El escueto comunicado sin mayores detalles del área de prensa daba cuenta hoy por la mañana que “cesó la usurpación de tierras en el acceso Norte a la ciudad”, frente a la planta de gas (Coopetel), sobre la ruta Nacional 40.
Todo, producto del “diálogo y consenso”, única manera “en la cual se avanza y resuelven las distintas problemáticas”, señala el parte, a la vez que agradece a la Fiscalía Descentralizada local, que acompañó las negociaciones realizadas por el Municipio de El Bolsón.
LOS CONSIDERANDOS
Entre sus considerandos, Juez Sustituto del Juzgado N°11 de El Bolsón, Marcelo Muscillo, indica que “el peligro en la demora que justifica la adopción de la cautelar de prohibición de innovar, prohibiendo expresamente a la totalidad de los sujetos pasivos ocupantes de la reserva que construyan, mejoren, enciendan fuego, desmonten y talen especies arbóreas y en definitiva cese toda intervención en la reserva Forestal Loma del Medio”.
Muscillo también expresa que “por todo lo expresado en los puntos anteriores es que entiendo procedente la medida cautelar solicitada. Realmente, se está afectando el medio ambiente como así también al equilibrio ecológico y al patrimonio natural al producirse los asentamientos denunciados con todas las consecuencias que ello conlleva.”
LA SENTENCIA
Con fecha 27/08/2020, se presenta el Dr. Marco Burelli, en su calidad de apoderado de la Municipalidad de El Bolsón, peticionando que se dicte medida cautelar tendiente a paralizar cualquier avance o mayor depredación en el predio objeto de amparo. Advierte que la verosimilitud del derecho y peligro en la demora está suficientemente acreditada con la constatación, fotografías, el informe del Servicio Forestal Andino y la constatación e informe adjuntados. Afirma que de esos anexos documentales y el estado público emerge ineluctable la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora que justifica la adopción de la cautelar de prohibición de innovar, prohibiendo expresamente a la totalidad de los sujetos pasivos ocupantes de la reserva que construyan, mejoren, enciendan fuego, desmonten y talen especies arbóreas y en definitiva cese toda intervención en la reserva Forestal Loma del Medio.
Respecto de la contracautela solicita que atento el carácter extensivo de la presente acción a la protección de la ciudadanía de El Bolsón en un claro supuesto de afectación de derechos de incidencia colectiva de rango constitucional cuya tutela efectiva no debe ser restringida, peticiono se exima a su parte de este requisito. Señala que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución que debe recaer en otro proceso.
Ellas están destinadas a satisfacer cualquier petición que, por el paso del tiempo (lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final), resulte materialmente irrealizable, ya sea porque sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o se tornen inoperantes los efectos de la resolución (cfr. Palacio, “Derecho Procesal Civil”, Tomo VIII Procesos cautelares (voluntarios), pág. 13, Editorial Abeledo-Perrot).-
La procedencia de las medidas cautelares está sujeta al cumplimiento de dos requisitos: 1) la verosimilitud del derecho invocado, en forma tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el proceso principal se declarará la certeza de ese derecho y 2) el peligro probable de que la tutela jurídica definitiva no pueda, en los hechos realizarse. Es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes.
Estima que los elementos arrimados a la causa resultan suficientes para considerar la posibilidad de acceder a la medida solicitada, toda vez que del relato de los hechos y de la documental acompañada en el inicio surge mucho más que “prima facie” acreditados los presupuestos necesarios para la viabilidad de la misma. Además, y en cuanto al “fumus bonus iuris” (humo del buen derecho), entiende que se encuentra comprobado el gravamen irreparable que se pretende tutelar. El periculum in mora, en el caso, se define por sí mismo.
Reitera su solicitud de eximición de la contracautela por imperio del 195 del CPCC. Acorde a la doctrina de la Corte que ubican a la justicia social, como principio de interpretación jurídica de jerarquía constitucional. Concluye que existe un evidente peligro en la demora y el derecho invocado es por demás verosímil. En lo que hace a una posible contracautela, solicita que se considere que, por las especiales circunstancias de este caso, suficiente una caución juratoria.
2º) Que, entrando a analizar los peticionado, debo tener presente que los principios ambientales, en especial el preventivo y el precautorio, definen y diseñan la medida cautelar ambiental, otorgando a la misma caracteres y abordajes que no se compadecen con las medidas cautelares solicitadas en otras temáticas. Se consolida una profunda relectura de la medida cautelar.
En las medidas cautelares ambientales el principio precautorio permite minimizar las exigencias de su otorgamiento. Así Camps destaca, en lo relativo al principio precautorio y su operatividad, que el abordaje cognitivo debe “combinar la verosimilitud del derecho… con la regla propia del derecho ambiental: el principio precautorio”; y agrega que “el principio precautorio aliviana la tarea judicial, permitiendo que no sea exigible ni siquiera la prueba de tal verosimilitud”. (LA MEDIDA CAUTELAR AMBIENTAL EN EL PROCESO COLECTIVO AMBIENTAL, Falbo, Aníbal J.) Lo que adquiere peso principal es esta pauta: han de adoptarse las medidas necesarias para proteger el ambiente.
La Corte Federal expresa “Es a la luz de estos principios… que deben entenderse las facultades que el art. 32 de la Ley General del Ambiente otorga a la autoridad judicial interviniente con el objeto de disponer de todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general.
En igual sentido debe interpretarse el último párrafo de ese artículo en cuanto dispone que en cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, que el juez también podrá disponer sin petición de parte, aun sin audiencia de la parte contraria, prestándose debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse (Fallos: 333:748, disidencia de los jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni)”. (Op.Cit.).
La ley provincial 2779 permite al Juez ordenar medidas cautelares tendientes a proteger el medio ambiente. En el caso, es que, por tratarse de materia ambiental, los recaudos son mucho menos estrictos que en las cautelares en general, teniendo en cuenta el principio precautorio. Ha sido Camps quien ha destacado, inteligentemente, que el abordaje cognitivo de las cautelares en temas ambientales debe “combinar la verosimilitud del derecho… con la regla propia del derecho ambiental: el principio precautorio”, para enseguida afirmar que “el principio precautorio aliviana la tarea judicial, permitiendo que no sea exigible ni siquiera la prueba de tal verosimilitud”.
Incluso llega a una conclusión tan profunda como impecable, cuando afirma que, en los casos ambientales regidos por el principio precautorio, como “para la sentencia final o de mérito no se requiere certeza respecto del efecto contaminante, la simple verosimilitud del derecho para obtener una cautelar… será de un nivel o tipo de conocimiento todavía menor que el que se requiere en el contexto de la protección de otros tipos de derecho”. (“La no regresión y la precaución. Cómo los principios ambientales crean y definen a la cautelar ambiental”, Falbo, Aníbal J., RDAmb 45 , 180, Thomson AR/DOC/4096/2016). 3°) Que, existe en juego numerosa normativa.
Así, el art. 178 de la Carta Orgánica Municipal, expresamente indica que Artículo 178º: “El Municipio de El Bolsón establece las siguientes Reservas: a) Son Reservas Forestales, con destino a la protección del medio ambiente, recreativas y paisajísticas, las masas boscosas de la Loma del Medio y sus áreas anexas.
Su art. 188 establece que: “Toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos, será considerada año ambiental. Es responsable de daño ambiental de incidencia colectiva, toda persona pública o privada que, por acción u omisión en sus hechos o actos jurídicos lo haya ocasionado y será objetivamente responsable de su re establecimiento al estado anterior a su producción. Así se evidencia el interés del Municipio en la protección del medio ambiente y en particular de la reserva en cuestión.
En esa línea está también la ley provincial 4366 de presupuestos mínimos para la protección de Bosques Nativos por la cual se adhirió a la ley 26.331 que propone entre sus objetivos implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo; mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad; hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad; Teniendo en cuenta dicha ley, estamos en presencia de un área de conservación calificada como roja, es decir, sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse.
