Usurpación
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AHORA UN RECURSO DE CASACIÓN FRENÓ LA MEDIDA DEL JUEZ ZAPATA
(L42) El Bolsón 03/12/2020.- El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, ordenó que el próximo 28 de diciembre se proceda al desalojo de dos predios pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la reserva forestal andina de Loma del Medio, en El Bolsón, que fueron ocupados por un centenar de familias en agosto pasado, aunque un recurso de casación puso freno a la medida.
La resolución dictada el lunes pasado por el juez subrogante acató el fallo de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca que ordenaron el 19/11 restituir los dos predios al INTA y desalojar -con todos los recaudos necesarios- a las personas que usurpan en esas tierras.
Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, Mariano Roberto Lozano y Richar Gallego, revocaron la resolución que Zapata había dictado en septiembre pasado cuando había rechazado el pedido de desalojo peticionado entonces por la fiscal federal subrogante de Bariloche Sylvia Little.
A partir de las instrucciones del tribunal de Roca, Zapata ordenó que el allanamiento de los dos predios se haga el 28 de este mes para proceder a desalojar a las 130 familias que se encuentran en la toma y de esa forma “hacer cesar la comisión de los ilícitos que allí se estén cometiendo”.
De todos modos, el asesor de niñas, niños y adolescentes ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Roca, Eduardo Peralta, presentó un recurso de casación contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, que frena la medida que tendrá la difícil misión de desalojar a las 130 familias que se instalaron en la reserva forestal.
En consecuencia, la orden de Zapata todavía no se encuentra firme porque Peralta impugnó con la intención de que la Cámara Federal de Casación Penal revise el fallo del tribunal de Roca.
Argumentó que la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca “causa un gravamen irreparable o de difícil reparación ulterior al grupo vulnerable que represento”.
Zapata ordenó “allanar las construcciones - aun precarias- que pudieran hallarse en el lugar, y requisar los vehículos y personas que estuvieran allí, con el objeto de proceder al secuestro de elementos constitutivos de los ilícitos investigados y que permitan dilucidar la responsabilidad que podría caberle a cada sujeto -entre ellos herramientas, celulares, anotaciones, inscripciones, etc”.
También, dispuso “identificar a las personas que actualmente se encuentren ocupando ese sector, notificándolas” de que están imputadas por la comisión de los delitos de usurpación y que deberán designar defensor en el plazo de 5 días hábiles.
Autorizados a detener
“Se hace saber que la/s fuerza de seguridad que realice el allanamiento se encuentra facultada a detener a las personas que intenten impedir el cumplimiento de la medida dispuesta, debiendo en ese caso entablar comunicación inmediata con las autoridades competentes”, aclaró Zapata.
El juez encomendó “el diligenciamiento de la medida al director de Relación con el Poder Judicial dependiente de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, quien en el plazo legal deberá designar una fuerza de esa cartera con capacidad operativa suficiente para hacer un uso mínimo y racional de la fuerza pública”.
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