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INSISTEN CON LA IMPUTACIÓN AL MINISTRO VALERI POR EL INTERCONECTADO DEL RÍO ESCONDIDO QUE LLEVA ENERGÍA A EL BOLSÓN

LO ACUSAN DE NO CONTROLAR EL TENDIDO SUBTERRÁNEO 
La denuncia la hicieron referentes ambientalistas. Un juez la había rechazado pero la decisión fue apelada. Lo acusan de no controlar el tendido subterráneo de media tensión para interconectar la central hidroeléctrica del río Escondido. La central hidroeléctrica pertenece a Patagonia Energía, del grupo Lago Escondido. Tiene una potencia instalada de 7,2 MW. Toma agua del río Escondido y luego la restituye.

El fiscal de cámara Eduardo Fernández sostuvo parcialmente la imputación que el fiscal de El Bolsón Francisco Arrien había promovido para investigar si hubo irregularidades en la ejecución de la obra del tendido subterráneo de la línea desde la central hidroeléctrica sobre el río Escondido, que pertenece al magnate inglés Joseph Lewis, hasta la usina de El Bolsón.

Fuentes judiciales informaron ayer que Fernández sólo mantuvo la acusación para investigar si el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Carlos Valeri; el secretario de Energía, Sebastián Caldiero; y el titular del DPA, Fernando Curetti, cometieron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al omitir los controles en la ejecución del tendido subterráneo.

Sin embargo, Fernández desistió de seguir adelante con la imputación contra el presidente de la empresa Patagonia Energía SA, Nicolás Van Ditmar, y dos directores de la firma vinculada al inglés, que había sido acusados por el delito de daño ambiental por el impacto de la obra.

Ayer por la mañana se hizo la audiencia en la que el fiscal planteó los fundamentos del recurso de apelación, que se interpuso para revocar la polémica resolución del juez Marcos Burgos, que rechazó en un trámite exprés la promoción de acción penal formulada el fiscal de El Bolsón para iniciar la investigación.

La defensa particular solicitó ayer al tribunal que se rechace la apelación del fiscal. Las fuentes explicaron que tras escuchar los argumentos de Fernández y la defensa, el tribunal se tomará hasta 8 días hábiles para dictar el fallo que hará lugar o desestimará la apelación de la fiscalía. La única certeza es que no se investigará si hubo daño ambiental con la ejecución de la obra tras la decisión del fiscal de no sostener la acusación.

Arrien promovió a finales de diciembre pasado la acción penal para iniciar la investigación. Burgos la recibió el 28 de diciembre último, pero el 29 de diciembre la rechazó “porque los hechos objetos delimitados en la promoción de acción penal y sus circunstancias fácticas no constituyen delito”.

El referente nacional de Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Juan Grabois, junto con varias organizaciones ambientalistas y sociales de El Bolsón y pobladores de Mallín Ahogado, presentaron en agosto pasado una denuncia penal en una fiscalía de Bariloche contra funcionarios del gobierno. Además, denunciaron a Lewis por los daños y usurpación de aguas. Luego derivaron la denuncia a la fiscalía de El Bolsón. Habían incluido al gobernador Alberto Weretilneck y a Lewis en la presentación, pero Arrien sólo imputó a los funcionarios que tenían la responsabilidad de control.
Fuente Río Negro









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