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LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL: POR LA CIFRA DE FONDOS PÚBLICOS DESVIADOS PARA ENGROSAR “EN NEGRO” LOS INGRESOS DE FUNCIONARIOS Y AGENTES



JUSTICIA CONTRA RELOJ PREPARA EL JUICIO POR LOS SOBRESUELDOS

En mayo serán las audiencias para definir la responsabilidad de 12 ex funcionarios en el reparto arbitrario de fondos públicos. Tras seis años de investigación, hay delitos a punto de prescribir. Es la causa por el pago de sobresueldos durante la gestión del ex gobernador, Miguel Saiz, iniciada hace más de seis años tras una investigación del diario Río Negro. Barbeito y González son los más complicados, ya que se les imputa el delito de “peculado” con una sanción de dos a 10 años de prisión en suspenso.

César Barbeito, ex ministro de Coordinación de Miguel Saiz



En total son 12 los imputados: Los ex ministros César Barbeito, Diego Larreguy, Juan Accatino, Cristina Uría, Omar Contreras y Alfredo Pega; el ex secretario General de la Gobernación, Francisco González; además están acusados Daniel Bossero, Gustavo Pichi, José Ongaro, Sergio Pendas y Aníbal Hernández.

Barbeito y González son los más complicados, ya que se les imputa el delito de “peculado” con una sanción de dos a 10 años de prisión que puede ser impuesta en suspenso, siempre y cuando el imputado no tenga antecedentes, que no es el caso de los ex ministros. Ambos ya tienen condenas en suspenso firmes por otros juicios, por lo que cualquier pena los dejaría en prisión efectiva. A los contadores Bossero y Pichi “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no haber controlado, y a los restantes participación necesaria en “peculado”.

Por los “sobresueldos” que se habrían distribuido entre esos funcionarios de primer nivel, el Estado rionegrino habría abonado en total 26.814.360 millones de pesos entre 2004 y 2010.

La fecha de juicio aún no fue fijada debido a que aún se tramitan las sustituciones de abogados defensores tras las renuncias de Jorge Crespo y Miguel Cardella, quienes asumieron como Procurador General de Río Negro y juez de impugnación en Viedma, respectivamente.

Hay urgencia en la realización de este juicio para evitar la prescripción de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario” que pesa sobre varios de los imputados.

El Tribunal de juicio está integrado por el juez de Garantías Ignacio Gandolfi, y los camaristas laborales de Viedma Gonzalo Guerra Lavayén y Marcelo Valverde. Una vez designados todos los defensores será convocada una nueva audiencia para depurar la lista de testigos que suman unos 200, lo que significaría más de un mes de audiencias, plazo considerado excesivo.

Procesados hace seis años

El dos de mayo de 2012 el ex juez penal, Carlos Reussi, procesó a los ex funcionarios. Al año siguiente la Cámara en lo Criminal integrada por Pablo Estrabou, Jorge Bustamante y Francisco Cerdera confirmó los procesamientos al considerar que las resoluciones fueron dictadas, las órdenes de pago libradas y los cheques cobrados.
Francisco González, ex secretario de la Gobernación




“Si la resolución 61/04 firmada por quien ocupaba en ese momento el ministerio de Coordinación, César Barbeito, pudo tener un tinte de legitimidad al otorgar la bonificación, esa legitimidad hizo agua a la hora de ser implementada, puesto que no permitió el debido control con lo cual, en un sistema de hecho, quien resolvía el pago del adicional podía disponer a su libre arbitrio de una importante suma de dinero que todos los meses recibía personalmente”, sostuvo el Tribunal. 

Interpretó que fue un sistema donde el ministro o el secretario disponían de dinero público destinado a una bonificación salarial pero “con absoluta libertad y con prescindencia de toda forma o motivo, pudiendo beneficiarse a sí mismo en más o en menos, a los demás funcionarios o incluso empleados, sin sujeción a ningún parámetro reglamentario”. Agregó que no hubo control del gasto y que ese pago “pasó de ser discrecional a arbitrario al perseguir otros fines que los normativamente fijados”.

Concluyó que se trató de “una verdadera desviación de poder porque Barbeito como ministro de Coordinación y González como secretario General de la Gobernación con la intervención de los restantes ministros establecieron e hicieron funcionar un sistema por el cual sustraían mensualmente de la Administración Pública importantes sumas de dinero con alegado destino a pago de adicionales” a funcionarios y algunos empleados “sujeto a la mera voluntad de los administradores” y sin que quedara registro administrativo alguno. “De esta manera se dio lugar a la sustracción de los fondos configurándose el delito de peculado”, agregó el fallo. 

El Tribunal interpretó que “no se trató solo de una administración desprolija de los fondos” sino que fue vulnerada la propiedad (administración pública) “desde que el funcionario dispuso de fondos asignados para una bonificación ‘a piacere’ por más que se alegue ‘lo acordado’ en el gabinete, de lo cual no obra constancia probatoria”.

El exfiscal de Estado, Alberto Carosio, admitió en un juicio abreviado haber incumplido “los deberes de funcionario público” y recibió una multa de $ 12.500 e inhabilitación de un mes.





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