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RÍO NEGRO: INFORME DEL MINISTERIO PÚBLICO

LAS FISCALÍAS DE RÍO NEGRO MANEJAN 170 CAUSAS DE CORRUPCIÓN
Unas 170 causas relacionadas con delitos contra la administración pública se tramitan en el ámbito del Ministerio Público. Así se desprende de los datos que conforman el listado que desde ese organismo judicial se remitió a los legisladores Nicolás Rochas y Alejandro Ramos Mexía, tras la solicitud de acceso a la información pública realizada por los parlamentarios del Frente para la Victoria.

Se desprende de un informe que elaboró el Ministerio Público. Algunas están cerca del juicio oral, pero otras no pasaron de la etapa de las investigaciones preliminares.

La idea de Rochás y Ramos Mexía es relevar en qué instancia se encuentran las investigaciones y poder comparar el grado de avance que tengan en los próximos meses (ver aparte).

El informe remitido por la procuradora general Silvia Baquero Lazcano está conformado por las notas que le enviaron a ella a su vez los distintos fiscales de la provincia abocados a causas de presunta corrupción. Además, contiene extensos cuadros en los que se organizan los expedientes, mencionando cómo fueron recibidos en el Ministerio Público Fiscal, cómo se caratulan, en algunos casos el juzgado en el que tramitan, los imputados, la fecha del último movimiento, en qué consistió ese trámite y algunas observaciones, sin mayores detalles.

Ahora, con la enumeración de los fiscales en mano, para los legisladores quedará la tarea de analizar a qué hechos corresponden esos expedientes y sumar más información para conocer si de los imputados originales hubo modificaciones y otras cuestiones referidas a cada una de las denuncias investigadas.

La respuesta judicial puede dividirse en varios bloques. En lo recibido por los legisladores se observan grupos de causas separadas por las fiscalías intervinientes.

Las de Viedma surgen de la Unidad Fiscal Temática Nº 3, a cargo de Itziar Soly, bajo cuya incumbencia queda la acusación en hechos de supuesta corrupción.

Es en esa UFT en la que se evalúa el accionar de los actuales y exfuncionarios de mayor jerarquía, en situaciones de amplia trascendencia y difusión pública en los últimos años.

Entre otros, se encuentran varios expedientes por venta presuntamente irregular de tierras fiscales que tienen como imputados a exfuncionarios, entre ellos, a quien fuera ministro de la Producción, Juan Accatino. En alguno de esos casos se lo mencionó también al exgobernador Miguel Saiz.

También se incluye la emblemática causa conocida como de “los sobresueldos” que implica a casi la totalidad de los exministros de Saiz, pero que hasta la instancia actual no roza al exmandatario.

“Se asemeja a los sobresueldos de Carlos Menem; muy difícilmente hubiera escapado por lo menos al conocimiento del exgobernador Saiz. Si uno evalúa las crónicas periodísticas de ese momento y la defensa que hacía el exmandatario de sus funcionarios uno se da cuenta que conocía sobre la mecánica”, dijo Nicolás Rochás en relación a aquella paradigmática causa iniciada a principios de 2011.

Por otro lado, hay varias investigaciones de hechos ocurridos en municipalidades que involucran a actuales y exintendentes. Uno de ellos es Javier Iud de San Antonio Oeste, por denuncias referidas a los costos de obras de asfalto, entre otras. Además, están mencionados Ricardo Pedranti, de Lamarque; Juan Villalba de Río Colorado; Daniel Belloso de Choele Choel; Héctor Funes de Chimpay; Daniel Fioretti de Regina, y otras que involucran a funcionarios de segundas o terceras líneas en las comunas.

Otro bloque de expedientes podría conformarse con aquellas que tienen vinculación con obras escolares durante a gestión de Saiz, que tienen como imputados a exfuncionarios –hasta el exministro César Barbeito– y a empresarios.

En otro grupo podrían ubicarse las causas contra funcionarios policiales por irregularidades presuntamente cometidas en la fuerza. En un solo expediente de este tipo hay una veintena de agentes mencionados.

De las más actuales pueden citarse la causa contra el exlegislador Mario Bartorelli por haber seguido ejerciendo su tarea de médico recibiendo pagos de la obra social estatal rionegrina, por lo cual se lo acusó de presunta incompatibilidad en sus cargos.

También se incluyó en el listado la causa en la que está procesado el exfuncionario de Recursos Humanos, Gabriel Limardo, por designaciones de tres funcionarias fantasmas, incluyendo la falsificación de documentación, y por permitir el cobro de fondos públicos.

El procesamiento a Limardo se encuadra en “fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el incumplimiento de los deberes de funcionarios público”.

A las tres mujeres que fueron designadas funcionarias se las procesó por “partícipes necesarios del delito de fraude” a la administración pública. Estos hechos ocurrieron en el 2013.

La extensa lista permitirá a los legisladores obtener un panorama general de cómo está actuando la justicia en causas que impactaron fuertemente en la sociedad rionegrina por haber involucrado a funcionarios públicos. Para los ciudadanos, en tanto, es un interesante ejercicio para la memoria colectiva, ya que la revisión de esos expedientes permite mantener en debate y vigentes conductas presuntamente irregulares que, con el paso del tiempo, tienden a disiparse y perderse en el olvido:

Baquero Lazcano Procuradora
La jefa del Ministerio Público elaboró un informe en base a un relevamiento que hicieron todas las fiscalías.

Nicolás Rochás Diputado
Junto con su par Alejandro Ramos Mexía pidió el mapeo de todas las causas para hacerles un seguimiento.

Juan Accatino Exministro
Aparece como involucrado en los expedientes por la venta presuntamente irregular de tierras fiscales.

Gabriel Limardo Exfuncionario
Lo acusan de fraude en perjuicio de la administración pública tras su paso por Recursos Humanos.

Omar Contreras Exministro
Tuvo una condena a fines del año pasado y es uno de los imputados en la causa de los sobresueldos.

César Barbeito Exministro
El también excandidato a gobernador aparece mencionado en varios expedientes.

Lo que hay que saber

Las 170 causas involucran en total a más de 300 actuales y exfuncionarios.
Pueden dividirse en varios bloques: manejo irregular de fondos, ventas de tierras, abusos de autoridad, incumplimiento de deberes, sobreprecios, entre otros.
Hay algunas que llevan más de diez años de tramitación. Varias corren el riesgo de prescribir.

Muchas no avanzaron ni en el mínimo trámite.

Otras esperan ser elevadas a juicio o están listas para debatirse en audiencias orales y públicas.

El informe, a manera de cuadro sinóptico, fue entregado por el Ministerio Público Fiscal a los legisladores Alejandro Ramos Mexía y Nicolás Rochás, que lo pidieron formalmente a la procuradora Silvia Baquero Lazcano.

Rochás lo consideró como “una interesante fotografía que nos va a permitir comparar cómo están los trámites de las causas relacionadas a la corrupción ahora y cómo estarán dentro de unos años”.

“Las causas están a baño María”, dijo el diputado. Hay pocos procesamientos, menos elevaciones a juicio y mínimas sentencias, destacó.

Las causas más emblemáticas son la de sobresueldos –que está lista para el juicio oral– durante la gestión de Saiz y la del pago de salarios a personas ajenas a la administración pública, originada en la primera gestión de Weretilneck.

Nombres que se repiten
Sobresueldos, la causa emblemática

Una de las investigaciones emblemáticas de supuesta corrupción es la denominada causa de los sobresueldos en la que se encuentran imputados exfuncionarios del gobierno rionegrino. Ese expediente fue elevado a juicio.
Están involucrados Diego Rodolfo Larreguy, César Barbeito, Juan Accatino, José Omar Contreras, Aníbal Fructuoso Hernández, Alberto Carosio, Daniel Bossero, Cristina Uría, José Eugenio Ongaro, Sergio Pendaz y Alfredo Pega, todos con procesamiento ratificado.

Para Gustavo Adolfo Picchi y Francisco Javier González, el trámite avanzó de manera posterior porque tenían fueros y particularidades que retrasaron el proceso.

Esta causa judicial se inició en 2011 tras una investigación de “Río Negro” y se calculó que significó pagos por casi 27 millones de pesos en total.

Más reciente es la causa contra Luis Bardeggia, quien como titular del IPPV cedió un lote a favor del Municipio de Roca y fue procesado.

Unas 170 causas relacionadas con delitos contra la administración pública se tramitan en el ámbito del Ministerio Público. Así se desprende de los datos que conforman el listado que desde ese organismo judicial se remitió a los legisladores Nicolás Rochas y Alejandro Ramos Mexía, tras la solicitud de acceso a la información pública realizada por los parlamentarios del Frente para la Victoria.

La idea de Rochás y Ramos Mejía es relevar en qué instancia se encuentran las investigaciones y poder comparar el grado de avance que tengan en los próximos meses (ver aparte).

El informe remitido por la procuradora general Silvia Baquero Lazcano está conformado por las notas que le enviaron a ella a su vez los distintos fiscales de la provincia abocados a causas de presunta corrupción. Además, contiene extensos cuadros en los que se organizan los expedientes, mencionando cómo fueron recibidos en el Ministerio Público Fiscal, cómo se caratulan, en algunos casos el juzgado en el que tramitan, los imputados, la fecha del último movimiento, en qué consistió ese trámite y algunas observaciones, sin mayores detalles.

Ahora, con la enumeración de los fiscales en mano, para los legisladores quedará la tarea de analizar a qué hechos corresponden esos expedientes y sumar más información para conocer si de los imputados originales hubo modificaciones y otras cuestiones referidas a cada una de las denuncias investigadas.

La respuesta judicial puede dividirse en varios bloques. En lo recibido por los legisladores se observan grupos de causas separadas por las fiscalías intervenientes.

Las de Viedma surgen de la Unidad Fiscal Temática Nº 3, a cargo de Itziar Soly, bajo cuya incumbencia queda la acusación en hechos de supuesta corrupción.

Es en esa UFT en la que se evalúa el accionar de los actuales y exfuncionarios de mayor jerarquía, en situaciones de amplia trascendencia y difusión pública en los últimos años.

Entre otros, se encuentran varios expedientes por venta presuntamente irregular de tierras fiscales que tienen como imputados a exfuncionarios, entre ellos, a quien fuera ministro de la Producción, Juan Accatino. En alguno de esos casos se lo mencionó también al exgobernador Miguel Saiz.

También se incluye la emblemática causa conocida como de “los sobresueldos” que implica a casi la totalidad de los exministros de Saiz, pero que hasta la instancia actual no roza al exmandatario.

“Se asemeja a los sobresueldos de Carlos Menem; muy difícilmente hubiera escapado por lo menos al conocimiento del exgobernador Saiz. Si uno evalúa las crónicas periodísticas de ese momento y la defensa que hacía el exmandatario de sus funcionarios uno se da cuenta que conocía sobre la mecánica”, dijo Nicolás Rochás en relación a aquella paradigmática causa iniciada a principios de 2011.

Por otro lado, hay varias investigaciones de hechos ocurridos en municipalidades que involucran a actuales y exintendentes. Uno de ellos es Javier Iud de San Antonio Oeste, por denuncias referidas a los costos de obras de asfalto, entre otras. Además, están mencionados Ricardo Pedranti, de Lamarque; Juan Villalba de Río Colorado; Daniel Belloso de Choele Choel; Héctor Funes de Chimpay; Daniel Fioretti de Regina, y otras que involucran a funcionarios de segundas o terceras líneas en las comunas.

Otro bloque de expedientes podría conformarse con aquellas que tienen vinculación con obras escolares durante a gestión de Saiz, que tienen como imputados a exfuncionarios –hasta el exministro César Barbeito– y a empresarios.

En otro grupo podrían ubicarse las causas contra funcionarios policiales por irregularidades presuntamente cometidas en la fuerza. En un solo expediente de este tipo hay una veintena de agentes mencionados.

De las más actuales pueden citarse la causa contra el exlegislador Mario Bartorelli por haber seguido ejerciendo su tarea de médico recibiendo pagos de la obra social estatal rionegrina, por lo cual se lo acusó de presunta incompatibilidad en sus cargos.

También se incluyó en el listado la causa en la que está procesado el exfuncionario de Recursos Humanos, Gabriel Limardo, por designaciones de tres funcionarias fantasmas, incluyendo la falsificación de documentación, y por permitir el cobro de fondos públicos.

El procesamiento a Limardo se encuadra en “fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el incumplimiento de los deberes de funcionarios público”.

A las tres mujeres que fueron designadas funcionarias se las procesó por “partícipes necesarios del delito de fraude” a la administración pública. Estos hechos ocurrieron en el 2013.

La extensa lista permitirá a los legisladores obtener un panorama general de cómo está actuando la justicia en causas que impactaron fuertemente en la sociedad rionegrina por haber involucrado a funcionarios públicos. Para los ciudadanos, en tanto, es un interesante ejercicio para la memoria colectiva, ya que la revisión de esos expedientes permite mantener en debate y vigentes conductas presuntamente irregulares que, con el paso del tiempo, tienden a disiparse y perderse en el olvido.


Fuente RÍO NEGRO



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