EL GREMIO ESTATAL PIDE URGENTE AUDIENCIA
CON SANTAGATTI
Apenas conocida la decisión extrema que adoptaron los nuevos
Defensores del Pueblo, General y Adjunto, de cerrar todas las delegaciones de
ese organismo que funcionaban en distintas ciudades de la provincia y despedir
masivamente a los trabajadores que cumplían funciones en ellas, la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE) salió rápidamente a repudiar la referida medida y
solicitar una audiencia urgente con Adriana Santagati y César Domínguez. Se indicó que “el gremio evalúa la posibilidad
de convocar a la realización de medidas de fuerza en el referido organismo
durante los próximos días, lo que se constituiría en un escándalo político la
medida adoptada de la nueva defensora, Adriana Santagatti.
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Rodolfo Aguiar Secretario General de ATE Río Negro (Foto gentileza) |
“Los nuevos Defensores del Pueblo no alcanzaron a sentarse
en sus despachos y ya comenzaron a defender los intereses del Gobierno,
perdiendo autonomía. No descartamos que esta decisión haya sido previamente
acordada con el poder, paradójicamente al que tienen que controlar, que es el
Ejecutivo. Esto perjudica al pueblo y beneficia a éste y a los futuros
gobiernos. Demandamos una audiencia urgente con Santagati y Domínguez y no
descartamos medidas de acción directa en el corto plazo”, señaló Rodolfo
Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.
La entidad sindical descree de las argumentaciones expuestas
por la funcionaria recientemente designada y considera que, por un lado, se
trata de una persecución política gravísima y, por el otro, se busca consolidar
una política de ajuste y recorte de gastos en la Defensoría. Esto vulnera de
manera directa los derechos de acceso que tiene la ciudadanía al servicio
constitucional de defensa ante los abusos actos u omisiones del Estado que
afecten a las personas o sociedad.
Desde ATE no se descarta que semejante retroceso institucional
haya sido acordado con el Poder Ejecutivo, ya que el beneficiado directo de
esta medida es el Gobierno Provincial que encabeza Alberto Weretilneck. En la
práctica se traducirá en la imposibilidad de realizar denuncias o
presentaciones requiriendo la intervención de la Defensoría del Pueblo en toda
la provincia, salvo en la capital provincial (Viedma), vulnerando de esta
manera uno de los derechos más básicos y elementales de los que pueden ser
ejercidos en democracia.
Se trata de una grave persecución política y un ajuste que
obstaculiza el acceso de la ciudadanía al organismo y beneficia al Gobierno
El Sindicato aseguró que no existe posibilidad que el
reciente acuerdo alcanzado por el organismo de control externo con el Poder
Judicial pueda suplir las importantes funciones que cumplían las oficinas
cerradas en El Bolsón, San Carlos de Bariloche, General Roca, Cipolletti, Villa
Regina, Las Grutas y Viedma.
Por último, ATE exige la inmediata reincorporación de todos
los empleados que fueron cesanteados, estimando que se trata de entre 25 y 30
trabajadores y evalúa la posibilidad de convocar a la realización de medidas de
fuerza en el referido organismo durante los próximos días. (Prensa ATE).
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