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VENTA DE TIERRAS FISCALES: BELACIN APUNTÓ A OCUPANTES ORIGINARIOS

EL EX SUBSECRETARIO RIONEGRINO FUE INDAGADO DURANTE TRES HORAS
Por la presunta venta irregular de tierras fiscales en Río Negro comenzaron las indagatorias de exfuncionarios. El ex subsecretario de Tierras y Colonias de la provincia, Jorge Belacín, fue el primero en declarar. Lo hizo ayer durante tres horas en el juzgado a cargo del juez penal de esta capital, Favio Igoldi.

El exdirector de Tierras, Daniel Tait, está citado para el lunes y el exministro de Producción, Juan Accatino, para el 24 de este mes. También están incluidos en ese listado particulares que habrían participado en estas ventas denunciadas, como Juan Manuel Valenzuela, Marcos Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, José Luis Martínez Pérez, Ana María Trianes, Federico Pío Van Ditmar, Tomas Bertger y Federico Bertger.
Durante unas tres horas, Belacín respondió a todas las preguntas del juez Igoldi. 
Según trascendió, ante la consulta del magistrado el imputado señaló que de los privados involucrados sólo conocía a Martínez Pérez y a su esposa Trianes, ambos de Bariloche, por la relación que mantenía la empresa que el letrado dirigía con el Ministerio de Producción. También dijo conocer a Van Ditmar pero no por este tema de las tierras. 
Sobre el valor de las ventas de los terrenos fiscales detalló que existe una comisión integrada por funcionarios de distintas áreas encargada de fijarlo de acuerdo a tres destinos: agrícola, forestal y ganadero. Hizo referencia también a un decreto que generó esa comisión para establecer como fórmula polinómica para la determinación del valor de las tierras la capitalización de la renta fiduciaria, la creación de bonificaciones para viejos ocupantes y crear mecanismos de trasparencia para las comisiones de pastizales de la zona andina, determinando parámetros para las tierras. 
Belacín habría detallado al juez que el Estado a través del Ministerio de Producción no vendía tierras sino que transfería dominio a los ocupantes originarios, quienes luego de cumplir con un expediente administrativo que pasaba por organismos de control externo e interno para lograr el título del dominio, que lo entregaba la Escribanía Mayor de Gobierno. Ese tenedor tenía dos restricciones al dominio: debía respetar una servidumbre de paso de por vida y no podía vender sin previo avisarle a la provincia a través de un modo fehaciente, informándole que tenía un comprador por una determinada cifra teniendo en cuenta que el Estado tiene preferencia en la adquisición. En este sentido, añadió que la provincia nunca hizo uso de ello desde la década del 60 porque el objetivo fue titularizar el dominio. 
Respecto de los cinco años explicó que están incluidos en un decreto no en la Ley y que nunca fue aplicado. En definitiva, Belacín aseguró que el Estado nunca vendió tierras, con lo que se infiere que los únicos que pudieron vender fueron los tenedores originarios ajustándose a las dos condiciones mencionadas.
















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