Editor Responsable: Angel Daniel Morales AndaMorales55@gmail.com

EL BOLSÓN: IMPUTARON A UNA MUJER POR LESIONES GRAVES A UN HOMBRE EN UN CONFLICTO FAMILIAR

 Policiales

HECHO OCURRIÓ EN LOMA DEL MEDIO EL AÑO PASADO


(L42) El Bolsón 14/10/2020.-  En la mañana de hoy, miércoles 14/10, mediante la plataforma zoom se formularon cargos a una mujer por un hecho ocurrido en mayo del año pasado, en un terreno ubicado en Loma del Medio de esta localidad. 


Según el fiscal de la Unidad Descentralizada a raíz de un altercado familiar, situación que aprovechó la imputada cuando uno de los menores que intervinieron en el conflicto se encontraba en ese momento desarmado, ayudando a su hermano aprovechó ese momento para golpear con un palo en la cabeza a la víctima. 


El hombre quedó convulsionando en el lugar y producto de ese accionar la acusada le ocasionó lesiones graves, dejando constancia que estuvo en riesgo la vida de la víctima.


Describió el fiscal la evidencia que sustenta la acusación como el acta de procedimiento policial realizado por personal de la Comisaría 12da, certificados Médicos, declaraciones testimoniales, informe Médico del Hospital de El Bolsón y del Cuerpo Médico Forense, entre otros


Adhirió al planteo de la fiscalía, el abogado por la querella, presente en la audiencia. 


La mujer fue asistida por un defensor particular quien no rechazó la formulación de cargos ni el plazo requerido. 


El Juez de Garantías Subrogante tuvo por formulados los cargos ante la falta de controversia por los delitos de lesiones graves atento a los artículos 90 y 45 del Código Penal y otorgó a las partes cuatro meses para llevar adelante la investigación. 










RIO NEGRO: LA DEFENSA PÚBLICA GARANTIZA LA GRATUIDAD EN LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN

 Coronavirus

EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS


(L42) El Bolsón 14/10/2020.- A través de un criterio adoptado por el Ministerio Público de la Defensa, la provincia de Río Negro se constituye como una de las únicas del país en las que los procesos de adopción son gratuitos para aquellas personas que soliciten el patrocinio de la Defensa Pública. Este criterio se sustenta en el interés superior del niño y de la niña, los principales beneficiarios de este tipo de procesos que, como tales, carecen de contenido patrimonial.


Si bien la determinación se toma luego de realizar un exhaustivo análisis de cada uno de los casos que llegan hasta la sede de las Defensorías de toda la provincias, se busca la máxima amplitud de criterio en cuanto a la admisión. 


De esta forma, en los procesos de admisión, se otorga el beneficio de litigar sin gastos para quienes requieran el patrocinio de defensores oficiales.


El Defensor General de Río Negro, Ariel Alice explicó que, a partir de diversas consultas, se determinó que “si bien a la hora de evaluar la admisión deben ser consideradas las pautas económicas, se torna necesario ponderar en los casos que requieren la intervención del servicio público, el interés superior del niño/a, en cualquier situación en que se vean involucrados”.


“Hemos considerado en este sentido que el juicio de adopción procura especialmente brindarle un hogar a los niños o niñas que no pueden tenerlo con sus familias de origen. Por ello, y si bien siempre se realiza una evaluación de cada caso particular, el Ministerio Público ha determinado no restringir la admisibilidad para acceder a la defensa pública considerando únicamente la pauta económica de los posibles adoptantes”, destacó.


Agregó además que, aún si se evaluara el proceso desde el lugar de los adoptantes, debe considerarse “el costo que la integración familiar traerá aparejado y aquellos posibles gastos de asistencia letrada privada que bien podrían destinarse a solventar los costos que implica ampliar un grupo familiar”.


Esta determinación además, contribuye a la sustanciación de procedimientos legales de adopción, desalentando cualquier práctica al margen de la ley.


El tema fue abordado en el “Congreso Nacional Interdisciplinario sobre Adopciones” organizado por la Escuela de Capacitación Judicial y desarrollado entre el 6 y 8 de octubre pasado. Allí se puso de manifiesto la importancia de que el Estado sea garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a acceder a una familia procurando el acceso gratuito al proceso y el otorgamiento de licencias durante el proceso de guarda y vinculación, entre otros aspectos a tener en cuenta.






RÍO NEGRO: EL STJ RATIFICÓ ABSOLUCIÓN DEL CONDUCTOR QUE ATROPELLÓ Y MATÓ A UNA NIÑA EN SAN A. OESTE

Pandemia

INDIGNACIÓN A NIVEL NACIONAL DE LAS ASOCIACIONES POR LA VIDA


(L42) El Bolsón 14/10/2020.-  El hecho estremeció a la sociedad rionegrina en noviembre de 2015 cuando Ilcen Aime Pil Tolosa, de tan solo 5 años, fue atropellada por un vehículo. El hombre, que se escapó y escondió su automóvil tras la tragedia, había sido condenado. Luego el STJ de Río Negro revocó el fallo y lo absolvió.  

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro desestimó, por mayoría, un recurso extraordinario federal que planteó el fiscal General Fabricio Brogna, contra la absolución de Fernando Daniel Schmid, quien había sido hallado culpable de haber atropellado y matado a Ilcen Aime Pil Tolosa, de tan solo 5 años, hecho ocurrido en noviembre 2015 en San Antonio Oeste.


El hecho provocó una gran conmoción en la localidad ya que, tras la tragedia, el conductor escapó del lugar y ocultó el auto en su casa.

En abril de 2019 la jueza Daniela Zágari lo condenó a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para conducir vehículos por 10 años, por “homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria de un automotor”.


Sin embargo, en noviembre de ese mismo año el STJ resolvió en casación revocar la sentencia, también por mayoría, y absolvió al hombre.


Contra esa decisión Brogna, con la adhesión del abogado querellante Néstor Torres, con el acompañamiento de Gustavo Arbues (asesor legal del municipio de San Antonio) presentó el recurso federal para que analice el caso la Corte Suprema de la Nación.


El Fiscal sostuvo en su planteo que el fallo absolutorio incurrió en arbitrariedad y que el tribunal “no analizó bien los planteos del Ministerio Público”, por lo que correspondía confirmar la condena de primera instancia.

También cuestionó “la interpretación de los hechos y de la conducta de Schmid” (posterior), y se opuso a la aplicación del “principio de confianza” en el que, en el caso de siniestros viales, los conductores “se fían del comportamiento de los demás actores”.

La defensa, representada por Manuel Maza y Luciano Perdriel, manifestó que no debía prosperar el pedido de la otra parte y que se debía confirmar la absolución.

Principio de confianza

El juez Sergio Barotto anticipó en su voto rector que la apelación no prosperaría por no cumplir un formalismo en la presentación, pero además porque “se limita a reeditar cuestionamientos que esgrimió en la instancia de la audiencia de debate de la casación”.


Recordó que, al resolver la absolución, los jueces basaron su razonamiento en el “principio de confianza” frente al “comportamiento diligente de la menor víctima, en tanto peatón”.


Es decir, le adjudicaron responsabilidad a la nena por haber cruzado la calle intempestivamente.


Sostuvieron, en ese sentido, que "al no ver anticipadamente a la niña a pesar de haber podido hacerlo, el imputado no violentó ningún deber de cuidado que tuviera relación con lo ocurrido…”, y que “aún de haberla advertido, no había razón para exigirle que tomara ninguna conducta precautoria adicional a la ya evidenciada, al conducir dentro de la velocidad reglamentaria para zonas urbanas".


Los jueces Ricardo Acparian y Adriana Zaratiegui acompañaron la postura de Barotto.


Mientras que Enrique Mansilla votó en disidencia. Lo fundamentó en que las faltas formales de la presentación eran salvables, y que “no se abordaron correctamente todos los planteos de la Fiscalía”.


Consideró asimismo erróneo “el razonamiento que mantiene el principio de confianza respecto de una niña pequeña”, y subrayó “la falta de ponderación de la conducta de Schmid posterior al accidente”.

Ahora la fiscalía o la querella tienen la opción de elevar un recurso de queja a la Corte.

Gentileza Mapuchito Noticias




“OTRA VEZ IMPUNIDAD”


En una carta, las ONG´s del país, acompañan el dolor de los padres y  solicitan que la “Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga” en el caso.

Foto: Gentileza Río Negro

“Acompañamos la lucha de Jorge y María del Carmen por el fallecimiento evitable de su hija Ilicen Pil de 5 años de edad el día 23 de noviembre de 2015, que fue embestida por un automotor conducido por Fernando Daniel Schmid, cuya causa tras tramitar en ambas instancias de sede penal en la Provincia de Rio Negro, el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro en fecha 29 de octubre de 2019 decidió la absolución del responsable de la muerte de la menor

Que tras el rechazo del recurso Extraordinario interpuesto por la fiscalía general de la Provincia de Rio Negro por parte del Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, se interpuso recurso de queja contra la sentencia que deniega el recurso Extraordinario Federal. 

Abrazamos la causa y solicitamos se admita el referido recurso de queja y, de esta manera, que la causa sea tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Estos casos no deben quedar impunes, ayer fue Ilicen, mañana puede ser cualquier otro hijo, hermano, padre, madre, amigo de cualquiera de nosotros, como sociedad debemos estar unidos y luchar para que estos casos dejen de ser inadvertidos y resulten ejemplificadores, principalmente para evitar que imprudentes al volante sigan adoptando conductas inaceptables.

Desde nuestra Asociación, escoltamos el reclamo, solicitamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga, haga lugar al pedido recursivo y dicte sentencia conforme a derecho, otorgando el descanso y la paz que la familia necesita y la justicia que merece Ilicen". 

JUSTICIA ES LO ÚNICO QUE QUEREMOS, JUSTICIA POR ILICEN.
GRUPO J.E.N. El Bolsón


ADHIEREN:
Estrellas Amarillas Esquel Chubut. Grupo J.E.N. El Bolsón, Rio Negro. Grupo Justicia Comarca El Bolsón, Rio Negro. Edith Miller DNI 23638708, Viedma Rio Negro. Gladys Bizzozzero Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito.  Ushuaia. Tierra del Fuego. Ana María Marcos DNI 22255283. Puerto Deseado. Santa Cruz. Asociación Madres del Dolor Vicente López  Pcia Bs As.. Teresa Mellano, Red Nacional Familiares de Víctimas de Transito Vicente López  Pcia Bs As,  Asociación Civil  Carla Arduini para evitar hechos de Tránsito (Nacional) El Tercer Riel Mata Vicente López Pcia. Bs As. Asociación Civil Martin Gramajo de Santiago del Estero. Familiares de Víctimas de Transito y Malditas Picadas de San Martin, Pcia Bs. As. PAVICEI Salta  (Padres de Victimas de Conductores  Irresponsables) . Red FaVeViTra Pcia Bs As (Red de Familiares y Vecinos de Víctimas de Tránsito).Compromiso Vial Rosario. Santa Fe. Fundación Estrellas Amarillas de La Pampa. MAPALVI, Madres y Padres en Lucha por la Vida  Tigre Pcia. Bs. As. Estrellas Amarillas de Tigre Bs. As. Estrellas Amarillas La Matanza. Pcia  Bs. As. Asociación Conduciendo a Conciencia, CABA. Agrupación Familiares y Víctimas de Mala Praxis. Mar del Plata Buenos Aires Asociación Familiares de delito y transito  Red Cuidarte + Mar del Plata Pcia. Bs As.  Ana Torres Mercedes Buenos Aires Estrellas Amarillas de Mercedes. Raquel Battauz Recreo Santa Fe . Juan E Caldo Santa Fe Santa Fe Firmat, Cruzada Solidaria por la vida . Rodolfo López Estrellas Amarillas La Plata y Foro Social y Vecinal por la Seguridad y Bienestar en La Plata y zonas de influencia.   Patricia Barboza  y Alberto Gauna Formosa Fundación Unidos por el Dolor. Pablo Fernández Venado Tuerto Santa Fe .   Cristina Rubio Franco Beltrán Mar del Plata Buenos Aires. .Santiago Saccoccia Facundo Bahía Blanca Buenos Aires.  Juan C Iturbide Las Breñas Chaco Fabiana Marillan Neuquén Estrellas Amarillas de Neuquén  Susana Lazzaro Federico Lazaro AMBA Buenos Aires Justicia por Fede  Letterelli. Vanina Franco Sánchez Buenos Aires. Fundación Fraternidad Rosario  Santa Fe. Cruzada para evitar siniestros viales Rosario Santa Fe. Alejandra Acevedo Catamarca .FAVIATCA.  Estrellas Amarillas Catamarca. Familiares y víctimas de La Matanza Pcia. Bs As. Estrellas Amarillas Bragado Bs As Bragado Pcia. Bs. As. Andrea Raquel Carrizo Lugo L La Rioja Fundación Olor a Cielo La Rioja. Maria T Belver Balcarce Pcia. Bs. As. Estrellas Amarillas Juan Rodríguez.







CAUSA SOBRESUELDOS: LOS CONDENADOS CUESTIONAN A LA JUEZA COUSTET EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA POR MAL DESEMPEÑO

 Pandemia

ERA FUNCIONARIA DE GOBIERNO CUANDO EL PAGO DE LOS ADICIONALES SALARIALES


(L42 El Bolsón 05/10/2020.- Los seis condenados por la causa sobresueldos denunciaron a la jueza del Tribunal de Impugnación, Rita Coustet Llambi ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” ya que “conoció los hechos y participó de las altas estructuras de gobierno”, “no denunció su ilegalidad” y “ahora aparte lo juzga y condena en un acto de absoluta contradicción”.


El cuestionamiento se genera en su voto de mayoría del Superior Tribunal de Justicia que ratificó las condenas a los ex funcionarios. Coustet lo integró como jueza subrogante y, en el período de 2007 a 2009, fue directora de Legales del ministerio de Gobierno.


Los adicionales salariales -que generaron la causa de sobresueldos- se abonaron entre el 2004 al 2010. 


La denuncia ante el Consejo fue formalizada por los ex ministros Juan Accatino, Francisco Gonzalez, Diego Larreguy, Cesar Barbeito, Alfredo Pega, y por el ex el Tesorero José Ongaro, todos condenados por esos pagos irregulares que se cumplieron por fuera del esquema administrativo y repartidos en forma discrecional.


La presentación alude a la denuncia penal del ex funcionario Guillermo Vallori para luego avanzar que Coustet, como funcionaria en ese período, “obviamente tuvo conocimiento de la existencia de dicho adicional como también puede haberlo percibido” y no “obra en ningún expediente renuncia alguna a su percepción”.


Resalta que “es llamativo” que si bien “conoció los hechos y participo de las altas estructuras de gobierno, hoy pretenda solapadamente juzgar a los funcionarios que ejecutaron el decreto que creo el adicional”. Resalta que “en su momento la directora en pleno conocimiento del pago mensual de dicho emolumento no solo no atino a denunciar su ilegalidad, sino que aparte hoy lo juzga y condena en un acto de absoluta contradicción”.


Se destaca que “da la idea de la existencia de una doble moral de un mismo funcionario público. Una moral cuando es Directora de Asuntos legales de Gobierno – máxima autoridad jurídica del área – y otra moral cuando es jueza y recala en sus estrados la denuncia que intenta condenar a quienes fueron sus pares y compañeros de gestión”.


Por eso, los denunciantes entienden que Coustet “no ha tenido el decoro ni la honorabilidad que requiere el cargo de excusarse de fallar en la causa” y, además recuerda que “tuvo dependencia formal, del ministro que hoy condena”.


Luego, se insiste que “por su cargo, la función y los años en que se desempeñó como directora General resulta imposible” que Coustet LLambi “desconociera la existencia” del adicional cuestionado.  Por eso, se ratifica la denuncia por el “erróneo actuar de la letrada magistrada, su documentada participación del gobierno Provincial que creo y distribuyo los adicionales, su poco clara participación, su posible percepción del mismo, su dudosa e inexistente negativa a percibirlo y su falta grave de ética al no excusarse”.

Fuente: Río Negro







VILLA MASCARDI. FORMULAN CARGOS POR HECHO DE LESIONES LEVES Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

 Coronavirus

POLICÍA APEDREADO 



 (L42) El Bolsón 23/09/2020.- El Ministerio Público Fiscal de Bariloche formuló cargos a un hombre por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves, cometidos en contra de un empleado policial. Los hechos se produjeron en el mes de febrero de este año en inmediaciones de la Estación de Servicio YPF - ACA de Villa Mascardi.


Según la acusación, la víctima - junto a un compañero de trabajo- se movilizaba a bordo de un móvil policial cuando observaron a un hombre haciendo dedo en dirección a la zona céntrica de Bariloche. Cuando uno de los agentes le requirió la identificación, el acusado se negó a ser identificado e intentó alejarse del lugar a los gritos, insultándolos y grabando la situación con un teléfono celular.


Cuando el agente policial informa la situación y reconoce al acusado, éste toma del suelo una piedra y se la arroja, ocasionándole lesiones de carácter leve. Luego huye de la zona, escondiéndose entre los arbustos que se encuentran al borde de la ruta.


Como sustento probatorio, la Fiscalía mencionó las declaraciones testimoniales de la víctima y su compañero, quien presenció el hecho y fue el primero en asistir a la víctima. Ambas declaraciones coinciden con una tercera, brindada por el sereno de la estación de servicio. Se cuenta además con diversos elementos secuestrados y certificados médicos.


La audiencia se realizó en la mañana de hoy a través de la plataforma Zoom con la presencia de las partes.


El Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso el tiempo de cuatro meses para llevar adelante la investigación. La Defensa Pública no manifestó oposición a ninguno de esos aspectos.


Además, haciendo lugar al pedido de la Fiscalía, el magistrado impuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con los testigos y la víctima para garantizar el proceso; atendiendo el temor a sufrir represalias manifestado por quienes brindaron testimonio.


Agregó en este sentido que, en caso de no dar cumplimiento a esta medida y entorpecer el proceso de investigación, el Ministerio Público Fiscal puede solicitar una medida cautelar más gravosa.



RÍO NEGRO: EL STJ CONFIRMÓ CONDENAS A EX FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE SAIZ EN LA CAUSA POR SOBRESUELDOS

Coronavirus

TRES AÑOS Y MEDIO PARA BARBEITO Y GONZÁLEZ


(L42) El Bolsón 10/09/2020.- El Superior Tribunal de Justicia confirmó las condenas a ex funcionarios del gobierno de Miguel Saiz por el delito de peculado, en algunos casos como autores y en otros como partícipes necesarios.


Oportunamente habían sido sentenciados César Barbeito y Francisco González a 3 años y medio de prisión, y Cristina Liliana Uría, Juan Manuel Accatino, Alfredo Daniel Pega, Diego Rodolfo Larreguy, José Omar Contreras y José Eugenio Ongaro a dos años y medio en suspenso. Todos habían sido inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.


La acusación fiscal dio cuenta que los funcionarios autorizados cobraban en ventanilla una suma de dinero, que era sustraída de la esfera de control de la Administración, para luego distribuirla total o parcialmente entre cargos jerárquicos de cada área, de manera discrecional.


Al apelar ante el STJ, las defensas hicieron distintos planteos. En primer término, la nulidad de la elevación a juicio. Adujeron omisiones que “impidieron la adecuada defensa”.


Destacaron que no era correcta la tipificación de peculado, ya que “el dinero no quedó en manos de los imputados, sino que fue pagado a cada uno de los funcionarios, quienes recibieron y firmaron recibos”. Además, argumentaron que “no se pudo probar el dolo directo que exige el tipo penal”.


Asimismo, pusieron de relieve que los organismos de control internos y externos intervinieron en el chequeo de los gastos.

El fallo

El voto mayoritario consideró que “en todas las etapas del proceso el derecho de defensa fue cierto, real y ejercido activamente por los imputados y sus defensas técnicas, de modo tal que existieron y se utilizaron todas las garantías posibles y así el proceso se encuentra enmarcado dentro de las normativas que imponen los derechos y principios constitucionales”.


Los acusados “dejaron transcurrir el plazo legal que tenían para oponerse, al consentir la elevación a juicio en los términos que había sido requerida por el Ministerio Público Fiscal”, por lo que la etapa estaba precluida.


En otro orden, los jueces se remitieron al fallo del STJ de 2006 sobre los requisitos legales que deben reunirse para la configuración del delito de peculado: a) los bienes jurídicos afectados, b) el sujeto activo, c) el objeto material, d) la relación funcional entre el autor y los bienes, e) la acción típica, f) la consumación y g) el elemento subjetivo. “Según lo vemos, el tribunal de juicio aplicó de forma correcta esos conceptos a los hechos analizados”, dice el fallo.


En cuanto al procedimiento para el cobro de las sumas, “queda en claro que no existía ninguna norma que previera el pago del adicional para los funcionarios y, por lo tanto, el dinero en efectivo que cobraban los imputados era distribuido por estos discrecionalmente, sin ningún parámetro legal; también surge que sin registro oficial seleccionaban a sus destinatarios y les asignaban un guarismo de adicional”.


“Los imputados separaron y sustrajeron esos fondos de la esfera de custodia de la Administración y los pusieron bajo su control, para distribuirlos luego a los beneficiarios según su arbitrio”, dice la sentencia. “Esto configura una conducta ilícita y no es relevante en el tipo penal analizado determinar si ese dinero después fue gastado, repartido -de la manera que sea-, o no”, concluye.


“Los imputados y defensores también afirman que hubo controles externos del Tribunal de Cuentas y la Legislatura. En rigor, los controles externos no existieron respecto de los expedientes administrativos por los que aquí se juzga a los imputados. El Tribunal de Cuentas y la Legislatura aprobaron la ejecución del presupuesto y gastos globales, pero no se acreditó que tuvieran control sobre los referidos expedientes concretos”, agrega.


En cuanto al destino de los fondos, recalcaron: “si bien es cierto que una parte indeterminada del dinero cobrado en efectivo se utilizó con el destino declarado por los imputados, también lo es que, tal como surge del informe del Tribunal de Cuentas, no queda tan claro el destino de la totalidad de esos montos, o al menos de algunas porciones importantes del total”.


El fallo concuerda con la Cámara en cuanto que “resulta relevante” que el Ministerio de Hacienda rechazó el pago mediante cheques a su nombre y el Ministerio de Gobierno incorporó el “recaudo adicional de ratificar los recibos no oficiales ante una Escribana Pública, lo que es demostrativo de la fragilidad de la legalidad del sistema”.



La minoría

El voto minoritario propuso, en cambio, anular la sentencia impugnada, así como el tramo procedimental ocurrido desde la formalización del requerimiento de elevación a juicio, y reenviar el expediente para que un nuevo tribunal, con diferente integración, prosiga con el trámite.


Consideró que “las deficiencias referidas a la descripción de los hechos, cuya existencia la Cámara reconoció expresamente como las relativas a la calificación -que consideró subsanadas-, perjudicaron el derecho de defensa de los imputados”.


“La acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal no estuvo ni cerca de haber cumplido con los postulados de claridad, detalle y precisión con que debe construirse y presentarse en tal etapa procesal dicha actividad judicial”, afirmó.


Luego, marcó: “la Cámara en lo Criminal tuvo por probada la acusación donde se expresa que los pagos se efectuaban mediante una modalidad no autorizada. Sin embargo se ocupó de describir que mes a mes se presentaba en el banco una declaración jurada”, configurando una “contradicción”.


“El adicional en cuestión tenía sustento en diversas normas que no han sido cuestionadas en su constitucionalidad”, añade. “Se advierte así que la motivación del fallo luce insuficiente, en tanto no logra demostrar en forma clara de qué manera los hechos investigados” configuran el peculado.


“Tampoco se pudo probar el dolo. Se relataron en el juicio, una y otra vez, los distintos pasos y controles internos y externos que se realizaban, por lo que resulta razonable que los imputados no sospecharan que ese mecanismo pudiera ser contrario a normativa alguna”, sostiene la posición de la minoría.


Por otra parte, en este caso por unanimidad, el STJ declaró la prescripción de la acción penal respecto de Gustavo Adolfo Picchi y en consecuencia dispuso sobreseerlo. El contador, acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público, había sido multado.

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