LA FISCALÍA DE INVESTIGACIONES CITÓ A
DI GIÁCOMO POR OBRAS
EN BOLSÓN
El ministro de Gobierno Luis Di Giácomo deberá presentarse
el jueves y viernes próximo a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas,
sita en Colón 275 de Viedma, para explicar el pago de más de 1 millón de pesos
por limpieza y zanjeo, en el aeródromo de El Bolsón. La citación también
comprende a los miembros de la Comisión Técnica que ratificaron esa
contratación empresaria. La “razonabilidad del precio no tiene dictamen de la
comisión”, señala un informe de la Fiscalía y además la “empresa facturó zanjeo
perimetral por 5.000 metros” , cuando el inspector de Vialidad –usando el
programa Google Earth– informó de 4.300 metros.
El Fiscal Marcelo Ponzone, toma como base de su citación a
la auditoria que concluyó que “de la documental no surgen constancias que
acrediten efectivamente que empresa realizó los presuntos trabajos, ni fecha
cierta de realización”, por lo cual, “presume un perjuicio económico” al Estado
provincial de 1.149.550 pesos. La participación del ministerio también es
cuestionada por los órganos de control al considerar que la temática exigía la
participación de Obras Públicas.
En su descargo, el ministro Luis Di Giácomo relativizó las
observaciones, ratificó que los trabajos se concretaron y fundamentó la
urgencia de su realización en reclamos de la Administración Nacional de la
Aviación Civil (ANAC). El informe gubernamental en el expediente reitera el
apuro por la habilitación de la aeroestación frente a incendios forestales y
justificó así el uso del procedimiento cuestionado.
El Tribunal de Cuentas elevó oportunamente el expediente
para su investigación y un informe de la Fiscalía corroboró irregularidades,
incluso “presume un perjuicio económico” para el Estado rionegrino.
A mediados del 2015, el ministerio de Gobierno pagó
1.149.500 pesos por “legítimo abono” a la firma Miguel Piñeyro e Hijo, cuyos
servicios discriminados serían de 847.000 pesos por “limpieza de 30 hectáreas” y
302.500 pesos, por “apertura y limpieza de zanjeo perimetral de 5.000 metros”.
Con los testimonios, el fiscal Marcelo Ponzone deberá
resolver si desestima o promueve un juicio de responsabilidad en el Tribunal de
Cuentas, para determinar “el presunto daño al Estado y la responsabilidad de
los funcionarios o agentes que lo hayan causado”.
En el inicio de la inmvestigación, el Tribunal cuestionó la
imprecisión de las labores pagadas y, luego, la auditoría fiscal entendió que
no hay “constancias que acrediten efectivamente que la empresa realizó” las
labores abonadas, ni hay “fecha cierta de su realización”.
También, el órgano fiscal observó que a quien se le pagó
tiene declarada una actividad ajena a la contratada (estaciones de servicios) y
su inscripción fiscal figura en Chubut. Consideró que la utilización de “un
legítimo abono” respondió a un contrato de hecho, después que la Fiscalía de
Estado no permitiera un aporte no reintegrable para la cooperativa Coopetel, de
El Bolsón, para cumplir con esa limpieza.
Entre sus observaciones, la auditoria informa que la
certificación de obra fue emitida por el jefe del aeródromo, César Hidalgo,
cuando se debía cumplir y emitir por parte de un organismo provincial,
considerando de donde provenían los fondos. Fue un “aporte no renovable” que
“no fue aceptado por la Fiscalía de Estado”.
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