LO ACUSAN DE NO CONTROLAR EL TENDIDO SUBTERRÁNEO
La denuncia la hicieron referentes ambientalistas. Un juez
la había rechazado pero la decisión fue apelada. Lo acusan de no controlar el
tendido subterráneo de media tensión para interconectar la central
hidroeléctrica del río Escondido. La central hidroeléctrica pertenece a
Patagonia Energía, del grupo Lago Escondido. Tiene una potencia instalada de
7,2 MW. Toma agua del río Escondido y luego la restituye.
El fiscal de cámara Eduardo Fernández sostuvo parcialmente
la imputación que el fiscal de El Bolsón Francisco Arrien había promovido para
investigar si hubo irregularidades en la ejecución de la obra del tendido
subterráneo de la línea desde la central hidroeléctrica sobre el río Escondido,
que pertenece al magnate inglés Joseph Lewis, hasta la usina de El Bolsón.
Fuentes judiciales informaron ayer que Fernández sólo
mantuvo la acusación para investigar si el ministro de Obras y Servicios
Públicos de la provincia, Carlos Valeri; el secretario de Energía, Sebastián
Caldiero; y el titular del DPA, Fernando Curetti, cometieron el delito de
incumplimiento de los deberes de funcionario público al omitir los controles en
la ejecución del tendido subterráneo.
Sin embargo, Fernández desistió de seguir adelante con la
imputación contra el presidente de la empresa Patagonia Energía SA, Nicolás Van
Ditmar, y dos directores de la firma vinculada al inglés, que había sido
acusados por el delito de daño ambiental por el impacto de la obra.
Ayer por la mañana se hizo la audiencia en la que el fiscal
planteó los fundamentos del recurso de apelación, que se interpuso para revocar
la polémica resolución del juez Marcos Burgos, que rechazó en un trámite exprés
la promoción de acción penal formulada el fiscal de El Bolsón para iniciar la
investigación.
La defensa particular solicitó ayer al tribunal que se
rechace la apelación del fiscal. Las fuentes explicaron que tras escuchar los
argumentos de Fernández y la defensa, el tribunal se tomará hasta 8 días
hábiles para dictar el fallo que hará lugar o desestimará la apelación de la
fiscalía. La única certeza es que no se investigará si hubo daño ambiental con
la ejecución de la obra tras la decisión del fiscal de no sostener la
acusación.
Arrien promovió a finales de diciembre pasado la acción
penal para iniciar la investigación. Burgos la recibió el 28 de diciembre
último, pero el 29 de diciembre la rechazó “porque los hechos objetos
delimitados en la promoción de acción penal y sus circunstancias fácticas no
constituyen delito”.
El referente nacional de Confederación de Trabajadores de la
Economía Popular Juan Grabois, junto con varias organizaciones ambientalistas y
sociales de El Bolsón y pobladores de Mallín Ahogado, presentaron en agosto
pasado una denuncia penal en una fiscalía de Bariloche contra funcionarios del
gobierno. Además, denunciaron a Lewis por los daños y usurpación de aguas.
Luego derivaron la denuncia a la fiscalía de El Bolsón. Habían incluido al
gobernador Alberto Weretilneck y a Lewis en la presentación, pero Arrien sólo
imputó a los funcionarios que tenían la responsabilidad de control.
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