Informe Especial
CON ACTOS VIOLENTOS, RECLAMAN TIERRAS QUE, ALEGAN, SON
ANCESTRALES; EN CUATRO AÑOS SUMARON 70 CAUSAS PENALES; COMUNIDADES NO RESPALDAN
SU METODOLOGÍA
El
Diario La Nación publicó este domingo una informe sobre la situación que viven las poblaciones de esta región y que reproducimos aquí: "Arde la Patagonia andina por un conflicto territorial
centenario, de raíces y enconos muy profundos. A esa tierra sumida ahora en la
impotencia y el desasosiego la fagocitan las llamas desde hace cuatro años,
cuando un grupo de mapuches, conducido por el lonko (líder político) Facundo
Jones Huala, decidió propagar una guerra de fuego. Centró en ella como enemigos
a terratenientes extranjeros, latifundistas y productores agropecuarios,
endilgándole al huinca (hombre blanco que daña) el despojo de sus tierras".
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La comunidad Pu Lof en Resistencia ocupa el predio que pertenece a la empresa CTSA; allí se lo vio por última vez al artesano Santiago Maldonado. Foto: Santiago Hafford
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Ésa es la misma tierra que -al igual que el resto del país-
hoy clama para que vuelva con vida Santiago Maldonado, desaparecido desde hace
13 días cuando la Gendarmería repelió un corte en la ruta 40, a metros de un
predio ocupado por mapuches. Maldonado simpatizaba con esa causa.
Ese combate sellado a fuego es el que también hoy dispara
una espiral creciente de violencia. Coacciona e intimida. Y en su irracional
desenfreno -según dicen en las comarcas andinas-, deslegitima un reclamo
territorial que, formulado por otras vías, la Constitución y las leyes
argentinas consagran como un derecho de los pueblos indígenas.
En la Justicia se suman hoy más de 70 causas penales
vinculadas a la agrupación fundada por Huala, Resistencia Ancestral Mapuche
(RAM). Los delitos van desde privación ilegítima de la libertad y simulacro de
fusilamiento a incendios en puestos de estancia, plantaciones forestales,
refugios en parques nacionales como el Neumeyer y el Jakob, galpones y
maquinarias agrícolas de productores de frutillas, abigeato, sabotaje al
tendido eléctrico y hasta la destrucción de un emblema patagónico, como es la
legendaria Trochita. Desde hace dos años, el tren a vapor debió reducir de 402
a 25 kilómetros su histórico recorrido por la obstrucción y el corte de sus
vías.
"Además de incendiar la estación Bruno Thomae, RAM nos
impide atravesar su territorio -cuenta Yanina Sanpedro, coordinadora de Turismo
de El Maitén-. Y nosotros no nos arriesgamos a pasar con pasajeros y menos con
turistas extranjeros. Es doloroso porque esa locomotora a vapor de 1922 es el
orgullo del pueblo y una fuente de ingresos por los servicios de charter, que
antes por US$ 10.000 eran contratados por extranjeros para unir en dos días
Esquel con nuestro pueblo."
En esa localidad recuerdan otro antecedente incendiario por
el que aún lloran los montañistas: la destrucción de un flamante refugio donado
al Club Andino El Maitén sobre las nevadas cumbres del Cerro Azul. "Era
nuestra vía de escape en una naturaleza sublime, por su sobrecogedora
panorámica. Al mes de ser inaugurado RAM lo desmanteló; luego lo redujo a
cenizas porque para llegar hasta allí se invadía territorio mapuche",
contó Sanpedro.
Los más de 70 focos incendiarios diseminados entre Chubut,
Neuquén y Río Negro -eje del wallmapu (el territorio ancestral mapuche)-
apuntan sin medias tintas contra "intereses capitalistas, imperialistas y
oligárquicos", aunque las mayores víctimas son puesteros de su misma
etnia. Desde 2013, los ataques sorpresivos, en áreas inhóspitas y de madrugada,
casi imposibles de prevenir en la inmensidad patagónica, han sido públicamente
reivindicados por RAM y por el Movimiento Autónomo del PuelMapu (MAP). Uno y
otro invocan una representatividad que gran parte de su propia etnia cuestiona
y en muy duros términos.
Las comunidades mapuches de Cushamen, por ejemplo,
describieron su accionar como actos terroristas. El lonko Raducindo Calfupan
exigió el regreso de la Gendarmería a El Maitén para garantizar la paz social y
la integridad de personas y bienes.
En la Argentina hay 205.009 mapuches. "Sólo un núcleo
aislado de individuos aspiran a instalar por la fuerza una nación mapuche como
propone Huala", explicó el aparcero Camilo Nahuelquir. "Pedimos a la
gente y a los medios que no asocien a todos con esa violencia", indicó.
El werken (vocero) Antonio Fermín fue aún más categórico:
"RAM hace terrorismo y nos denigra porque somos un pueblo pacífico, que
jamás dañará a otro hermano mapuche".
La lectura de un informe sobre el grupo, elaborado por el
Ministerio de Seguridad, grafica la saña con la que RAM somete a sus pares,
como le sucedió a Nicanor Rayel, por ser empleado del grupo Benetton, enemigo
declarado de RAM. Frente a su esposa y sus tres hijos, lo sacaron del rancho en
medio de la noche, lo conminaron a permanecer dos horas en las gélidas aguas
del río Chubut, mientras lo amenazaban de muerte y le disparaban cerca en el
agua para que entregara dinero y armas. Luego, le quemaron el puesto.
"El hombre quedó tan traumado, que no logró reponerse
psicológicamente", dijo Vivian Huges, administrador de una de las
estancias de Compañía Tierras del Sud Argentino (CTSA), el holding de los
italianos que concentra cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia. Fueron
adquiridas a la S.A. Paz y Ochoa en 1991, luego de que un consorcio inglés
intentara licuar sus activos en 1982.
El Pu Lof de Resistencia -las 1300 hectáreas usurpadas a
CTSA en 2015 de la estancia Leleque por 15 encapuchados- se erigió en un
objetivo estratégico por parte de quienes reivindican con armas su pertenencia
ancestral a un territorio arrebatado por el huinca.
Reclamos
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| Las ruinas de la estación Bruno Thomae de la Trochita, que fue incendiada intencionalmente. Foto: Santiago Hafford |
"Estamos dispuestos a dar la vida para liberarnos del
Estado que nos aniquiló como pueblo, nos capturó como esclavos, nos sobornó con
alcohol y baratijas y nos explotó pagándonos con vales o nos empleó en
estancias por un plato de comida. Es el mismo Estado que nos impuso la
nacionalidad argentina, cuando siempre fuimos una nación mapuche; el que
confinó a las ciudades, expulsándonos de nuestro territorio, para seguir
explotándonos hoy como mano de obra esclava. Es también el que hoy no reconoce
nuestros derechos como pueblos originarios."
Así hablan hombres y mujeres de entre 20 y 30 años, en la
tierra que ocupan, que es también el escenario de donde el 1° pasado
desapareció Santiago Maldonado. Ellos (cinco en total) lucen encapuchados. Lo
atribuyen a una persecución judicial y policial en Chubut desde que anunciaron
su liberación para expresarse como pueblo mapuche. Los acompañan mujeres, niños
y jóvenes de distintas partes del país, que apoyan su causa. En la Justicia
sospechan que el predio guarece a miembros de RAM. Ellos lo niegan. Aunque allí
precisamente fijó residencia Jones Huala y de allí también se secuestraron en
dos allanamientos armas y combustible. El día del operativo la Gendarmería
incautó manuales para hacer la guerra, herramientas de labranza y cuchillos, y
también folletos que los ocupantes entregaban a los vehículos en los cortes de
media calzada sobre la ruta 40, exigiendo la liberación de Huala.
Su discurso no es beligerante. Por el contrario, es cordial
y explicativo y se extiende durante muchas horas hasta caer la noche cerca de
un fogón. Es entonces cuando otros jóvenes encapuchados irrumpen desde la
estepa y se suman al diálogo. Dicen que muchos en esa comunidad se criaron en
Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Río Gallegos, Puerto Santa Cruz y
Bariloche, en hogares donde las madres limpiaban baños y los padres subsistían
con trabajos precarios. Crecieron escuchando de sus abuelos historias
lacerantes: "Durante la Conquista a las mujeres les cortaban los pechos
para que no amamantaran y a sus hijos más grandes los enviaban al Norte como
servidumbre", contaron. Les han repetido que los mapuches son vagos y
feroces piqueteros. Que provienen del otro lado de la Cordillera y no son un
pueblo originario; invasores que en su expansión trasandina exterminaron al
tehuelche. Aunque ese punto es sumamente polémico para la antropología moderna.
Mientras un antropólogo legendario como el ya fallecido Rodolfo Casamiquela
ubica al mapuche en la Araucanía y en el país a partir de 1822, otros afirman
que su territorio de poblamiento en la Patagonia data de 10.000 años cuando no
existían los Estados nacionales. Además, hubo hibridación y sincronismo
cultural entre tehuelches y mapuches, explican.
"Hablar de un mapuche chileno y de un tehuelche
argentino es una aberración científica. Tiene la finalidad de desoír los
reclamos territoriales de los pueblos nativos para proteger a los
terratenientes extranjeros", dijo una investigadora del Conicet que
prefirió no ser identificada.
Apoyados en su causa por organizaciones sociales y de derechos
humanos, según admitieron los miembros de la toma, la visión política de
izquierda revolucionaria se mezcla con conceptos de sustentabilidad ambiental
basados en una cosmovisión sacra del suelo y de los recursos naturales.
En su proyecto territorial para crear la Nación Mapuche, que
intuyen les insumirá años, no permitirán la extracción de oro ni plata, la
explotación forestal, ni la presencia de aserraderos, papeleras, gasoductos, ni
hidroeléctricas, como tampoco la actividad petrolera. Son todas esas
actividades las que pretenden impedir que CTSA desarrolle en "su
territorio recuperado". En su ideario las tierras son exclusivas para el
pastoreo, los ranchos de madera, la siembra variada de trigo, papas y habas,
árboles frutales, yuyos medicinales y huertas orgánicas y comunitarias.
"El mapuche, hombre de la tierra, se funde en un solo ser con el
territorio. Ése es el concepto de su espiritualidad, donde los ríos, los
árboles y los coirones tienen su espíritu", dicen mezclando palabras en
mapudungun (el habla de la tierra). Afirman que no consumen alcohol ni drogas.
No repetirán las perdiciones que corrompieron a ancestros, endeudándolos en los
mercados de ramos generales.
Señalan que el huinca (también se traduce como ladrón)
siempre se aprovechó del mapuche analfabeto, engañándolo y obligándolo a firmar
papeles de cesión de tierras cuando el lonko Miguel Niacuche Nahuelquier
negoció con Roca la posesión de 625.000 hectáreas para 100 familias en la
comunidad de Cushmen. "Así los sometieron sobornándolos. Son los mismos
que hoy defienden los intereses de los terratenientes", indican.
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Marta Ranquehue hace años se instaló con otras 14 familias en un predio del Ejército, en Bariloche. Foto: Santiago Hafford
"Mi hijo tiene seis años y sé que tarde o temprano
terminará judicializado", dice una mujer mapuche que pareciera ejercer
algún tipo de liderazgo en el grupo. "No es lo que desearía pero es un
costo que estoy dispuesta a pagar si eso sirve para liberarnos como
pueblo".
Todos minimizan las acciones de RAM. "Qué importancia
tiene un poco de fuego cuando lo que se ataca es la infraestructura de los
Benetton y de los Lewis, que cercan los campos, nos impiden el acceso al agua y
contaminan el suelo con cateos mineros y proyectos hidroeléctricos."
El 13 marzo de 2015 cuando se tomó el predio, esa comunidad
emitió el siguiente comunicado: "Ante la situación de pobreza de nuestras
comunidades, sin tierra donde poder subsistir dignamente, y ante la falta de
agua y la desertificación prolongada, el acorralamiento forzado hacia tierras
improductivas y el despojo que se viene realizando desde hace 130 años por
parte del Estado y grandes terratenientes, reivindicamos la recuperación de
nuestro suelo.
Jimena Psathakis, presidenta del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI), uno de los organismos del Estado que les facilita a
los pueblos indígenas el acceso a la propiedad de tierras, indicó que esa
comunidad "rechazó todo ofrecimiento para tramitar su personería jurídica
y que se realice -como impone la ley- el relevamiento territorial del lugar que
ocupan ya que desconocen al Estado argentino como un interlocutor válido".
Y agregó: "Mantienen una actitud intransigente en cuanto al estado de
ocupación de las tierras en conflicto y exigen la devolución de las mismas.
Concurrimos en enero para encausar el conflicto en una nueva mesa de diálogo,
pero en primera instancia nos fue denegado el ingreso por decisión de la
comunidad. En otro intento nos lo permitieron, pero recibieron a las
autoridades del INAI con los rostros encapuchados y portando armas
blancas".
A diferencia de lo que sucede allí, en el resto de Chubut,
Río Negro y Neuquén, según pudo comprobar la nacion, existen decenas de tomas o
recuperaciones de predios, pero sin violencia ni armas. No todos convalidan los
métodos violentos. También existe mucho asesoramiento legal sobre los derechos
que los asisten por parte de abogados especializados, que se quejan de que los
Tribunales y los Estados provinciales desoyen sistemáticamente estos reclamos.
Gumersindo Montiel, un pequeño productor de hacienda lanar
en Colanco Hue, en Río Negro, sufrió una usurpación de sus tierras. "Un día
se me metió una mujer mapuche en el galpón. Al tiempo vinieron más, ya que
deben justificar la ocupación comunitaria, pero no resistieron porque las
condiciones de vida allí son extremas. Luego vino otro, que denunció que lo
había amenazado de muerte. Ni el gobierno ni la Justicia actúan. Yo ya bajé los
brazos", se resigna.
La legislación argentina, mediante el art. 75, inc. 17 de la
Constitución Nacional y la ley 24.071 que incorpora el convenio 169 suscripto
con la OIT en Ginebra, amparan ampliamente el reclamo de tierras de comunidades
indígenas. "Allí se reconoce su preexistencia étnica y cultural como
pueblos originarios -apunta Psathakis-. Como sujetos de derecho, los mapuches
están habilitados para reclamar territorio, siempre que ese reclamo sea viable
en términos del cumplimiento de la ley 26.160, que fija los términos del
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y del reconocimiento de los
Estados provinciales y Nacional cuando se trate de tierras fiscales."
"Todavía hay mucha xenofobia y discriminación contra
nuestro pueblo. Pero lo que es peor, hay un desconocimiento de las leyes que
apunta a negarnos nuestros derechos", dice la werken (vocera) Marta
Ranquehue, del Lof (comunidad) Millalonco Ranquehue, en Bariloche. Hace años se
instaló con otras 14 familias en un predio del Ejército, en el camino al cerro
Catedral, donde formaron una comunidad que se autoabastece para todos sus
requerimientos de subsistencia. Desde entonces, enfrentó varios desalojos, con
la destrucción de los hogares, volvió a empezar y hoy sigue combatiendo en los
tribunales para que no la desalojen.
Revisionismo
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"El problema es haber construido una historia de la
Conquista sobre la mentira, que acallaron las grandes matanzas y los excesos de
todo tipo. Y esconder que antes de la independencia, España firmó dos tratados
con lonkos mapuches donde se reconocía la existencia del Pueblo-Nación Mapuche,
instalado desde Azul hasta el sur de la Patagonia", dijo aunque no pudo
precisar fechas o el nombre de los tratados.
Pero ese punto sirve para ilustrar la revisión histórica
que, ayudados por especialistas, las comunidades encaran para exigir una
reparación histórica y así formar una nación mapuche que no necesariamente le
dispute el ejercicio de poder al Estado, sino que les reconozca su
territorialidad y su autodeterminación para vivir de acuerdo a sus creencias,
explica Ranquehue.
"Cuesta entenderlo pero el mapuche pertenece al
territorio y no el territorio al mapuche. Soy argentina, pero no por opción
sino por obligación", dice al lado de dos elementos que resumen el
sincretismo cultural: un ejemplar de Rayuela juega con dos grandes madejas de
lana, cuyo proceso integral ella misma realiza desde el vellón, desarmando las
matas hasta formar el hilo.
Al principio parece no animarse, pero luego reconoce en
Jones Huala a su lonko y afirma que no le constan los delitos que le atribuyen.
Preso en Esquel por un pedido de extradición, Chile acusa a
Huala, de 31 años, de incendiar un latifundio, agredir a dos carabineros y profugarse.
Nacido en Bariloche, quienes lo conocen lo describen como un líder nato, lector
voraz, díscolo, politizado desde chico por influencia materna. Cumplió un rol
"patriarcal" para sus dos hermanos menores y ya de adolescente había
definido su ideario político de lucha y reivindicación indígena, apoyando
también a los movimientos populares "de los pueblos pobres de la Argentina
y Chile" y al partido Patria Libre.
Ramón tiene 65 años, creció como mapuche en una Patagonia
sin alambrados cerca de Epuyén. Desde los 6 años cada vez que entraba en un
comercio para ofrecer a la venta cueros de liebre que el mismo cazaba, según
cuenta, recibía el mismo trato: "¿Qué querés, indio de mierda?".
Trabajó en un gasoducto, en construcción de caminos, curtiembres, como soldador
y en un frigorífico. Cambiaba de trabajo porque sus rasgos indígenas -dice- le
impedían cualquier ascenso. "Ya soy viejo, pero mi vida fue eso",
señala. Un recuerdo lo persigue: celebraban un final de año con sus compañeros
de trabajo y él se ofreció a preparar una larga mesa comunitaria. Al momento de
ubicarse en los asientos, un compañero le dijo: "Indio, no pensarás
sentarte acá. Te podés quedar, pero en otra mesa". Cerca de los 50 años,
regresó al campo con su mujer mapuche y se asentó en un predio donde cría
gallinas y ovejas. Nunca pudo acceder al terreno propio y todavía lucha contra
los desalojos.
Basta conversar con locales en un bar de Bariloche para
aceptar que la discriminación al mapuche es moneda corriente. "Jones Huala
es lo mismo que la mayoría del pueblo mapuche: cambian continuamente de trabajo
porque no les gusta trabajar. Y cuando los tomás, después te hacen un juicio
laboral", comentaban en un bar céntrico, donde el conflicto mapuche
desplazó el interés por las elecciones. "Seguro que a Maldonado lo tienen
escondido esos salvajes mapuches del RAM", se escuchó otro comentario.
Sanpredo lo resumió así: "Muchos de sus reclamos son
justos, pero es la vía de acción violenta lo que los torna inaceptables.
Ganarían mucho más, ya que las leyes los amparan estableciendo una verdadera
mesa de diálogo. Y es necesario que se produzca, porque nadie quiere vivir con
el terror fuera de su casa".
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| El productor de frutillas Luis Loncon sufrió el incendio de un galpón y de maquinaria. Foto: Santiago Hafford |
Quemaron una bandera argentina
*Las tensiones entre manifestantes y el Escuadrón 35 de
Gendarmería Nacional que reclamaban por la aparición de Santiago Maldonado
sumaron dos jornadas consecutivas de mucha tensión. Ayer, unos 300
manifestantes que marcharon por el centro de El Bolsón hasta la sede de ese
Escuadrón pintaron con aerosol rojo las placas recordatorias a seis gendarmes
caídos en Malvinas y quemaron una bandera argentina, lo que acentuó el malestar
de esa fuerza que niega haber detenido a Maldonado.
*Al grito de
"gendarmes asesinos" y de "Estado represor" otros
manifestantes arriaron del mástil la bandera argentina, que pertenece a la
Gendarmería, la agujerearon, la pintaron con el lema "gendarmes
asesinos" y luego la quemaron entre vítores.
*Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tres
testigos afirman que, en medio del desalojo, la Gendarmería disparó balas de
goma y de plomo, que los manifestantes corrieron hacia un río y todos menos
Maldonado pudieron cruzar. Y en ese momento, afirman, a él lo subieron a una
camioneta blanca de esa fuerza. Esas tres personas finalmente declararon ayer
como testigos en la Justicia. Según pudo saber la nacion, los testigos se
mostraron con miedo y pidieron garantías. La primera en declarar ante los
representantes de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) fue una
mujer que situó a Maldonado en la estancia Leleque en el momento del desalojo.
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