suelen ser los propios policías " no es menos cierto, que detenidos y defensores, efectúan peticiones y reclamos, permanentemente, ante el Juez de Ejecución, por situaciones similares, habilitando la vía judicial para su solución", una opción que no fue considerada en este caso.

Luego de sopesar la prueba, la magistrada consideró " las pruebas de cargo reunidas, que estimo relevantes, para considerar debidamente acreditado, el hecho imputado, en los términos expresados por el MPF". "Ricardo Gonzaga mediante la amenaza de que perdería su trabajo, si publicaba el video, le exigió a la víctima la suma de $ 25.000.-, mediante su presentación en la dependencia policial, como defensor de un detenido alojado en la misma, y por hechos que configuraban una falta administrativa grave, lo que angustió y desbordó emocionalmente a la nombrada, al punto tal que junto con" su novio (también registrado en el video), "pensaron en conseguir el dinero, solicitar un préstamo o vender el auto del último nombrado; no obstante, luego de varias conversaciones entre ambos, numerosas consultas a autoridades policiales y profesionales del derecho, y pasados dos días de la entrevista con el imputado, la damnificada radicó la denuncia en el MPF".

La calidad de abogado y la publicación del video

Rodríguez consideró como "agravante la calidad de abogado del imputado, que implica un hecho reñido con su juramento profesional, y que hace mucho daño a las instituciones que involucra; como así también su conducta posterior al hecho, relacionada con la publicación del video".
Estos elementos fueron tomados para establecer la pena a imponer.

A la juez no le resultó suficiente la discusión entre las partes en torno a la necesidad de establecer una sanción de cumplimiento efectivo. Esta circunstancia sumada a la "deficitaria situación carcelaria de nuestra provincia… me persuaden de aplicar al imputado una pena de ejecución condicional", indicó, para finalmente condenar a Ricardo Gerónimo Gonzaga como autor penalmente responsable del delito de extorsión en grado de tentativa, a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por cinco años, con costas. 

CONDUCTA DELICTIVA O MEDIACIÓN PROFESIONAL

Así se planteó el contradictorio en los alegatos. Frente a la acusación fiscal de tentativa de extorsión y a la calificación alternativa de amenazas coactivas, la defensa argumentó que se trató de una intervención de Gonzaga en su calidad de abogado ante una situación que perjudicaba a su cliente detenido en la Comisaría de Trevelín. Los letrados sostuvieron que la policía actuó corporativamente preparando una celada para hacer que el imputado hiciera calzar sus conductas en el tipo penal de la extorsión. También se reeditó el planteo de nulidad de las escuchas telefónicas que fuera rechazado por el juez de la audiencia preliminar. El próximo viernes se conocerá la sentencia de la Dra. Anabel Rodríguez.
El alegato fiscal finalizó con el pedido de declaración de responsabilidad por el delito de extorsión en grado de tentativa, y supletoriamente si el tribunal no encontrara debidamente probada la exigencia de dinero, que se aplique condena por el delito de amenazas coactivas. Fernando Rivarola solicitó la imposición de una pena de cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía.
El tipo penal de la extorsión, refiere a conductas que persiguen un beneficio al que no tiene derecho la persona que lo reclama para sí a través de amenazas. Se pretende la entrega de dinero a raíz de la intimidación, de infundir temor sobre un mal que recaerá sobre la víctima o sobre terceros. Esa amenaza tiene que ser idónea para causar miedo.
A criterio de la fiscalía esto es lo que ocurrió en el caso que tiene por imputado al abogado Ricardo Gonzaga. Uno de los elementos tenidos en cuenta en este análisis, fue el impacto emocional causado en la víctima, una joven agente de la policía de la provincia: temor, angustia, desconcierto que aun hoy se evidencia según la apreciación de Rivarola. En su declaración en el debate la joven dijo que pensaron vender cosas o sacar un crédito, refiriéndose a las charlas que mantuvo por aquellos días con su novio, también policía e involucrado en el video en cuestión. En la denuncia presentada en fiscalía, contó que el imputado le exigió la entrega de $25 mil. Más adelante esta cifra se habría reducido a 15 mil.
La defensa llevada adelante por los Dres. Hugo Cancino y Daniel Bauzá cuestionó la credibilidad del relato. Señaló que lo que registró el video fue una falta grave de dos empleados policiales, y quien comete un acto ilícito debe responder no solo por él sino por todas sus consecuencias. También insistieron en que se trató de un “pacto de caballeros” propuesto por Gonzaga a la víctima. Según los defensores, el cliente de Gonzaga era hostigado desde hacía tiempo por el novio de la joven y el abogado, sabiendo que era muy difícil probar que esto sucedía por los carriles normales, se acercó a la agente para proponerle un acuerdo: él guardaría silencio y le entregaría la filmación si se hacía cesar aquella situación sufrida por el interno.
Las escuchas

Todo un capítulo aparte fueron las escuchas telefónicas. La defensa argumentó que estas nada prueban. Señaló que la empleada policial no es víctima sino que actuó como agente encubierto para inducir a Gonzaga a decir cosas que se usarían en su contra. Luego de argumentar en función del contenido de esas escuchas, pidió que sean declaradas nulas porque no fue avisado el Colegio Público de Abogados como establece la legislación, “ni antes, ni durante, ni después de su realización”.
El fiscal propuso la interpretación de la norma citada puesta en su contexto normativo. En tal sentido citó el artículo constitucional al que esta refiere, tendiente a garantizar el libre ejercicio de la abogacía, evitando que la información que un abogado maneja en su calidad de tal sea utilizado en contra de sus clientes. Rivarola recalcó que este objeto fue expresamente resaltado en la autorización dada por el juez penal para la realización de las escuchas y respetada por la fiscalía al punto que para garantizar la reserva el trabajo de análisis del extenso material de escuchas lo analizó únicamente el fiscal, sin asistencia de ningún empleado. También argumentó que en una medida de este tipo, que tiene una duración extendida en el tiempo, informar sobre su realización al Colegio de Abogados, significaría un obstáculo a la investigación. Sin embargo finalizada la misma, el fiscal informó al presidente y otras autoridades del Colegio sobre su existencia y sobre el material obtenido.

Los daños

Se habló además de la extensión del daño por la difusión que Gonzaga propició del video, con receptación en medios nacionales y regionales. El abogado habló al final del debate indicando que el fue más afectado aun por la difusión de este proceso.
En el análisis de agravantes el fiscal tuvo en cuenta que se trata de un profesional del derecho que conoce perfectamente la prohibición legal sobre estas conductas. Que fue apercibido años atrás por el Colegio de Abogados a partir de actos similares, y que esas y otras advertencias debieran haber actuado como disuasorias de conductas de este tipo.

Gonzaga sostuvo que hace muchos años que vive exclusivamente de su profesión, y que los dichos del fiscal le hicieron recordar que "en la vida todo se puede". (Fuente: juschubut.gov.ar)


















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