EL EXGABINETE EN EL BANQUILLO POR $ 26,8 MILLONES EN
SOBRESUELDOS
Empezó en Viedma el juicio contra 11 exfuncionarios de la
gestión radical. Están acusados por el desvío de fondos para adicionales,
cobrados durante siete años. La causa comenzó luego de una investigación del
diario “Río Negro”. Los defensores pidieron la nulidad del proceso, pero el
tribunal convalidó las imputaciones.
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Barbeito de
brazos cruzados, Accatino y Contreras mirando hacia abajo. El juicio contra los
dirigentes radicales seguirá el lunes. (Foto: Marcelo Ochoa - Diario Rio Negro )
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Un ex gabinete provincial completo se sentó ayer en el
banquillo, acusado por el desvío de fondos públicos rionegrinos que se
destinaron al pago de adicionales salariales.
Ayer se inició el juicio por “sobresueldos”, con la
imputación a 12 funcionarios del exgobernador Miguel Saiz por la asignación de
adicionales entre el 2004 y el 2010, “separadas de la esfera de control” y
usadas en forma “arbitraria, solapadamente y con apariencia de legalidad”.
La causa comenzó a partir de una investigación de “Río
Negro”, publicada en febrero del 2011, y se concentró en el desembolso de unos
26,8 millones en el período investigado.
La primera jornada se caracterizó por una fuerte ofensiva a
la formal presentación de la elevación a juicio, concluyendo con su pedido de
“nulidad absoluta” por parte de las defensas. Después de un cuarto intermedio,
el Tribunal admitió “falencias formales” pero convalidó el escrito de
imputación y además excluyó del juicio al excontador General, Daniel Bossero,
ausente y con problemas de salud.
El debate –que se retomará el lunes próximo– continuará con
11 acusados. El gabinete en pleno de Saiz: César Barbeito, Francisco González,
Omar Contreras, Cristina Uría, Alfredo Pega y Diego Larreguy; los exsecretarios
Aníbal Hernández y Sergio Pendas; el extesorero, José Ongaro y el excontador,
Gustavo Picci.
En sus críticas, el abogado Damian Torres –que defiende a
Barbeito– enumeró errores del Ministerio Público en la acusación, aunque las
críticas más directas correspondieron a Oscar Pandolfi. Primero entendió que a
los ex ministros no les correspondía la imputación de peculado, pues –en todo
caso– “el delito ya estaba cometido” cuando los fondos llegaron a ellos y, en
esa dirección, apuntó a Saiz como “firmante del decreto” de instrumentación del
adicional. Después cuestionó la denuncia original, asegurando que la
exprocuradora, Liliana Piccinini (hoy jueza del STJ) impulsó ese proceso cuando
no corresponde a sus facultades.
Luego, Juan Chirinos –que representa a Uría y a Pega–
adhirió a las críticas de Torres en referencia a la precariedad de las
acusaciones y, posteriormente, Pedro Vega pidió la prescripción del delito del
que se lo acusa a Bossero (incumplimiento de los deberes de funcionario
público), que el Tribunal no resolvió porque directamente lo excluyó del
juicio.
El representante del Ministerio Público, Hernán Trejo,
defendió –como pudo– la elevación de la fiscal Paula Frandsen, ajustándose a
que era suficiente para esa instancia y que las eventuales “falencias” no
afectaron el derecho de defensa. El Tribunal fue en igual sentido.
En respuesta a las acusaciones, las defensas pretenden
demostrar que los pagos efectuados tuvieron control legal y ejecución; y que no
eran discrecionales en su asignación. Estos argumentos quedaron esbozados en
las declaraciones de González y Barbieto, que aceptaron hablar en el primer día
y, en cambio, el resto se abstuvo.
La ficha técnica del proceso oral y público
Hecho: pago de adicionales salariales a funcionarios entre
2004-2010, sin control y sin criterio de asignación.
Acusación penal: desvíos de fondos públicos (peculado e
incumplimientos de los deberes de funcionario público).
Acusados: los ex ministros Alfredo Pega, Diego Larreguy,
Juan Accatino, Cristina Uría, Omar Contreras, César Barbeito y Francisco
González; los ex secretarios Sergio Pendas y Aníbal Hernández; el ex Tesorero
José Ongaro; y los ex contador Gustavo Picci, y Daniel Bossero (este fue
excluido de este juicio por cuestiones de salud).
Tribunal: Gustavo Guerra Lavayen (presidente), Ignacio
Gandolfi y Marcelo Valverde.
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