JUSTICIA
CONTRA RELOJ PREPARA EL JUICIO POR LOS SOBRESUELDOS
En mayo
serán las audiencias para definir la responsabilidad de 12 ex funcionarios en
el reparto arbitrario de fondos públicos. Tras seis años de investigación, hay
delitos a punto de prescribir. Es la causa por el pago de sobresueldos durante
la gestión del ex gobernador, Miguel Saiz, iniciada hace más de seis años tras
una investigación del diario Río Negro. Barbeito
y González son los más complicados, ya que se les imputa el delito de
“peculado” con una sanción de dos a 10 años de prisión en suspenso.
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César
Barbeito, ex ministro de Coordinación de Miguel Saiz
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En
total son 12 los imputados: Los ex ministros César Barbeito, Diego Larreguy,
Juan Accatino, Cristina Uría, Omar Contreras y Alfredo Pega; el ex secretario
General de la Gobernación, Francisco González; además están acusados Daniel
Bossero, Gustavo Pichi, José Ongaro, Sergio Pendas y Aníbal Hernández.
Barbeito
y González son los más complicados, ya que se les imputa el delito de
“peculado” con una sanción de dos a 10 años de prisión que puede ser impuesta
en suspenso, siempre y cuando el imputado no tenga antecedentes, que no es el
caso de los ex ministros. Ambos ya tienen condenas en suspenso firmes por otros
juicios, por lo que cualquier pena los dejaría en prisión efectiva. A los
contadores Bossero y Pichi “incumplimiento de los deberes de funcionario
público” por no haber controlado, y a los restantes participación necesaria en
“peculado”.
Por los
“sobresueldos” que se habrían distribuido entre esos funcionarios de primer
nivel, el Estado rionegrino habría abonado en total 26.814.360 millones de
pesos entre 2004 y 2010.
La
fecha de juicio aún no fue fijada debido a que aún se tramitan las
sustituciones de abogados defensores tras las renuncias de Jorge Crespo y
Miguel Cardella, quienes asumieron como Procurador General de Río Negro y juez
de impugnación en Viedma, respectivamente.
Hay
urgencia en la realización de este juicio para evitar la prescripción de los
delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario” que pesa sobre varios
de los imputados.
El
Tribunal de juicio está integrado por el juez de Garantías Ignacio Gandolfi, y
los camaristas laborales de Viedma Gonzalo Guerra Lavayén y Marcelo Valverde.
Una vez designados todos los defensores será convocada una nueva audiencia para
depurar la lista de testigos que suman unos 200, lo que significaría más de un
mes de audiencias, plazo considerado excesivo.
Procesados
hace seis años
El dos
de mayo de 2012 el ex juez penal, Carlos Reussi, procesó a los ex funcionarios.
Al año siguiente la Cámara en lo Criminal integrada por Pablo Estrabou, Jorge
Bustamante y Francisco Cerdera confirmó los procesamientos al considerar que
las resoluciones fueron dictadas, las órdenes de pago libradas y los cheques
cobrados.
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“Si la
resolución 61/04 firmada por quien ocupaba en ese momento el ministerio de
Coordinación, César Barbeito, pudo tener un tinte de legitimidad al otorgar la
bonificación, esa legitimidad hizo agua a la hora de ser implementada, puesto
que no permitió el debido control con lo cual, en un sistema de hecho, quien
resolvía el pago del adicional podía disponer a su libre arbitrio de una
importante suma de dinero que todos los meses recibía personalmente”, sostuvo
el Tribunal.
Interpretó que fue un sistema donde el ministro o el secretario
disponían de dinero público destinado a una bonificación salarial pero “con
absoluta libertad y con prescindencia de toda forma o motivo, pudiendo
beneficiarse a sí mismo en más o en menos, a los demás funcionarios o incluso
empleados, sin sujeción a ningún parámetro reglamentario”. Agregó que no hubo
control del gasto y que ese pago “pasó de ser discrecional a arbitrario al
perseguir otros fines que los normativamente fijados”.
Concluyó
que se trató de “una verdadera desviación de poder porque Barbeito como ministro
de Coordinación y González como secretario General de la Gobernación con la
intervención de los restantes ministros establecieron e hicieron funcionar un
sistema por el cual sustraían mensualmente de la Administración Pública
importantes sumas de dinero con alegado destino a pago de adicionales” a
funcionarios y algunos empleados “sujeto a la mera voluntad de los
administradores” y sin que quedara registro administrativo alguno. “De esta
manera se dio lugar a la sustracción de los fondos configurándose el delito de
peculado”, agregó el fallo.
El Tribunal interpretó que “no se trató solo de una
administración desprolija de los fondos” sino que fue vulnerada la propiedad
(administración pública) “desde que el funcionario dispuso de fondos asignados
para una bonificación ‘a piacere’ por más que se alegue ‘lo acordado’ en el
gabinete, de lo cual no obra constancia probatoria”.
El
exfiscal de Estado, Alberto Carosio, admitió en un juicio abreviado haber
incumplido “los deberes de funcionario público” y recibió una multa de $ 12.500
e inhabilitación de un mes.
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