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ARGENTINA: 30 AÑOS DE VIDA CONSTITUCIONAL

Opinión
LAS ASIGNATURAS PENDIENTES DE LA DEMOCRACIA
Hoy existe consenso en que la democracia es el sistema mediante el cual los argentinos resuelven sus problemas y diferencias, al punto que incluso en una crisis como la de 2001 a nadie se le ocurrió una salida militar. Pero persiste la sensación de que es una obra precaria y no terminada. Para restaurar el sistema fue suficiente el retiro de la dictadura, pero democratizar una cultura política de fuertes tradiciones caudillistas y clientelares es más arduo y complejo.

Antes de diciembre 1983, se suponía que las amenazas más graves que enfrentaba la tan esquiva democracia argentina eran externas al sistema político así calificado: se trataba de las planteadas por Fuerzas Armadas encabezadas por quienes se imaginaban partes de "la reserva moral de la República" y por grupos civiles de mentalidad parecida. Aunque los militares seguirían constituyendo un poder fáctico por cierto tiempo, a partir de entonces las amenazas han sido mayormente internas. Si bien en adelante Argentina sería una democracia en que se celebrarían elecciones libres, sesionarían como es debido las instituciones parlamentarias y el poder judicial defendería su autonomía, en opinión de muchos el sistema dista de haberse consolidado.

Las dudas que sienten pueden entenderse. Las deficiencias son notorias. Por razones que podrían calificarse de culturales, en el sentido antropológico de la palabra, el país no cuenta con dos o tres partidos políticos a un tiempo amplios y relativamente coherentes; en su lugar hay algunos "movimientos" que a veces se asemejan a tribus urbanas y una multitud de facciones ensimismadas que por lo común dependen del "carisma" atribuido a una persona determinada. Las instituciones que en su conjunto conforman el Estado suelen verse incorporadas al aparato clientelar de la agrupación coyunturalmente más poderosa que, sobre todo en el caso de los organismos de control, a menudo se siente tentada a desvirtuarlas. Puede que la Corte Suprema haya sabido defender su autonomía, pero aún abundan jueces proclives a responder a los intereses de padrinos políticos. El deterioro de la educación pública plantea una amenaza al futuro del país que es aún más grave que la supuesta por la instalación de carteles de narcotraficantes.

Así y todo, a primera vista es excesiva la preocupación de quienes nos advierten que la democracia corre peligro. El sistema cuenta con el apoyo de una mayoría sustancial de la población. En los días finales de 2001, la democracia nacional se sometió a una prueba decisiva pero, a pesar del clima de anarquía que fue provocado por el colapso del gobierno de la Alianza, un derrumbe económico que depauperaba a millones de personas y saqueos organizados por dirigentes políticos, a nadie se le ocurrió reclamar una intervención militar. Incluso una alusión a lo conveniente que sería que hubiera tanques en las calles para intimidar a los revoltosos motivó más extrañeza que indignación.

A treinta años de asumir el poder el presidente Raúl Alfonsín, pues, persiste la sensación de que la democracia sigue siendo un tanto precaria, una obra no terminada que en cualquier momento podría derrumbarse bajo los golpes asestados por políticos autoritarios que sueñan con cercenar los derechos ciudadanos. Contribuye al malestar la incapacidad patente de todos los gobiernos de las tres décadas ultimas para atenuar "los problemas de la gente". Se apagaron hace mucho tiempo los gritos de "que se vayan todos", pero pocos negarían que la clase política se las ha arreglado para desvincularse del resto del país. Es como si la población se hubiera resignado a vivir en una democracia liberal porque las eventuales alternativas, como la insinuada por el gobierno actual antes de las elecciones legislativas de octubre pasado, le parecieran aun peores.

Para restaurar formalmente la democracia, fue suficiente que los militares abandonaran el poder, pero romper con el pasado no sería tan fácil como suponían los que ovacionaban a Alfonsín y que, en muchos casos, atribuyeron el colapso de la dictadura a sus propios esfuerzos. En cambio, democratizar una cultura política de tradiciones caudillistas y clientelistas es decididamente más arduo y complicado. En su gran obra de 1856, El Antiguo Régimen y la Revolución, el francés Alexis de Tocqueville mostró que tuvo mucho en común el gobierno monárquico con los que se formaron luego de la decapitación tanto del monarca como de miles de nobles.

¿Es tan distinta la Argentina democrática del país que, durante años, convivió tranquilamente con una dictadura castrense? Puede que no, que las mismas actitudes, la misma indiferencia, mientras uno no se vea directamente perjudicado, hacia los abusos del poder y la corrupción de tantos funcionarios, apenas se han modificado. El pragmatismo resumido por la frase cínica "roban pero hacen" ha servido no sólo para asegurar a regímenes militares un grado espurio de legitimidad sino también para que funcionarios de gobiernos civiles hayan disfrutado de impunidad.

Ninguna democracia es perfecta. En cierto modo, todas son "oligárquicas", pero si bien es imposible concebir una en que el poder estuviera equitativamente repartido, en algunas hasta los más débiles pueden hacer valer sus derechos constitucionales. Por desgracia, en la versión argentina, aún hay millones de personas que están en efecto marginadas. Para sobrevivir, dependen material y anímicamente de organizaciones políticas clientelistas que las mantienen subordinadas. ¿Serán capaces los miembros de la clase política nacional de remediar tales deficiencias en los años próximos? A juzgar por los resultados de las elecciones legislativas, la mayoría les está pidiendo moderación y más sentido práctico, o sea, que aprendan de la experiencia de las tres décadas últimas para que en las próximas la democracia se vea definitivamente consolidada.


James Neilson





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