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PROHÍBE CAUTELARMENTE A LA MUNICIPALIDAD TODA INNOVACIÓN
SOBRE LA CONCESIÓN PÚBLICA EN EL CERRO CATEDRAL
El fallo, dado a conocer este mediodía resuelve “prohibir
cautelarmente a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche toda innovación
sobre la concesión pública relativa al centro de deportes invernales del cerro
Catedral, quedando particularmente prohibido en términos cautelares la
modificación de la contratación vigente y la celebración de una nueva mientras
subsista la actual previa sanción juratoria de los demandantes”.
La cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería
hizo lugar al planteo formulado por legisladores y concejales del FpV y
resolvió suspender cautelarmente todo lo actuado por la Municipalidad para la concesión
del Cerro Catedral a la empresa CAPSA.
La resolución anula, de hecho, todo lo actuado tanto por el
intendente Gustavo Gennuso como por el Concejo Municipal a favor de CAPSA para
la renovación contractual.
La demanda contenciosa fue elaborada por el legislador
Alejandro Ramos Mejía, y adhirieron la legisladora Edith Garro y los concejales
Daniel Natapof y Ana Marks.
La presentación a la que ahora dio curso la justicia,
sostenía por objeto “modificar y prorrogar el contrato de obra pública, el
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 01/92, el Contrato de
Adecuación Contractual, por vía directa, sin licitación pública, incumpliendo
todas las normas vinculadas a cómo el Estado debe contratar, en forma
anticipada en 9 años a su vencimiento, y solo en algunas cuestiones específicas
que resultan muy favorables a la empresa CAPSA y muy perjudiciales en términos
económicos, ambientales y sociales para el municipio”.
Se abren ahora instancias de apelación por parte de la
municipalidad, pero por lo pronto, en una primera instancia, la justicia les
dio la razón a los vecinos y puso en evidencia el grosero traspié del
intendente Gennuso quien intentó hasta aquí imponer por todos los medios el
fuertemente cuestionado acuerdo.
Ramos Mejía explicó a En estos días que en el marco de la
demanda contenciosa presentada, “se cuestionaron diversos actos administrativos
del proceso de aprobación del acuerdo con CAPSA”.
Alejo Ramos Mejía
Por ese motivo, “se requirió a la Cámara que inicialmente se
adopte una medida cautela debido a los incumplimientos a la normativa local
vigente”, es decir “una prohibición de innovar con la finalidad de resguardar
el patrimonio municipal”.
El parlamentario aseguró que se logró que el Intendente “no
firme (el acuerdo definitivo, tras la aprobación de la ordenanza) para no
comprometer las arcas del Estado municipal”.
Alejandro Ramos Mejía -junto a le legisladora Edith Garro-
denunció además penalmente el intento de prorrogar la concesión en el cerro
Catedral de manera directa y sin licitación, presumiendo los delitos de abuso
de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre
otras irregularidades.
Los legisladores argumentaron que con la prórroga se buscaba
“beneficiar económicamente a la empresa Capsa, provocando un perjuicio
económico al municipio local”, y que además la firma se realizó de manera
“inconsulta y a escondidas”.
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