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RÍO NEGRO: CINCO AÑOS SIN SOLANO

EL TRABAJADOR GOLONDRINA QUE FUE DESAPARECIDO POR LA POLICÍA
La jueza María Bosco manejaba su propia teoría. Daniel Solano (26) desaparecido hace cinco años, sacado por agentes de la Policía de Río Negro del boliche Macuba, de Choele Choel, “estaría perdido en alguna ruta rumbo a Neuquén”. Algo así como una picardía de un peón salteño llegado al valle medio rionegrino a trabajar en la cosecha.

Otro caso sin resolución y con una investigación judicial asentada al principio de las actuaciones judiciales en teoría alejadas de una realidad que parecieran todos conocer y a la vez soslayar. La explotación de mano de obra por parte de la empresa belga Exprofrut, que ahora anunció el cierre de dos plantas frutícolas en la provincia y su socia Agrocosecha.

Los trabajadores rurales aportan a reducir el costo laboral de la cosecha con la complicidad de patrones, el gremio y como no puede ser de otra manera de la policía y por qué no de algún funcionario.

Conocidos como “trabajadores golondrinas”, vienen del norte tentados por punteros locales que trabajan para las empresas, viajan en micros de tercera línea anotados como “turistas” y no como obreros. Viven en gamelas, galpones sucios y abandonados, cerca de los campos, donde se apiñan en camas cuchetas, usando letrinas que huelen a pis concentrado, duchas sin agua caliente y cocinas con una sola hornalla de gas.

Se pudo comprobar a poco caminar en las averiguaciones que Solano era una piedra en el zapato, porque precisamente levantaba el reclamo de los “golondrinas” sobre pagas atrasadas, maltrato y condiciones infrahumanas en sus alojamientos.

Cada año, más de 350 mil trabajadores golondrina recorren el país. A la cosecha de la fruta, entre el Alto y el Valle Medio de Río Negro, viajan cerca de 40 mil.

Sergio Heredia, defensor de la familia Solano, llegó a Choele Choel desde Salta, a investigar el caso y fue quien planteó la denuncia sobre su desaparición y puso el acento en la policía y en la investigación judicial.

En el primer expediente, según el abogado Heredia, estaba la clave del caso. Dice: a Solano lo mandaron a matar unos empresarios para que no reclamara por su salario. Habrían contratado a policías y planificaron una trampa en un boliche local. Lo hicieron en cuestión de horas. Luego la justicia y los funcionarios locales habrían desviado la pesquisa, comprado testigos para hacer creer que Solano había desaparecido por cuenta propia, a “empezar una nueva vida en Neuquén”. Nadie hubiera pensado, quizás porque en un pueblo tan chico un pacto de silencio de poderosos jamás se quiebra, que un abogado llegado de Salta, se metería con la investigación.

En los contratos truchos que firmaban los trabajadores rurales con las empresas tercerizadas, había una cláusula que establecía que “si un trabajador tiene problemas con la policía o la justicia, es despedido inmediatamente, sin derecho a indemnización”.

Hugo Hilario Corvalán, un obrero que trabajó en la cosecha de la fruta, le contó que al abogado Heredia que un año antes de la desaparición de Solano, no sólo lo despidieron por exigir mejores condiciones de trabajo, sino que los policías lo molieron a palos en las oficinas de sus jefes, en las oficinas de Agrocosecha. Heredia subiría este testimonio a You Tube.

En su muro de Facebook, el abogado se preguntará: ¿“Alguien que está lejos de su pueblo se va sin avisar antes a sus conocidos?” “¿Se va olvidándose su ropa y sus documentos en la gamela donde vivía?”. Y, al poco tiempo, responderá: “Daniel Solano no se fue a ningún lugar. Solano se escribía treinta mensajes por día con su novia y llamaba seguido a su padre. Está todo probado: el móvil de su asesinato fue una gran estafa. El tiempo nos dará la razón”.

Todo sucedió rápidamente. Heredia, en mayo de 2012, a seis meses de la desaparición de Solano, dará una conferencia de prensa donde anuncia que “El caso Solano está resuelto”.

Denunciará que Solano cobró el viernes por su trabajo de recolección de la fruta y que se dio cuenta de que en el recibo de sueldo faltaba plata. Se lo comentó a sus amigos, y a ellos les pasó lo mismo. Que los dueños de la empresa Agrocosecha, Adrián Lapenta y Pablo Mercado, planificaron su muerte entre el viernes 4 de noviembre de 2011 y el sábado a la madrugada porque se enteraron que el lunes iría a reclamar a las oficinas por “reintegros” que le pertenecían de su último salario. Para la investigación no era una medida sindical, sólo un eventual reclamo: los trabajadores golondrina no tienen delegados ni están sindicalizados.

Sostiene que si Daniel comprobaba que lo habían estafado, el hecho se convertiría en un efecto dominó que llegaría a miles de trabajadores y por eso lo asesinaron. Que, meses antes, Agrocosecha lo había “marcado” porque Solano rechazó un ofrecimiento para ser puntero -reclutador de obreros- en el norte. “Sospechamos, también, que pudo haber visto algo más que asustó a los patrones”, dice Heredia, que pidió la detención de siete policías, apartó a la jueza Bosco, y puso la lupa en una estafa millonaria que involucra a comisarios, funcionarios, políticos y abogados.

Hay acusaciones durísimas contra la empresa Agrocosecha y la jueza Bosco, que de acuerdo a los comentarios tenía más de cien causas cajoneadas por apremios ilegales de los policías y encima se jubiló para evitar el juicio
La causa está caratulada como homicidio y hay veintidós policías imputados, trece procesados y siete policías detenidos, varios también implicados hace meses en el caso de la muerte del policía Lucas Muñoz en Bariloche, como el oficial principal Luis Daniel Irusta.

El caso Solano es un fierro caliente que todos se quieren sacar de encima. Según el abogado Heredia la estafa es millonaria, donde las empresas Expofrut y Agrocosecha explotaron a más de 500 indígenas por más de 18 millones de pesos. Esto habría destapado Solano.

La tarea de investigación de la desaparición del trabajador salteño tiene como búnker una pequeña oficina en la parroquia de Choele Choel, y cuenta con la inestimable colaboración del párroco Cristian Bonin, quien recibió distintos tipos de amenazas, sin que se investigue el origen de los amedrentamientos.

La desaparición de Daniel Solano se suma a la larga lista de casos policiales-judiciales en Río Negro, aún no resueltos: Otoño Uriarte, Atahualpa Martínez, Lucas Muñoz….

¿Por qué me pegan? Yo no hice nada —habrían sido sus últimas palabras, ensangrentado, en la esquina del boliche Macuba, hace cinco años.

ADN

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