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BÁEZ PIDE CENSURA PREVIA A MEDIOS PERIODÍSTICOS

     REACCIONA POR LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

El empresario K solicitó que ningún medio publique información vinculada a sus empresas. Así reacciona por la investigación periodística sobre vínculos de sus empresas con las de la familia Kirchner. No descarta "sobornos" por filtraciones; por ello, pide que se investigue a la AFIP y la UIF.
El empresario Lázaro Báez pidió hoy a la Justicia que le prohíba a todos los medios de comunicación dar información u opiniones de sus empresas y reclamó que se investigue a la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) porque sospecha que pudo haber "pago de sobornos" a "funcionarios públicos" para obtener esos datos.

En la denuncia a la que accedió DyN, Báez pidió que se dicte una medida cautelar a "fin de que se ordene a los organismos públicos, portales de Internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información, abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno" sobre información comercial de sus empresas.

El mayor contratista de obra pública de Santa Cruz hizo la petición en una presentación en el juzgado federal de Río Gallegos, luego de una serie de notas del diario La Nación que informaron que la empresa "Valle Mitre S.A." pagó varios millones de pesos para alquilar habitaciones en hoteles del matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Kirchner.

El empresario, a través de su abogado Juan Pablo Gregori, dijo que se usó información comercial de la compañía y pidió que se investigue a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) como los presuntos organismos que dieron los datos.

Báez solicitó que la medida tenga vigencia "hasta tanto se establezca la licitud o ilicitud de la forma en que dicha información salió del ámbito privado de la empresa y/o de sus autoridades y/o propietarios y/o de algún organismo público en que obrare tal información".

La defensa de Báez, investigado en Santa Cruz por irregularidades en la obra pública y en esta Capital por lavado de dinero, sostuvo que la información publicada en el diario La Nación por el periodista Hugo Alconada Mon es confidencial y que solo está en manos de organismos como la AFIP y la UIF.

"No se puede descartar, entonces, que funcionarios desleales de dicho organismo hayan sido quienes revelaron a los medios esas informaciones privadas y confidenciales", sostiene la denuncia, y agrega que "no se puede descartar por ahora que para la obtención de la información confidencial, se haya recurrido al pago de sobornos a funcionarios públicos".

El empresario pidió que se investigue "cuál fue la manera exacta en que se violaron los secretos que llegaron a manos del periodista Alconada Mon, el que luego los difundió a través de la empresa para la que trabaja".

La denuncia sostiene que con la publicidad de esa información "se afecta no sólo a la empresa sino a quienes la gobiernan, es evidente, en tanto con las notas periodísticas mencionadas se pretende insinuar, sobre la base de la utilización de la información ilegalmente obtenida, que ha existido una suerte de negociación espuria entre mi mandante y la familia presidencial".

Báez pidió ser querellante en la causa, que quedó a cargo de la conjueza federal Andrea Askenazi Vera.

Puntualmente, Báez solicitó que se ordene a "los organismos públicos, portales de internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información, abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno basado en la información comercial privada de la empresa Valle Mitre S.A. y de las empresas con las que ésta se encuentra vinculada comercialmente, hasta tanto se establezca la licitud o ilicitud de la forma en que dicha información salió del ámbito privado de la empresa y/o de sus autoridades y/o propietarios y/o de algún organismo público en que obrare tal información", según el escrito al que accedió Infobae.

De acuerdo a los hechos relatados por el abogado de Báez, las notas publicadas los últimos tres días en el matutino La Nación están basadas en datos contables de la empresa que deberían ser resguardados por la Justicia.

La investigación, realizada por el periodista Hugo Alconada Mon, repasa negocios entre empresas de Báez y la familia Kirchner, propietaria de distintos hoteles en el sur del país. De acuerdo a la información a la que accedió el periódico, Báez alquiló habitaciones en los complejos que compraron los Kirchner a cambio de millonarios ingresos.

La Nación informó que dichos ingresos no fueron incluidos en las declaraciones juradas de Néstor y Cristina Kirchner, versión que esta mañana fue desmentida categóricamente por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

Gregori cuestionó que en las notas se reconoció que los periodistas tuvieron acceso a "ciertos contratos confidenciales firmados por Valle Mitre S.A." donde se detallan, por ejemplo, la cantidad de empleados que registran cada una de las empresas co-contratantes.

Bajo el título de "significado jurídico de los hechos relatados", el abogado de Báez asegura que a los registros contables a los que se hizo alusión en la investigación periodística sólo se pudo haber accedido en el contexto de "una verificación impositiva o que obran en poder del organismo recaudador en función de los deberes de información que pesan sobre los contribuyentes".

"La información divulgada no es, ciertamente, de aquella que deba ser publicada, informada o certificada de algún modo ante los registros que controlan el normal funcionamiento de las sociedades comerciales", continuó la medida presentada.

Hasta ahora, Báez había cuestionado las informaciones periodísticas que lo imputaban como autor de distintos delitos. Es más, había utilizado su propio diario para desmentir las versiones. Sin embargo, este tipo de pedidos judiciales buscando censurar a la prensa es una medida sin antecedentes.

Quien deberá decidir sobre el pedido del empresario es Andrea Belinda Askenazi Vera, jueza federal subrogante de Río Gallegos.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), por su parte, expresa su profunda preocupación ante una medida cautelar presentada por el empresario Lázaro Báez que, de ser aceptada por la Justicia, implicaría una clara práctica de censura previa. ADEPA sostiene que la censura previa es inconstitucional. (Agencia DyN)


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