cultura
ANTICIPO EXCLUSIVO DEL LIBRO
QUE RELATA SU CAUTIVERIO
Los autores del libro “Preso
de conciencia” arribaron a Caracas el 7 de mayo de 2014, para culminar con
trabajo de campo una investigación de dos meses y medio, iniciada el mismo día
que el gobierno de Nicolás Maduro dispuso la detención de Leopoldo López Mendoza.
Nos alojamos en un hotel
cercano a la plaza Altamira y, en apenas cinco horas, comprobamos que todo lo
que se emite por televisión y se ve en los distintos medios gráficos
internacionales sobre la crisis de Venezuela está muy lejos de la realidad
diaria que allí se padece.
Cerca de las diez de la noche,
salimos a hacer una primera vuelta de reconocimiento.
Fue cuando encontramos,
escondidos, a casi doscientos motociclistas de la Guardia Nacional Bolivariana
que portaban armas largas.
El despliegue estaba destinado
a desactivar cualquier tipo de “guarimba” —acciones de protesta callejera que
implican la interrupción del tránsito vehicular mediante la colocación de
maderas, vallas o bolsas de basura sobre el pavimento— que intentara interrumpir
las calles principales del distrito de Chacao.
Con los recaudos pertinentes,
seguimos caminando y, apenas tres cuadras más adelante, vimos como cuatro
camionetas azules del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) se
estacionaban frente a un edificio ubicado en la Avenida Sur Altamira.
Las mismas se movilizaban sin
chapas patentes, ni números de móvil identificatorios (al igual que ocurre con
todas las patrullas de las fuerzas de seguridad nacionales.).
Unos veinte efectivos,
vistiendo trajes camuflados color gris y ocultando su rostro con pasamontañas,
descendieron de los gigantescos rodados e i irrumpieron violentamente en un
edificio de propiedad horizontal. Pocos minutos más tarde, se llevaron
detenidas a dos personas de más de setenta años.
Al día siguiente, el SEBIN los
acusó porque, supuestamente, habían prestado colaboración a los estudiantes que
manifestaban en la zona.
Tratando de esquivar todos
estos operativos que se llevaban a cabo con celeridad por calles entre
penumbras, nos guarecimos en Los Pilones, un restaurante de la zona.
Cuando nos retiramos, ya
entrada la madrugada, pudimos comprobar que sobre la Avenida Francisco de
Miranda unos setecientos uniformados, que respondían al gobierno nacional,
estaban llevándose presos a más de doscientos estudiantes que acampaban en
protesta por las duras políticas represivas de la administración que encabeza
Nicolás Maduro.
Se trataba de cuatro
campamentos establecidos frente a la sede de las Naciones Unidas, en la capital
venezolana.
Según los partes oficiales
“las carpas servían de refugio a grupos violentos que salían a cometer desmanes
en la zona, utilizando como excusa esa supuesta protesta pacífica”.
Sin embargo, al día siguiente,
los programas de televisión ultra oficialistas se encargaron de exhibir drogas,
armas, explosivos y morteros que habrían estado en manos de los alumnos
universitarios.
Sólo habíamos visto semejante
tipo de emboscadas nocturnas desplegadas por fuerzas regulares contra la
población civil de un país en Argentina, durante la dictadura militar que
gobernó desde el 24 de marzo de 1976 hasta el regreso de la democracia siete
años y medio más tarde. Y también, en el Chile de Pinochet, luego del golpe de
Estado del 11 de septiembre de 1973.
Como si todo lo narrado
anteriormente fuera poco, los llamados “colectivos” paragubernamentales
recorrían con su enjambre de motos todo el distrito financiero caraqueño,
generando un ruido atronador a pesar de lo avanzado de la hora.
Buscaban meter miedo y
amedrentar a los habitantes de la zona, una de las más refractarias al
chavismo.Los atropellos se repiten cada jornada ante la indiferencia y la
complicidad del resto de los países Latinoamericanos, que desconocen o callan
lo que está sucediendo en Venezuela.
Al llegar al hotel, ubicado
sobre la Avenida del Ávila a pocas cuadras de los escenarios descriptos, la
conserje del turno noche nos comentó, a modo de advertencia, que el
establecimiento había sido allanado ya varias veces y que se habían llevado
detenidos al menos a tres periodistas extranjeros.
Era la primera noche en una
ciudad que creíamos conocer bien, producto de viajes anteriores para distintas
coberturas periodísticas.
Sin embargo, Venezuela había
cambiado de forma radical en los últimos años.
Ahora, los agentes de
seguridad del régimen imperante son los encargados de inspirar en su propia
ciudadanía un temor paralizante.
Marcelo López Masia y Graciela
Russo, autores de “Preso de conciencia”.
Anexo: La carta abierta de
Leopoldo López
Una requisa salvaje en medio
de un proceso injusto. En la madrugada del viernes 25 de Julio de 2014, un
equipo de la División de Contrainteligencia hizo una requisa entre los presos
de la cárcel militar de Ramo Verde. El saldo más grave de dicha requisa, sin
dudas fue la terrible golpiza recibida por el ex alcalde de San Diego, Enzo
Scarano.
El líder nacional del partido
Voluntad Popular, Leopoldo López, el ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos
y el ex director de Seguridad de San Diego, Salvatore Luccese, también
resultaron afectados.
Les robaron televisores,
dinero, libros y apuntes personales. Luego, los confinaron a un sistema de
aislamiento en las peores condiciones. Leopoldo López lo relata en primera
persona.
Acostumbro a acostarme a las
11:00 pm y levantarme a las 4:45 am de la mañana. A la 1:15 am, estaba dormido.
En Ramo Verde, las noches son silenciosas y es común despertarme por algún
ruido. Especialmente el que ya tengo grabado en mi mente: el de las puertas y
los candados al abrirse o cerrarse. Se trata de un sonido profundo, con eco y
chillidos.
Esa noche, no fue eso lo que
me despertó, sino un bullicio en mi propia celda. Abrí los ojos y estaban
frente a mí dos hombres uniformados, de negro de pie a cabeza, armados, con
chalecos, radios y pasamontañas que le tapaban el rostro.
Se encontraban allí, parados
velándome el sueño mientras otros cuatro o cinco, con el mismo aspecto,
destrozaba mi celda, tirando todos los libros al piso, sacando la comida de una
pequeña nevera que tengo, sacando el café, el azúcar y el resto de los
alimentos de sus envases. Abriendo y revisando cada libro, cada milímetro de la
celda. Pregunté qué pasaba y no me respondieron.
Nadie lo hacía. Seguían con su
labor como autómatas sin dirigirme una mirada o una palabra. Comenzaron a
recolectar “objetos de interés” para confiscarlos: libros, Ipod, linterna,
reloj despertador, correspondencia recibida y escrita por mí, apuntes. Lo más
grave: todas las anotaciones que tenía preparadas para mi defensa en un juicio
que es inminente.
Al solicitar saber que pasaba,
nadie me respondió y tampoco se hizo presente ningún representante del
Ministerio Público ni de la defensoría militar como en otras ocasiones. Más
tarde, subió por la escalera y apareció desde las sombras un hombre de mediana
estatura, con el mismo uniforme que sus “compañeros”, pero sin el rostro
tapado.
Lo reconocí al instante. Se
trataba del General Wilman Hernández Aquino, Jefe de Investigaciones de la
Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y hombre de confianza de un General
detenido ese mismo día en Aruba por narcotráfico: el Pollo Hugo Caravajal
Desde que llegué a la cárcel
de Ramo Verde, me han hecho ocho requisas, de las cuales sólo dos han sido
extensivas también al resto del penal. Mientras que los otros tres presos
políticos de Voluntad Popular sufrieron cinco inspecciones en total.
En las tres restantes, sólo
revisaron mi celda. He llegado a la conclusión que más que buscar algún
elemento para robarnos (digo esto, porque nunca devuelven nuestras
pertenencias) lo que realmente intentan con estos movimientos es intimidarnos.
Quieren que se sienta de cerca el peso de la bota militar.
Esa noche la requisa fue
distinta a todas las anteriores. Fue sigilosa. Entraron como ladrones, sin
tocar la reja de la celda, evitando el sonido de los candados y las puertas.
Buscaban intimidar tapándose el rostro y por primera vez fueron violentos.
Nos cayeron a golpes. Cuando
se iban a llevar los papeles de mi defensa, reclamé y lo que recibí como
respuesta fue un empujón hacia adentro de mi celda y el cierre con el candado.
Con Scarano y con el comisario
Salvatore Lucchese fueron más rudos aún. Cuando Enzo solicitó que firmaran un
acta con lo que se estaban llevando fue neutralizado por cuatro o cinco
funcionarios que lo tiraron al piso y le dieron golpes y patadas.
Cuando el comisario trato de
intervenir también fue tirado al piso y maltratado. Yo estoy en el piso de
arriba de ellos y no pude bajar porque habían cerrado la reja, pero se
escuchaba como en estéreo los golpes secos y los gritos de reclamo y denuncia
por parte de Enzo y Salvatore.
El día anterior, había
comenzado mi juicio. Un proceso en el que voy derecho al paredón de la
injusticia. Acusado por mi discurso e indefenso en el estrado. No me
permitieron presentar ni una prueba, ni un solo testigo para poder defenderme.
Una aberración ya que un
juicio es precisamente el escenario en donde se da la oportunidad de que el
acusador y el acusado puedan promover pruebas y atestiguantes que sustenten con
hechos concretos la posición de cada parte. La juez nos negó todos los testigos
y pruebas promovidas, pero le acepto a mi acusador y supuesto agraviado, el
Ministerio Público, todos los testimonios, setenta y ocho, además de todas las
pruebas presentadas.
Setenta y seis de los setenta
y ocho declarantes son funcionarios de la policía y del propio ministerio
público. Un “experto semiólogo” promovido para analizar la penetración de mi
discurso en la ciudadanía es en realidad militante del gobernante PSUV y un
“analista de redes sociales” también es miembro del partido oficialista.
Recientemente, se desempeñó
como vice ministro de comunicaciones. Estamos frente a una querella que es
realidad la guillotina del siglo XXI.
El mismo día de mi proceso,
cuando yo estaba declarando ante la juez, el presidente Nicolás Maduro en
cadena nacional le decía al país que yo era culpable de todos los hechos
ocurridos a partir del 12 de febrero y que tenía que pagar por eso. Que iba a
pagar, que nadie lo dudara.
El rayo desde un poder sin
pudor a las formas le indicaba a la magistrada, y a todos los involucrados en
la causa, que la orden era clara y precisa: la condena.
La sentencia llega desde lo
más alto del poder. El veredicto no se basa en los hechos
El juicio es simplemente un
teatro, una fachada que cubre la decisión política de encarcelarme.
Casualmente, sin saber que Maduro estaba pidiendo mi condena por TV, yo comencé
mi exposición con el recuento de las amenazas de encarcelamiento que me ha
hecho el primer mandatario nacional públicamente desde enero del 2013, un año
antes de que se emitiera la orden de captura en mi contra.
Era cuestión de tiempo mi
apresamiento y los hechos ocurridos el 12F sirvieron como excusa.
Antes de que se tuviera una
idea clara de lo que había ocurrido, Maduro y el titular de la Asamblea
Nacional, Diosdado Cabello, me culparon de los hechos, incluso de los
homicidios.
El presidente llegó a decir,
de manera irresponsable, que los muertos de esa jornada (dos en las cercanías
de la fiscalía y uno en el municipio Chacao) habían sido víctimas de la misma
pistola.
Días después, se comprobó con
fotos y vídeos irrefutables que Bassil da Costa y Juancho Montoya habían sido
asesinados por funcionarios de la policía política SEBIN (Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional) y por los “colectivos” armados afines al gobierno. Al
día de hoy, esas muertes, como todas las ocurridas durante las protestas, se
mantienen impunes, a pesar de las pruebas y testimonios que involucran a los
asesinos, quienes han sido amparados por el manto de la impunidad del poder.
Al día siguiente de la golpiza
recibida por los funcionarios del DIM, nuestras esposas denunciaron ante la
opinión pública y ante la fiscalía lo ocurrido.
Tres días antes de la visita
nocturna del DIM, la dirección de Derechos Fundamentales, atendiendo las
denuncias de aislamiento y violación de nuestros derechos y como respuesta al
cuestionamiento de Amnistía Internacional a la fiscal sobre nuestra situación,
nos había visitado y verificado nuestra condición de aislamiento.
Ese día, firmamos un acta en
donde se restituían nuestros derechos de visita, de poder compartir con los
demás detenidos, de respetar nuestra correspondencia y de poder participar en
actividades del penal.
La restitución de nuestros
derechos apenas duró cuarenta y ocho horas.
Por primera vez en cinco
meses, pudimos compartir durante dos días momentos con los compañeros: comer
juntos, hablar y caminar por el anexo del penal.
Algo pasó. Realmente no sé
cuál fue el detonante, pero el hecho es que al regresar de la audiencia de mi
juicio el miércoles en la noche, fui informado de que retornábamos al régimen
anterior, con completo aislamiento.
Pregunté qué había pasado y la
respuesta fue la misma de siempre: “son órdenes superiores”. Este episodio es
solamente un ejemplo de cómo funcionan las cosas en Venezuela.
La fiscalía es autónoma en
papel. Supuestamente, tienen autarquía y sus decisiones en cuanto a violaciones
de derechos deben ser acatadas por cualquier funcionario, civil o militar.
Eso es en teoría, porque la
Constitución en el país apenas vale como papel, porque lo que está escrito es
letra muerta y no se aplica.
La realidad es que los
fiscales, al igual que todos los jueces y el resto de los poderes públicos,
están subordinados a los intereses y decisiones del partido de gobierno, del
sistema, de la dictadura.
La fiscalía se lavó las manos
con nuestro caso a pesar de habernos visitado en nuestras celdas, al igual que ocurrió
con la defensoría del pueblo que lamentablemente está pintada de la pared y no
tiene ninguna incidencia en velar por y promover la defensa de los derechos de
los venezolanos.
“Órdenes superiores”.
Nuevamente, esa fue la frase que escogió el director del penal, el coronel
Miranda, cuando apareció luego de cuatro días de ausencia y tras la agresión de
la que fuimos víctimas. Cuando Chávez estaba vivo, la frase “órdenes
superiores” tenía un último eslabón, el Comandante.
Pero con Maduro, realmente no
sabemos quién manda. No sabemos si las órdenes las da el presidente, el “Cartel
de los Soles”, Diosdado Cabello o el pajarito que le habla a menudo al primer
mandatario nacional.
Esto ha generado en todos los
ámbitos un desmadre, incluso en las filas del propio régimen. La respuesta a
las denuncias de nuestras esposas no se hizo esperar.
En medio del escándalo
generado por el narcogeneral detenido en Aruba y defendido por Maduro, el
Estado quedó convertido públicamente en un narcoestado.
Nicolás Maduro aseveró por
televisión que detrás de la detención del general Carvajal estaba mi esposa y
mi equipo de trabajo ya que ella había estado días antes en Estados Unidos,
denunciando mi situación.
Efectivamente, Lilian había
viajado a Norteamérica presentando nuestro caso ante la opinión pública y
autoridades como lo había hecho previamente en el Vaticano, ante el propio Papa
Francisco, en España, Francia, en la Unión Europea y en varios países de
América latina.
Siempre de manera
transparente, con pruebas en la mano y con el mismo discurso: “en Venezuela se
están violando los Derechos Humanos, no hay democracia y reprimen a quienes
protestan”.
Mientras escribo estas líneas
y pienso como sacarlas del penal, sigo aislado, sin visita abierta. Me leen
toda la correspondencia, graban las llamadas cuando me comunico desde el
teléfono del penal y estamos a diario a la espera de una nueva requisa abusiva
y violenta.
Fuente: Periódico Independiente Tribuna de Periodistas
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