LA CONNIVENCIA JUDICIAL CON EL PODER POLÍTICO
El diario Río Negro publica en la fecha un extenso artículo
un artículo sobre los hechos de abusos de menores, cuya trama involucra a personajes relacionados con los
altos mandos del poder. Desde que en 2014 saltaron a la luz los casos que
involucraron a “poderosos” de Viedma con menores de edad, nueve de los once
procesados ya recibieron una condena.
En 2014 la mano de la Justicia comenzó a tirar la punta de
un ovillo que envolvía historias de menores de edad de Viedma en situaciones de
extrema vulnerabilidad entremezcladas con el poder.
Una denuncia que llegó al escritorio del entonces juez penal
Favio Igoldi comenzó a ser investigada bajo un estricto hermetismo que no se
pudo mantener por mucho tiempo.
Niñas provenientes de familias vulnerables y que se
encontraban bajo la contención de los espacios abiertos Caina del Ministerio de
Desarrollo Social salían y a los pocos metros las pasaban a buscar en vehículos
de alta gama, casi todos con vidrios polarizados.
Luego de un tiempo, los comentarios que se escuchaban por lo
bajo se trasformaron en una denuncia penal.
Comenzó entonces la investigación que incluyó cantidad de
testimonios, allanamientos, indagatorias y diez hombres detenidos.
En los primeros meses un profesional mayor de 60 que estuvo
bajo sospecha murió y un hombre de unos 30 años se quitó la vida a poco de
recibir la citación para declarar en la causa, en marzo de 2015.
Para ese momento las versiones habían ganado las calles de
la Comarca Viedma-Patagones y anticipaban desenredar un complicado ovillo que
mantuvo a la comunidad en perpleja atención.
A tres años del inicio de esta investigación nueve hombres
cumplen condenas y dos están procesados.
Bonifacio Cabeza, quien permanece detenido en el Penal Nº 1
de Viedma, fue el único que no aceptó juicio abreviado. En tanto otro hombre
menor de 25, cuya identidad no ha trascendido, es el último procesado sin
prisión preventiva y espera la resolución de su situación.
En esta investigación fueron también revisadas las
responsabilidades de funcionarios de organismos que debían contener y proteger
a menores de edad en situación de vulnerabilidad social que resultaron víctimas
de los hechos investigados.
Al exministro de Desarrollo Social de Río Negro, Ricardo
Arroyo, hasta se le imputó “desobediencia judicial” por demorar en la entrega
de los informes requeridos por la fiscalía, delito del que luego quedó
desvinculado.
Abogado y exdueño de boliche, el último “arrepentido”
El 19 de septiembre fue convalidado el último acuerdo en el
marco de un juicio abreviado. El abogado viedmense Rubén Sella fue condenado a
siete años de prisión por “promoción de corrupción de menores y promoción de la
prostitución”. El hombre de 64 años aceptó ser el autor de los hechos que se le
imputan, la calificación y el monto de la pena.
Sella es el último de los imputados por hechos de corrupción
de menores que llega a juicio aunque habría sido uno de los primeros
denunciados. Está detenido en la comisaría 1ª desde el 22 de marzo.
Se lo responsabilizó en cuatro hechos. En el primero –entre
2010 y 2012– por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 15 a
cambio de dinero, pases libres para ingresar al boliche del que entonces era
cotitular, así como de bebidas alcohólicas que él le entregaba a la víctima y a
sus compañeras. Los episodios ocurrieron en el baño de ese local y en la
vivienda de Miguel Ángel Rodríguez, también condenado.
En el segundo hecho –entre 2011 y 2012– se le adjudicó haber
mantenido relaciones sexuales con una menor de edad en el interior de un
vehículo y ante la presencia de otra adolescente de 15 años. Por ello pagó
entre 100 y 150 pesos.
En el invierno de 2012 ocurrió el tercer hecho. La víctima
fue una niña de 14 años. También hubo entrega de dinero por sexo en una
oportunidad en la casa de José Aguirre, otro de los abogados condenados y en la
oficina de Sella.
Se le reprochó además haber aprovechado la situación de
vulnerabilidad de una menor de edad para corromper su normal desarrollo sexual
y promover su ejercicio a la prostitución cuando tenía 17 años. Estos hechos en
los que también hubo pagos ocurrieron entre 2014 y 2015 dentro de un auto en el
Parque Industrial de Viedma. A diferencia de otros juicios, no hubo difusión
del caso, por ello este diario no cuenta con fotos de Sella.
Cuatro hombres y una mujer
En julio de 2015 el exjuez penal Favio Igoldi procesó con
prisión preventiva a Andrea León, Nazario Contín, Jorge Morón, Omar Ledesma y
Bonifacio Cabeza.
En el marco de un juicio abreviado, el 24 de mayo pasado se
acordó siete años de prisión para los tres primeros hombres, mientras que la
única mujer imputada fue condenada a seis años. Bonifacio Cabeza fue el único
que no aceptó esta modalidad de juicio y enfrentará un oral y público.
A los tres imputados que aceptaron ser los autores de los
hechos se los condenó por “promoción de actos corruptivos, en concurso ideal
con promoción de la prostitución de menores” de edad. En el caso del ganadero
Contín (62 años), se lo condenó por haber mantenido relaciones sexuales en el
interior de su camioneta en lugares despoblados y alejados en al menos cuatro
oportunidades con dos víctimas que en ese momento tenían 13 y 16 años, quienes
ejercían la prostitución, entregándoles a cambio sumas de dinero. “Todos ellos
fueron actos tendientes a corromper el normal comportamiento sexual de las
menores y a promover su ejercicio en la prostitución”, sostuvo el fallo.
El comerciante Ledesma (58) fue condenado por haber
mantenido relaciones sexuales con dos niñas de 13 y 16 años en su céntrica
vivienda, pagándoles a cambio entre 300 y 400 pesos; mientras que al mecánico
Morón (62) también se lo acusó de dos hechos iguales a los anteriores cometidos
en el interior de su departamento en Viedma. En el caso de León, el Tribunal
confirmó los seis años de prisión por “facilitación de actos corruptivos, en
concurso ideal con facilitación de la prostitución de dos menores de edad con
Bonifacio Cabeza y Omar Ledesma para que mantuvieran relaciones sexuales a
cambio de dinero que León retuvo previamente. Los hechos investigados en esta
causa ocurrieron en 2014. Todos cumplen la condena en el Penal Nº 1.
Proceso en marcha
1 de todos los procesados no reconoció el hecho e irá a
juicio oral y público: Bonifacio Cabeza.
“Los viejos” reconocieron en juicio abreviado
A partir de la segunda causa se desnuda un círculo en el que
se entrecruzan los mismos hombres mayores de 60 y las víctimas de entre 13 y 17
años, quienes describieron a los imputados como “los viejos” al reconocerlos
como los que les pagaron para mantener relaciones sexuales.
En mayo tuvo lugar el primer juicio abreviado. El abogado
viedmense José “Fan” Aguirre y el letrista Miguel Ángel Rodríguez aceptaron la
autoría, calificación y monto de la pena de cuatro años y cuatro años y tres
meses de prisión, respectivamente. Este acuerdo fue confirmado por la Cámara en
lo Criminal de Viedma.
El letrado llegó a juicio procesado por el juez penal Carlos
Mussi como “promotor de actos corruptivos” y de “prostitución de una menor de
edad, agravadas por abuso de una situación de vulnerabilidad”. Lo
responsabilizó de mantener en forma reiterada relaciones sexuales con acceso
carnal con una jovencita de 15 o 16 años que ejercía la prostitución entregándole
a cambio entre 100 y 300 pesos. El juez destacó un testimonio que ubicó a
Aguirre ingresando a una habitación con una chica en la casa de Rodríguez.
Al letrista le imputó “promoción de actos corruptivos” y ser
“facilitador de la prostitución de una menor de edad, agravadas por abuso de
una situación de vulnerabilidad”. En este caso lo responsabilizó de dos hechos.
Mussi consideró que Aguirre y Rodríguez lograron que una
menor se insertara en el mundo de la prostitución, “haciendo que la niña considere
que mantener relaciones sexuales a cambio de un precio era ‘un trabajo’”.
Agregó que los imputados mantuvieron ese trato habitual,
pagando un precio convenido con la menor, haciendo que mantenga esa actividad
como un ejercicio. El juez interpretó que el ofrecimiento de dinero por parte
de un adulto a una jovencita de entre 15 y 16 años “es suficientemente
influyente sobre la voluntad de la menor para determinarla a realizar el acto
de prostitución solicitado, estimulando o arraigando su dedicación a esa
actividad”.
“[Aguirre y Rodríguez hicieron que] la niña considere que
mantener relaciones sexuales a cambio de un precio era ‘un trabajo’”.
Consideró el juez Mussi sobre el rol de “los viejos”.
Bernardi, la primera de cinco causas
La investigación fue dividida en cinco causas. La primera
incluyó al excamarista penal Juan Bernardi y a Julio Antueque, que estaba
encargado del mantenimiento de la chacra del exjuez. Ambos fueron procesados el
28 de abril de 2015. El exjuez Igoldi le imputó a Bernardi “promover actos
corruptivos en concurso real con promotor de la prostitución de una menor de
edad, agravados por abuso de una situación de vulnerabilidad en su calidad de
funcionario público”. El 31 de marzo de ese año Bernardi fue suspendido en sus
funciones por el Consejo de la Magistratura. Ya sin fueros fue detenido, pero
luego levantaron la prisión preventiva.
El 12 de setiembre pasado fue destituido por el Consejo de
la Magistratura por “mal desempeño y graves desórdenes de conducta”.
En marzo fue condenado a cinco años de prisión por un hecho
que tuvo como víctima a una joven de 17 años que se encontraba
institucionalizada. Fue el único de los imputados que enfrentó un juicio oral y
público y nunca admitió la responsabilidad en el hecho. Ese mismo mes volvió a
prisión y su condena aún no está firme. En el mismo juicio, Antueque fue
condenado a 12 años por la facilitación de la corrupción de menores y de la
prostitución de una jovencita de 17. Está detenido desde que fue procesado en
2015.
Datos
$ 100/300 entregaban algunos hombres a las menores de edad a
cambio de sexo.
12 años es la pena más grave, a Julio Antuque. Siguen
Contín, Morón y Ledesma con 7, León con 6 y Bernardi con 5.
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