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EL BOLSÓN: POR EL ATENTADO CONTRA CABLEVISIÓN SUR MATZEN ELEVA PROYECTO A DIPUTADOS

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DECLARACIÓN DE LA CÁMARA BAJA DE LA NACIÓN ARGENTINA

(L42°) El Bolsón 31/07/2020.- Los hechos vandálicos contra Cablevisión Sur de El Bolsón que destruyó la obra de conexión de la fibra óptica en claro atropello a la libertad de expresión, llegó a la cámara de Diputados de la Nación. La diputada nacional por Río Negro Lorena Matzen junto con diputados del bloque, elevó para su tratamiento un proyecto de declaración.

En el texto del fundamento, el documento advierte la “profunda preocupación por los hechos ocurridos en la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro, contra la empresa PIME S.R.L CableVisión Sur, quienes sufrieron la suspensión de la ejecución de la obra de tendido de fibra óptica necesario para interconectar ARSAT con las instalaciones del Canal (CVS 4 CableVisión Sur El Bolsón), así como una serie de ataques vandálicos y de sabotaje mediante “cortes de la fibra”; circunstancias que configuran en su conjunto un claro ataque a la libertad de expresión y vulneran otros derechos y garantías protegidos constitucionalmente”.


                     FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene por objeto expresar nuestra profunda preocupación frente a los hechos acaecidos en la ciudad de El Bolsón contra la empresa PIME S.R.L CableVisión Sur, debido a que los mismos vulneran derechos protegidos por nuestra Carta Magna, tales como el de trabajar y ejercer toda industria lícita, así como el de expresar libremente sus ideas por la prensa, entre otros. 

El 23 de julio del corriente año, mientras personal de la empresa CableVisiónSur se encontraba finalizando el tendido de fibra óptica necesario para interconectar ARSAT con las instalaciones del Canal (CVS 4 CableVisión Sur El Bolsón), con el objetivo de brindar servicios de internet a la población, inspectores municipales labraron un acta y “paralizan preventivamente” la obra por encontrarse en supuesta infracción a la Ordenanza N° 33/08 -alegando que el cableado de la fibra óptica debía ser subterráneo-, sin considerar que la ejecución de dichas tareas había sido autorizada previamente por la Municipalidad y abonados los derechos de obra correspondientes. 

Con posterioridad a la interrupción dispuesta, trabajadores de CableVisión Sur constataron ataques vandálicos que provocaron la destrucción de parte de la fibra óptica ya instalada, a través de dos cortes transversales en la línea propiedad de la empresa PIME S.R.L. -emplazada en el tendido de postes pertenecientes a la empresa EDERSA S.A.-, situación que ocurriera el 26 de julio por la madrugada y fuera denunciado por los mismos empleados en la Comisaría 12 de El Bolsón al día siguiente. 

Los hechos relatados conllevan una serie de consecuencias notoriamente perjudiciales para los titulares de la empresa, sus trabajadores, y la comunidad en general que se verá privada de servicios esenciales en una sociedad democrática. Ello se sustenta en que el impedimento de continuar con el tendido de la fibra óptica pone en peligro la continuidad misma de la empresa, la que viene solicitando la autorización para la mejora desde hace años y reconvirtiendo el negocio en función de los cambios tecnológicos y de las demandas de los usuarios.

Es decir que, de no poder continuar con la ejecución de la obra, CableVisión Sur se verá imposibilitada de mejorar el servicio existente, de proveer un servicio de internet fundamental para la población (hoy monopolizado por Coopetel y con incapacidad de llegar a todos los ciudadanos que lo necesitan), así como de mantener las fuentes de trabajo de alrededor de diez familias de El Bolsón que dependen de estos ingresos. 

Asimismo, el cierre de la empresa privará a la comunidad de canales de expresión fundamentales como las que proporciona el noticiero “Visión 4”, conocido por su apertura y por promover la pluralidad de voces en el acceso a la información ciudadana.

En este contexto, observamos que las circunstancias descriptas lesionan un derecho humano fundamental reconocido en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, los cuales, si bien se refieren a la libertad de prensa e imprenta específicamente, protegen a la libertad de expresión en todas sus formas. Dicho reconocimiento se encuentra contemplado también en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13).

En el sistema interamericano de derechos humanos, en la Opinión Consultiva 5/1985, la Corte estableció la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, afirmando que ‘la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado la importancia de la libertad de expresión en el régimen democrático: “…ha indicado que la libertad de expresión no se limita a una esfera individual, es decir, al derecho de emitir y expresar el pensamiento, sino que también tiene un aspecto social, que implica el derecho a la información de los individuos que viven en un Estado democrático” (Ylarri, Juan Santiago, “El Derecho a la libertad de expresión en internet: la responsabilidad civil de los motores de búsqueda”, en Derechos Humanos y nuevas tecnologías I, Revista de Derecho Público, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2018, p. 272).

Desde la aparición de Internet, el derecho a la libertad de expresión se ha ampliado notablemente, a tal punto que, en plano internacional y regional se ha reconocido expresamente su alcance a través de diversas declaraciones e informes de Relatores Especiales, como lo expresado en 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (A/HRC/32/L.20) sobre la Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, lo expuesto en la “Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet” de cuatro relatores especiales de distintos organismos internacionales en 2011 (ONU, OSCE, OEA y CADHP), entre otros documentos internacionales.

Haciendo hincapié en la importancia del acceso a Internet como servicio esencial que contribuye a garantizar el goce de otros derechos, destacamos algunas afirmaciones de la citada declaración del Consejo de Derechos Humanos que, aun sin tener carácter vinculante, establece directrices claras a ser tenidas en cuenta por los Estados.
“…Reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas, incluido el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

3. Exhorta a todos los Estados a que promuevan y faciliten la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios y tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los países;

4. Afirma que la calidad de la educación cumple un papel decisivo en el desarrollo y, por consiguiente, exhorta a todos los Estados a fomentar la alfabetización digital y a facilitar el acceso a la información en Internet, que puede ser una herramienta importante para facilitar la promoción del derecho a la educación;

5. Afirma también la importancia de que se aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a Internet y solicita a todos los Estados que hagan lo posible por cerrar las múltiples formas de la brecha digital”

Considerando que lo ocurrido en la localidad de El Bolsón no solo impide el normal ejercicio del derecho a trabajar de una empresa y sus trabajadores, sino que lesiona la libertad de expresión en distintas formas, ataca la pluralidad informativa y restringe el derecho de toda una comunidad a satisfacer diversas necesidades que hacen al desarrollo humano -que son ejercidas a través de Internet ineludiblemente-, y que en el contexto de pandemia global que atravesamos han quedado absolutamente visibilizadas, solicitamos el acompañamiento de los Sres. Diputados de la Nación para se apruebe el presente Proyecto de Declaración,

Diputados/as Nacionales co firmantes: Gustavo Menna, Waldo Woff, Karina Banfi, Roxanna Reyes, Claudia Najul, Gabriela Lena, Gerardo Cipolini, Carla Carrizo, Luis Pastori, José Luis Riccardo, Lidia Ascarate, Gabriela Burgos, Gonzalo Del Cerro, Aída Ayala.

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