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OPINIÓN / DE DOMINGO A DOMINGO

OBRA PÚBLICA, DE PICHETTO A FRIGERIO
Una ola de anuncios de obras públicas del gobierno de Mauricio Macri empujó esta semana al gobernador a la desmesura de considerar el 2016 como el año de mayor inversión nacional en la provincia. Lo cierto es que, salvo la Ruta 23 que tuvo el parate lógico de la veda invernal, la obra pública nacional se reactivará recién en el 2017. 
La obra pública en Río Negro (foto ilustrativa)
Mauricio Macri estuvo tres veces por Bariloche desde que asumió como presidente. En una ocasión se bajó del avión oficial y se subió a un helicóptero para ir a descansar al barrio privado Cumelén de Villa La Angostura para fin de año. Y en Semana Santa hizo el mismo transbordo pero para ir a Lago Escondido, la propiedad del multimillonario inglés Joseph Lewis.

La tercera visita fue en marzo. Conoció Invap. Pero el atractivo no era la compañía que desde Bariloche da empleo a 1.400 personas sino Gustavo Grobocopatel (cuyo hijo Rosendo es secretario del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y organizador de los picados de los miércoles en la Quinta de Olivos). Grobocopatel e Invap se asociaron ese día en Frontec, una empresa de servicios satelitales al agro.

El que estuvo esta semana otra vez en la provincia es el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. No anunció obras nuevas pero en Bariloche presentó las licitaciones en marcha para la zona, que incluyen las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de Bariloche y Villa La Angostura, viviendas y una ampliación del gasoducto Cordillerano que, a diferencia de las anteriores, no dejará demanda insatisfecha y permitirá pensar en el crecimiento más previsible de las ciudades de la zona sur de la provincia.

Detrás de cada obra relanzada por el gobierno de Macri hay un incumplimiento de la gestión kirchnerista. Para poder avanzar en la ampliación del gasoducto Cordillerano, el Municipio de Bariloche (que ejecutó el trabajo delegado por Nación) debe resolver el conflicto con las empresas que no terminaron la expansión anterior, que está paralizada en la zona de Leleque, Chubut.

El intendente Gustavo Gennuso está a punto de dar por rescindido el contrato con estas empresas para que Nación incluya la deuda (por reconocimiento de mayores costos) en la nueva licitación.

La obra que planea Nación permitirá contar con más de 20.000 nuevas conexiones en el sur de Neuquén y Río Negro y el norte cordillerano de Chubut. Cuesta 1.700 millones de pesos.

Para que la inversión signifique una solución definitiva para los próximos años, es preciso que el gasoducto Patagónico, que alimenta el sistema cordillerano desde el sur, quede conectado con otro ducto, el San Martín, que desde Tierra del Fuego recorre la costa atlántica patagónica.

Por ahora, el Patagónico se nutre de la producción de Cerro Dragón, en manos de Panamerican Energy (PAE), cuyos privilegios en tiempos del kirchnerismo, lejos de decaer, crecieron bajo el gobierno de Macri; todo de la mano del gobernador Mario das Neves. Esta semana se supo que el gobierno nacional giró en lo que va del año 501 millones de dólares a la empresa de los Bulgheroni en compensación por el crudo exportado a un precio menor que el interno.

La distancia que separa la cabecera del gasoducto Patagónico del tendido del gasoducto San Martín es ínfima y el beneficio para PAE, enorme.

El gobierno de Macri quiere volver al esquema de negocio de los 90 y que de las obras de ampliación se encargue el mercado. Incluyó de todos modos, como excepción, al Cordillerano entre las únicas tres extensiones que encarará en los próximos años.

En el caso de la construcción de viviendas, paralizadas desde el cambio de gobierno, “Río Negro” adelantó el jueves que la Subsecretaría de Vivienda enviará a la Oficina Anticorrupción denuncias porque el año pasado se giraron fondos para construir casas a los municipios de Sierra Grande, Fernández Oro y Bariloche que no se usaron para ese fin.

La llave de la obra pública nacional en la provincia la tenía hasta el año pasado el senador nacional Miguel Pichetto. Llama la atención que las denuncias del subsecretario de Viviendas, Iván Kerr, sólo abarquen tres municipios.






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